La tensión política y social en torno a la Ley 1720 escaló este jueves con un contundente pronunciamiento de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), que advirtió que Bolivia está ingresando en una peligrosa lógica de “ensayo y error” marcada por presiones, bloqueos y confrontación.
A través de un comunicado institucional difundido este 8 de mayo, la entidad empresarial afirmó que “el futuro no se negocia bajo presión” y alertó sobre los efectos políticos y económicos que genera la incertidumbre en torno a las reformas legales vinculadas a tierra y producción.
Cainco critica decisiones bajo presión
En el documento, Cainco sostiene que Bolivia “no puede continuar atrapada en una lógica donde el conflicto y la presión callejera terminan sustituyendo la discusión seria de las leyes”.
La institución considera “inadmisible” que el silencio de quienes producen e invierten sea desplazado por la presión de movilizaciones y bloqueos.
“Esa dinámica debilita la democracia, ahuyenta inversiones y erosiona la confianza en el país”, señala el comunicado.
El pronunciamiento surge en medio de las protestas de sectores campesinos e indígenas que exigen la abrogación de la Ley 1720, mientras organizaciones agropecuarias y empresariales defienden la norma y reclaman seguridad jurídica para la producción.
Piden debate técnico y consensos
Cainco insistió en que las reformas estructurales deben discutirse “con argumentos técnicos, económicos y jurídicos”, en espacios amplios de socialización y no bajo escenarios de confrontación.
La entidad también cuestionó que normas consideradas necesarias sean modificadas únicamente por temor a medidas de presión.
“Gobernar también significa explicar, defender las decisiones correctas y construir consensos sin capitular frente a intereses que buscan imponer la fuerza sobre la razón”, remarca el documento.
Advertencia a la Asamblea Legislativa
El comunicado apunta además a la Asamblea Legislativa y le exige abandonar la “parálisis política” para asumir debates estructurales vinculados al desarrollo económico del país.
Según Cainco, postergar decisiones clave implica costos directos para la inversión, el empleo y la competitividad nacional.
“La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de abandonar la parálisis política y asumir con seriedad los debates urgentes que Bolivia necesita”, afirma el pronunciamiento.
La entidad también alertó sobre el riesgo de “normalizar discursos o acciones que inciten a la desestabilización”, en una referencia indirecta a los sectores movilizados.
Impacto político y económico
La controversia por la Ley 1720 se ha convertido en el primer gran conflicto político-territorial que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
El Ejecutivo intenta abrir espacios de diálogo para evitar que la polarización derive en un nuevo ciclo de bloqueos y confrontación regional. Sin embargo, el conflicto ya comienza a impactar sobre la percepción de estabilidad institucional y seguridad jurídica, dos variables observadas de cerca por el sector privado.
Cainco cerró su comunicado reafirmando su apuesta por “una Bolivia fuerte, moderna y libre”, donde prevalezca el Estado de Derecho y la libertad de producir e invertir.
“Es momento de que las instituciones hablen más fuerte que las calles”, concluye el documento.