Comienza el cerco, Arce va a Cochabamba y le piden una cita previa en Santa Cruz

Sube la presión contra el paro en Santa Cruz. Organizaciones sociales afines al MAS comenzaron a cercar la capital con un bloqueo en la ruta que une la capital con los valles, pero se prevén más cortes en el curso de próximas horas. 

Sucedió ayer, poco antes del anuncio que hizo el presidente Luis Arce de llevar adelante un “encuentro plurinacional” que tendrá lugar este viernes 28 de octubre en Cochabamba, donde se definirá la fecha del próximo censo. Todo esto en el contexto de un conflicto que estalló hace tres meses cuando se postergó esa encuesta nacional hasta 2024.

Ante ese anuncio y desde el Comité Interinstitucional enviaron una carta con el rótulo de “urgente” para que el presidente Luis Arce llegue a Santa Cruz y se pueda sostener una reunión “previa” a la “cumbre” que fue convocada para Cochabamba. 

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, presentó la iniciativa a nombre del Comité y exhortó al mandatario a aceptar la invitación. “Si hay voluntad política, deberíamos tener una reunión previa, porque en este momento la región que se está sacrificando es Santa Cruz a todos los bolivianos”, apuntó.

El rector dijo que el presidente está en la libertad de elegir el sitio y la hora para concretar la reunión. El Gobierno aún no respondió a la invitación cruceña.

Más temprano, Arce había señalado que el tema del censo no es de incumbencia de una sola gobernación. Fijó esa postura en una reunión con alcaldes del departamento de La Paz que se realizó ayer en la Casa del Pueblo. 

Sostuvo allí que el debate sobre la fecha de la encuesta nacional está en los medios de comunicación y que, por eso, se lanzó la convocatoria para que “todos juntos, con todas las instancias del país, podamos tomar una decisión definitiva” sobre la fecha. 

Arce sostuvo luego una reunión con los embajadores acreditados en el país para explicarles la postura del su Gobierno frente al censo. Naciones Unidas y la Unión Europea ya habían expresado su preocupación por el conflicto por el censo y la muerte de un ciudadano en Puerto Quijarro. En ese contexto, abogaron por un diálogo entre todos los involucrados.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recogió el martes la propuesta de hacer la “cumbre” tras una reunión con sectores afines al MAS. Lo hizo dos días después de la ruptura de las conversaciones con el Comité Interinstitucional que pide el censo para 2023 y que defiende el mandato del cabildo que se realizó el 30 de septiembre. 

El primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, dijo ayer ante una concentración a los pies del Cristo Redentor que “el mandato del Cabildo” se mantiene hasta lograr el censo en 2023. Cuestionó el cerco que comenzó ayer. Dijo que ese un “acto de terrorismo”. 

Por su lado el presidente de los cívicos, Rómulo Calvo, en un mensaje transmitido desde su casa, donde guarda detención domiciliaria, pidió al presidente “que gobierne para todos” y reiteró la invitación para “un diálogo frontal” para “consensuar un censo que es de prioridad nacional”.

Calvo anuncio el inició del quinto día de paro y convocó al resto de los departamentos a “plegarse a la lucha” para que la encuesta se realice el próximo año de manera que sus resultados se conozcan de manera oportuna antes de las elecciones generales de 2025. 

El plan que el 11 de octubre expuso el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Santa Cruz estableció la presentación de los resultados del censo en agosto de 2025 y los estudios especializados hasta finales de 2026. Con esas previsiones, la reasignación de escaños en el Legislativo quedaba para el 2030, es decir para el subsiguiente periodo constitucional.

El sábado, Prada pidió a los cívicos, al gobernador Luis Fernando Camacho y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, que demuestren técnicamente que el censo era posible en 2023. Ese día, Camacho dijo que la encuesta se postergó por dos años sin esos “criterios técnicos” que son reclamados por el Gobierno.

