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Los detenidos, heridos y familiares de los fallecidos en el puente de Huayllani (Sacaba, Cochabamba), trataron de convencer a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no estaban armados y que no se dispararon entre ellos durante los sucesos de Sacaba, como lo afirmó el gobierno transitorio.

El 15 de noviembre de 2019, 10 civiles fallecieron y otros 120 resultaron heridos en el puente de Huayllani, Sacaba, cuando militares y policías impidieron el paso de decenas de cocaleros que marchaban hacia Cochabamba.

El exministro de Gobierno Arturo Murillo, en declaraciones realizadas antes de su salida de Bolivia, señaló que las fuerzas militares y policiales no utilizaron armas de fuego, solamente agentes químicos. Advirtió que la trayectoria de las balas fue opuesta a la ubicación de los uniformados, por lo que aseguró que fueron “balas amigas”, es decir, que los mismos afines a Evo Morales dispararon a matar contra los movilizados.

Indicó que la totalidad de los muertos fueron alcanzados por balas de escopeta, calibre 22, un armamento que no es utilizado por militares ni policías. También fallecieron con impactos de dinamita.

Además, justificó que la estrategia de las FFAA y de la Policía consistía en evitar que los dirigentes lleguen a Cochabamba, “donde hubiera sido inevitable un enfrentamiento con los ciudadanos que se movilizaron por el fraude de las elecciones de octubre de 2019”.

Ayer por la mañana, los integrantes del GIEI, escucharon en audiencia pública organizada en la sede de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, a los representantes de los detenidos, 85 heridos y familiares de los 10 muertos en Huayllani. En el acto, recibieron sus testimonios y recabaron pruebas de los hechos sangrientos.

“La Policía y los militares nos esperaron como para una guerra. Nosotros estábamos desarmados, solo portábamos nuestra wiphala. No es cierto que nos disparamos entre nosotros como dicen. Estábamos yendo en una marcha pacífica porque tenemos derecho a manifestarnos. Pero, para nosotros no hay justicia”, declaró Ambrosio Yucra ante el grupo de expertos. Yucra es uno de los heridos de la matanza de Huayllani.

En ese sentido, los testimonios apuntaron como los principales responsables “a policías, militares y a la dictadura”, como calificaron al gobierno de transición de Jeanine Áñez. “Lo que pasó en Sacaba y en Senkata no puede quedar impune”, señalaron.

De la misma manera, los participantes expresaron ante el GIEI su dolor, indignación y el pedido de justicia para las víctimas. Coincidieron en demostrar las condiciones humildes en que viven y que, desde hace un año, el costo para la recuperación de los heridos y los sepelios que se realizaron ha sido con recursos propios y los de sus organizaciones sindicales. No así del gobierno.

El Estado firmó un acuerdo con la CIDH para crear este grupo que tiene como responsabilidad ayudar, cooperar en las investigaciones, que la justicia boliviana realice, para intentar conocer qué es lo que pasó y a identificar a los responsables de los hechos ocurridos ente el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“Sabemos, de manera general lo que ocurrió en lo que llaman ‘los hechos de Sacaba’. Pero llegamos hasta aquí para escucharlos a ustedes. Es solo un primer acercamiento. Luego, vamos a pedirles tener entrevistas individuales para conocer cada caso y poder hacer nuestra tarea, que es investigar y hacer una serie de recomendaciones, en un informe para determinar lo que ocurrió y quiénes son los responsables, como para recomendar de qué manera se puede reparar el daño a cada una de las víctimas”, explicó Patricia Tappatá Valdez, una de las expertas.

Añadió que en los seis meses de indagación, los expertos esperan “encontrar respuestas para cada atropello que ustedes han padecido”, confesó.

Al final de la audiencia, los representantes de las víctimas entregaron documentación escrita como las pericias, autopsias, estudios de balística de cada una de las víctimas y de los procesos judiciales de los detenidos.

La GIEI terminó así la primera semana de la investigación que abarca los sucesos de Sacaba, Senkata, Montero y otros en La Paz y de Potosí. Los expertos señalaron que su investigación se centrará en buscar los testimonios de las “víctimas”, y aclaró que en sus conclusiones no determinarán si es que hubo fraude o no, hecho que fue el que desencadenó la violencia y derivó en la renuncia y salida del país de Evo Morales.

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