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La Defensoría del Pueblo confirmó la veracidad de la nota enviada, vía correo electrónico por Noemí M., quien admitió ser la novia del expresidente, Evo Morales. La entidad defensorial se puso en contacto con la joven, quien denuncia que ella y su familia desde el 6 de julio, "han sido víctimas de detenciones ilegales, amenazas, acoso, intimidación, persecución y maltrato por funcionarios policiales; también refiere que fue obligada a declarar en contra de su propia voluntad y que teme por su vida y la de su familia", señala el comunicado.

La defensoría sostuvo un contacto directo con la remitente que, a solicitud suya y a partir de la fecha, el caso se mantendrá en reserva y confidencialidad hasta que concluyan los actos de investigación defensorial, cuyos resultados serán dados a conocer oportunamente.

"Sin embargo, de lo señalado, se hace conocer que en fechas 7 y 12 de julio del presente año, la Defensoría del Pueblo recibió otras denuncias referidas a garantías judiciales y debido proceso, así como tratos crueles por efectivos policiales contra N.M.C. y sus dos hermanas, extremos que continúan siendo investigados conforme a normativa y procedimiento del Sistema de Servicio al Pueblo de esta institución, en el marco de lo que rige la tramitación de quejas. Lo señalado es de pleno conocimiento de la Policía Boliviana y el Ministerio Público como consecuencia de nuestra primera intervención defensorial", indica el informe.

El comunicado también señala que el Ministerio Público, al ser una entidad que ejerce la dirección funcional de la investigación, debe acogerse al principio de recolección y protección de pruebas adecuada, "toda vez que durante los últimos días se ha observado que la cadena de custodia de las supuestas evidencias de este caso, se ha visto vulnerada al ser difundidas en publicaciones, principalmente, de redes sociales, aspecto que puede generar la obstaculización en la debida investigación".

La Defensoría lamenta el uso de la imagen y la afectación a la privacidad de la joven "por parte de actores políticos, medios de comunicación y redes sociales que han incurrido en la vulneración de la dignidad, imagen e integridad sicológica de esta persona. A este efecto, es pertinente recordar a la opinión pública que las mujeres no son objetos, ni sujetos para resolver controversias proselitistas ni políticas; las mujeres son sujeto de derechos y el Estado tiene la obligación de respetar, garantizar y proteger esos derechos, más aún si se trata de una posible víctima de delito cuya protección, además, debe basarse en la prohibición de “no revictimización”", finaliza el comunicado.