Ayer, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que si, al final de un análisis técnico “se establece que la fecha sea noviembre de 2023, que sea noviembre de 2023, pero si es enero o febrero de 2024, que así sea también”. Aclaró que la propuesta que hizo el Gobierno a Santa Cruz fue dejar “la fecha abierta” y una nueva norma. Eso sí, sin derogar el Decreto 4760 que fue el que postergó el censo para un día entre mayo y junio de 2024.

 La fecha original de la encuesta fue el 16 de noviembre de este año y fue establecida por Arce el 21 de julio de 2021 con el Decreto 4546.

Cuéllar pidió al Ejecutivo que reconozca los errores que se cometieron con esta convocatoria y recordó que con el decreto original se tramitaron los recursos para que se ejecute la encuesta. 

El Comité Interinstitucional aseguró que estaba abierto a dialogar con el Gobierno y solicitó la mediación de la Iglesia. En un primer momento, solicitó que la cumbre se realice en Santa Cruz. 

Alcón afirmó que el censo es una política nacional y argumentó que “se requiere tiempo para asegurar el traslado de autoridades”, cuando se le consultó la posibilidad de que se adelante para este miércoles la reunión con autoridades y representantes del país.

En ese contexto, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó ayer un ampliado “de emergencia” para las 10:00 de hoy. “No está bien lo que está aconteciendo, hay personas que se atribuyen a hablar en nombre del pueblo boliviano y eso no está bien”, afirmó el ejecutivo Juan Carlos Huarachi, quien reapareció luego de los conflictos con los mineros de Huanuni. Afirmó que participará de la reunión que fue convocada por el presidente Luis Arce.

El alcalde de Potosí, Jhonny Llaly también confirmó su participación en el evento, aunque ayer aun esperaba la invitación formal. Dijo que le “interesa mucho” el tema del censo porque implicará una mayor asignación de recursos para su municipio en función de los indicadores de población. 

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su interés en participar de la “cumbre” que anunció el presidente Arce, pero alentó el diálogo. “No es importante cuándo se hace el censo, en 2023 o 2024, sino cuando se conocen los resultados”, dijo.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, confirmó que hoy participará de una marcha con banderas blancas y recordó que propuso al presidente hacer “una cumbre nacional” por la fecha del censo.

Por su lado, Ponciano Colque Cruz, secretario general de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, confirmó que el cerco a Santa Cruz será más intenso desde hoy. La extrema medida se extenderá a otros puntos, según la convocatoria de las Comunidades Interculturales, divulgada ayer. 

“En una reunión con nuestra hermana ministra de la Presidencia (María Nela Prada), valorando el cabildo de los pueblos; hemos tenido buen avance y hemos pedido a nuestro presidente Lucho Arce a que convoque a los gobernadores y alcaldes para que se pueda dar una concretización de una fecha exacta en 2024 para que se haga el censo”, expresó Colque. 

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) emitió ayer un comunicado en el que denuncia “terrorismo de Estado hacia Santa Cruz”.

 Argumentó esta acusación en las amenazas de cercar el departamento cruceño: “¿De qué huyen los migrantes que vienen a Santa Cruz? ¿No se ha puesto a pensar que huyen de la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, el asedio y la dictadura en las calles de los mineros y los movimientos sociales?”, cuestionó el representante del Conade, Manuel Morales.

El rector de la Uagrm dijo que el cerco “pone en riesgo la dotación de alimentos no solo para la región, sino para el resto del país. Recordó que más del 70% de leche, huevos y carne que consume el país salen de tierras cruceñas”. Calvo consideró que el cerco puede constituirse en delitos “de lesa humanidad” y lamentó que “esa sea la respuesta del MAS”.

Mientras tanto, diputados del MAS pidieron al presidente que dicte un estado de sitio en Santa Cruz. La propuesta fue descartada por la viceministra Alcón, que garantizó el derecho a la protesta.