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Una nueva modalidad de ayuda al contrabando sale a la luz pública. William Paredes, fiscal de Aduanas, denunció que los funcionarios que cobran peajes en las carreteras hacia las fronteras del país son los que alertan a los contrabandistas de la presencia militar y los operativos que realiza el Control Operativo Estratégico (CEO).

“En las trancas, los funcionarios que dan boletas, son los que dan información a los contrabandistas de los operativos que realizan personales militares y del CEO. (Los que pasan información) son los que dan las boletas. Ellos les mandan fotos (a los contrabandistas) de que están saliendo operativos del CEO”, denunció Paredes.

El fiscal añadió que en los puestos de peaje se instalan también comunarios y menores de edad, que son también quienes sacan fotografías de los militares y las pasan a las mafias de contrabandistas como forma de alerta.

“Hay puntos donde los pobladores se oponen al ingreso del Control Operativo Estratégico e incluso usan niños que filman y alertan sobre la presencia de las autoridades”, remarcó Paredes.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) solicitó un informe a Vías Bolivia para conocer si hay funcionarios de peajes involucrados en este delito.

Paso por peajes

Los efectivos militares y del CEO pasan por los puntos de peaje con el fin de trasladarse a la frontera a realizar diversos operativos. Cuando estos equipos cruzan los peajes se alerta a los contrabandistas que los uniformados están rumbo a las zonas donde se realiza el contrabando.

En los pueblos cercanos a la frontera también hay comuneros que se instalan en la carretera y son quienes avisan a los contrabandistas que los militares pasaron por puntos diferentes.

“Los pobladores están asentados en la carretera y están con cámaras filmando la presencia de militares en la zona. No son todos los pobladores de un municipio, pero hay gente involucrada en este delito”, añadió Paredes.

Uno de los negocios más rentados para los contrabandistas es la venta de autopartes. Al municipio de Sabaya, en el departamento de Oruro, llegan vehículos de segunda mano, comprados en Chile, por algunas de las 112 rutas ilegales que fueron detectadas en la frontera con Bolivia.

En esa localidad, a 45 kilómetros de los límites entre los dos países, se desmantelan los carros y se acopia las autopartes que luego son comercializadas, principalmente, en la ciudad de El Alto, pero también llegan a los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. También son desarmados motorizados que fueron robados en el vecino país o aquellos que sufrieron la clonación de placas de control.

El negocio de autopartes es rentable y perdura desde hace muchos años. Un contrabandista adquiere el vehículo en Iquique en $us 1.500, luego lo introduce a Bolivia por rutas clandestinas invirtiendo no más de $us 200 por el recorrido y en Sabaya u otras poblaciones lo desmantela. Luego vende los repuestos y logra ganar hasta $us 4.000, cuatro veces más de lo que invirtió.


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