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Por: H. Ayllón / M. Tedesqui

Gabriela Zapata Montaño, la exnovia de Evo Morales, salió el lunes de la cárcel de Miraflores de La Paz y ahora radica en un departamento que compró hace diez años. Su vivienda está en un edificio de la zona norte de la ciudad de Cochabamba. El inmueble estuvo en “anticrético” hasta hace poco y en los últimos días fue frecuentado por una mujer y un adulto mayor. El Estado no recuperó ni un centavo de los negocios que hizo con la empresa china CAMC Engineering, de la cual Zapata fue gerente comercial.

Hasta ayer por la tarde ni el conserje ni los vecinos vieron a Zapata trasladarse al edificio. El 24 de noviembre, el juez cuarto de ejecución penal, Abraham Aguirre Romero, concedió la libertad condicional a la expareja de Morales. En el documento, al que accedió EL DEBER, se lee que la primera condición y regla que debe cumplir Zapata es que durante la vigencia del beneficio concedido hasta la libertad definitiva tiene prohibido cambiar el domicilio real señalado.

Esa residencia fue fijada en el Edificio Torre Viena No. 1719, esquina Julio Rodríguez Morales y calle Eleudoro Galindo, zona norte de la ciudad de Cochabamba.

Miguel Ríos, administrador de la empresa Canedo, que construyó el edificio hace 12 años, confirmó a este medio que la exreclusa adquirió el departamento en 2012. Zapata presentó para su respaldo el folio real del inmueble, lo que también lo confirma.

Se trata de un departamento de 60,6 metros cuadrados con escaleras y pasillo. El documento confirma el traspaso que fue realizado por Luis Fernando Canedo Samper, quien como vendedor lo registró con escritura pública 384 el 26 de octubre de 2011. Luego pasó la propiedad indefinida a Gabriela Zapata, se lee en el documento, el 2 de octubre de 2012.

Zapata, en su requerimiento de libertad condicional, señaló que es “madre de familia y tengo a mi hija a cargo, y cumplí más de la mitad de mi condena”. La custodia de la niña deberá realizarla, por lo tanto, en ese departamento de 60 metros cuadrados.

EL DEBER estuvo en el lugar y hasta ayer por la tarde nadie la vio por el inmueble. Se tocó el timbre del departamento del tercer piso, una vez a las 10:00 y otra pasada las 16:00 y nadie atendió.

El portero del edificio no quiso brindar ninguna información y se mostró muy quisquilloso con el equipo de prensa que visitó el lugar. El conserje señaló que no podía dar información y que de hacerlo podría costarle su trabajo.

Sin embargo, este medio pudo constatar que ese inmueble estuvo supuestamente en una especie de anticrético hasta hace pocos días. Un vecino, que pidió no ser identificado, señaló que tenía la información de que los anteriores ocupantes vivieron en el departamento sin costo alguno.

Estos inquilinos se retiraron hace algunos días y se pudo conocer que esta semana “hubo movimiento”. De hecho, se vio salir a una mujer, a la que los entrevistados no identificaron como Zapata ayer por la mañana y que alrededor de las 14:00 la misma volvió junto a un varón adulto mayor.

La construcción ya es antigua y otros vecinos señalaron que todos los departamentos están debidamente amoblados. Por eso es que no se percataron de que se hubiera realizado un traslado reciente.

Los vecinos consultados se mostraron muy reacios a brindar alguna información. Sin embargo, uno dijo que en el departamento no hay niños y que tampoco notó que hubiera llegado alguno.

La parte norte de Cochabamba es una zona residencial. Algunas casas del lugar están valuadas en más de un millón de dólares. En la misma zona, en el sector Alto Mirador, vive el padre de Zapata.

Caso CAMC

Hasta el momento no se recuperó ni un centavo del dinero que el Estado invirtió en las obras que fueron adjudicadas a la empresa china CAMC cuando Gabriela Zapata era su gerente comercial.

Desde 2013, y sin un título profesional, ella fue gerente comercial de la empresa asiática. Durante ese tiempo, esta firma se adjudicó cinco de siete contratos que la transnacional china suscribió con el Estado boliviano por un monto total de $us 566 millones.

De hecho, durante su estadía en la cárcel de Miraflores en La Paz, tuvo acceso a los medios para completar sus estudios en Derecho por vía virtual. Ese factor ayudó a que obtuviera su libertad bajo el beneficio de redención.

En mayo de 2016, durante la sexta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, se leyó el informe de conclusiones de la investigación de los contratos con la empresa CAMC. En uno de ellos, suscrito cuando Zapata era gerente de la firma, se hallaron irregularidades y se determinó remitir el informe de la contratación a la Contraloría y al Ministerio de Obras Públicas para determinar las responsabilidades que correspondan en el marco de sus competencias.

Se trata del contrato de construcción del tramo Montero-Santa Rosa-Río Yapacaní. La Contraloría debía investigar este caso. Sin embargo, reportes internos del Gobierno señalan que eso nunca ocurrió. Este medio intentó contactar al contralor Henry Ara, pero en su oficina señalaron que se encuentra en un viaje oficial a Colombia y que retornará al país la próxima semana. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas, que en este momento tiene como prioritaria la atención del conflicto con los trabajadores de Aasana, solicitó tiempo para revisar lo que hizo con el requerimiento de la Asamblea Legislativa en 2016.

Mientras, el senador Félix Ajpi, del Movimiento Al Socialismo (MAS), consideró que la salida de Zapata de la cárcel no es política. “Ella estaba sentenciada a diez años y por buen comportamiento y al cumplir las dos terceras partes de su sentencia pudo salir de prisión”, dijo y complementó que “lo único medio raro es que justamente cuando estaba terminando nuestra marcha por la democracia la sueltan a la señora. Eso ha despertado susceptibilidad en la opinión pública. Si el Órgano Judicial evaluó de manera responsable, la señora está en su derecho”.

El asambleísta acotó que respecto a los contratos “es necesario que la Contraloría y el Ministerio de Obras Públicas nos digan cuánto se ha avanzado en esas investigaciones. No conozco a fondo el tema, pero definitivamente debemos pedir los informes. Lo que falta es el resarcimiento civil, si es que efectivamente se ha realizado, porque ella fue declarada culpable. Eso es lo que debemos verificar”, solicitó.

Su colega de la alianza Creemos, Centa Rek, señaló que es la lógica de la impunidad que maneja el MAS con sus correligionarios. “Ninguno de ellos, con más de una decena de casos muy graves de corrupción, nadie ha devuelto un centavo”, lamentó.

La legisladora acotó que la Procuraduría, la Contraloría y el Gobierno investigaron el caso. Rek anunció que se pedirá informes para ampliar la indagación.


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