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Coincidencias. La investigación que desarrolló la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EEUU) y las pesquisas de la Fiscalía boliviana coinciden en varios hechos que sugieren la manera en la que el exministro Arturo Murillo y sus socios pudieron actuar para desactivar una compra directa de gases lacrimógenos y sustituirla con la operación en la que intervino Bravo Tactical Solutions (BTS), la empresa que cobró $us 5,2 millones al Estado boliviano para los pertrechos en favor de la Policía.

Por una parte, el informe del agente especial Jonathan Eades, de la oficina de Seguridad Nacional de EEUU, señala que Sergio Méndez, quien fue jefe de gabinete de Murillo en el Ministerio de Gobierno, estableció los contactos iniciales con BTS a partir del 16 de noviembre de 2019 con la idea de pactar un contrato para la provisión de insumos, pero a través de la intermediaria afincada en Estados Unidos y no directamente con el fabricante brasileño.

A través de uno de los correos electrónicos interceptados por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, Bryan Berkman —propietario de BTS— solicitó a Méndez una carta dirigida a un representante de la empresa brasileña Cóndor en Bolivia, fabricante de las municiones no letales, para hacerles saber que estaban “prohibidos de vender gas lacrimógeno al gobierno boliviano”.

“Este tipo (representante) le está diciendo a la gente (Compañía de Brasil) que aún tiene una entrada con el Gobierno para poder vender los gases. La única forma de asegurar el apoyo es enviarle una carta indicando que ha sido prohibida y que me envíen una copia para que pueda confirmarla con Cóndor. El problema es que este representante ha vendido una gran cantidad de gases en nombre de Cóndor durante los últimos tres años, por lo que obviamente están siendo muy cuidadosos en cuanto a cómo tratan de sacar adelante el asunto”, señala la carta de Berkman a Méndez, remitida con copia a Murillo.

El secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe, afirmó ayer que el exministro Murillo declaró sobre este caso en agosto de 2020, cuando estaba en funciones. Entonces, según señaló Edwin Quispe, “la exautoridad reconoció tener una relación de amistad de más de 30 años con Méndez”.

El 17 de noviembre, la ejecutiva de Cóndor Lucimara Costa Souza le informa a Luis Fernando López, entonces ministro de Defensa, que su empresa “no tiene representante legal en Bolivia” y de ese modo autoriza realizar las operaciones a BTS.

Esta información, extraída del proceso de contratación con el que la Fiscalía de Bolivia respalda su denuncia contra Murillo y López, se complementa con la copia de un contrato por Bs 2 millones firmado el 2 de octubre de 2019 —antes de las fallidas elecciones de ese año— entre José Begazo, quien era viceministro de Defensa y “Horacio Rafael Guzmán, representante legal de la empresa Cóndor (fabricante y proveedor), para la adquisición de Munición antimotín para el personal de las Fuerzas Armadas”, de acuerdo con el reporte al que accedió EL DEBER.

En esa misma investigación, realizada por el Ministerio Público de Bolivia, se incluye una invitación directa a Cóndor, fechada el 25 de noviembre de 2019, en la que el Ministerio de Gobierno expone que “por problemas logísticos y legales” la compra se ejecutará con el presupuesto del Ministerio de Defensa.

Al día siguiente, otra nota de esta misma entidad le dice a la fabricante de los gases lacrimógenos de Brasil que la compra no será directa sino a través de BTS, la empresa que pidió sacar del esquema al “competidor” que también fue identificado en las pesquisas realizadas en Estados Unidos a partir de intervenciones en comunicaciones telefónicas y digitales.

El secretario de la Fiscalía explicó ayer que también se tomaron declaraciones al exministro López, quien justificó la compra al amparo de decretos firmados durante la administración de la expresidenta Jeanine Áñez que comenzó el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Según la explicación que la exmandataria dio a la Fiscalía, los decretos 4090, 4116 y 4168, aprobados para que los gases lacrimógenos sean adquiridos por Bolivia a través de una operación en el exterior, fueron defendidos por ambos ministros, sin que exista “mala fe” por parte del gabinete en su conjunto. “Los decretos para la adquisición de gases no son delictivos, un gabinete no va a aprobar un decreto supremo ilegal. Como presidenta y el gabinete en su conjunto actuamos de buena fe, pero nunca para que estos recursos sean mal usados” señaló.

Áñez respaldó el sentido de urgencia en las adquisiciones.“La Policía no tenía equipamiento antidisturbios para auxiliar a la sociedad sumergida en una convulsión social y esta información fue de conocimiento de todo el gabinete de que no tenían material para defender a la sociedad”.

El 2019 fue un año marcado por las tensiones políticas y las elecciones en las que Evo Morales buscó ser reelegido a pesar de los resultados del referéndum de 2016. En abril y octubre, la Policía requirió de agentes químicos al Ministerio de Gobierno, según recordó el excomandante de la Policía Rodolfo Montero cuando compareció ante la Comisión Mixta que investigó este caso. “El tiempo de duración que tienen los agentes químicos es aproximadamente de cinco años”, precisó.

La compra de los gases fue autorizada con tres decretos: El 4090 del 3 de diciembre de 2019 que autorizó la compra de estos pertrechos. Luego se firmó el 4116 del 12 de diciembre de 2019 que autorizó la compra en el exterior y por invitación directa. Finalmente, está el decreto 4168 del 28 de febrero de 2020 que autorizó el desembolso de Bs 40.068.000, equivalente a $us 5,2 millones, para pagar esos insumos. Esa norma también validó el mecanismo para que el presupuesto del Ministerio de Defensa, empleado en la operación, pase al Ministerio de Gobierno que es la entidad que adquirió el material no letal en favor de la Policía.

De acuerdo con el reporte de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa “emitió una orden de compra con fecha del 17 de diciembre de 2019 y muestra que la empresa intermediaria compró el equipo requerido bajo el Contrato de Gas lacrimógeno de la Compañía de Brasil por aproximadamente $us 3,357,735, lo que dejó a la Compañía Intermediaria con aproximadamente $us 2,291,402”.

Proceso

El exministro Murillo fue detenido en Miami el 24 de mayo, dos días después de que Sergio Méndez fuera arrestado también en Estados Unidos, donde ambos estaban viviendo desde que concluyó el gobierno de Jeanine Áñez.

El 7 de junio, la defensa de Murillo, consiguió firmar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para postergar la audiencia en la que un juez debía conocer las acusaciones en su contra, recibir sobornos de una empresa local y conspirar para lavar dinero a través de transacciones electrónicas.

En ese sentido, el Tribunal del Distrito de Estados Unidos emitió una moción de consentimiento para postergar la audiencia hasta el 9 de julio, mientras que el gobierno boliviano optó por realizar un seguimiento al caso desde la Procuraduría del Estado.

“La estrategia nuestra es que no salga de prisión y vamos a pelear por esto ante los juzgados en los Estados Unidos”, declaró ayer Wilfredo Chávez en una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.

Por efecto de la negociación que aceptó Murillo, la Fiscalía de Estados Unidos puede acceder a nuevos elementos de convicción, pero al mismo tiempo favorecer al exministro con una fianza para que se defienda en libertad. En ese caso, según Chávez, Murilo tendrá “una tobillera” con la que las autoridades policiales estadounidenses podrán seguirlo.

Quispe, por su lado, señaló que enviarán una copia traducida al inglés del exhorto suplicatorio para requerir la extradición de Murillo. “Lo haremos a través de la embajada de EEUU”, añadió.

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