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La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) advirtió ayer que el MAS pretende “salvar” a varios de sus correligionarios involucrados en los juicios de responsabilidades por delitos que pudieron cometer cuando fueron prefectos de departamento, una representación política que ya no está en la actual Constitución.

El jefe de bancada de esta fuerza, Carlos Alarcón, envió una nota a la presidenta de la comisión Mixta de Justicia Plural, Patricia Arce (MAS), haciéndole notar que el tratamiento de la autorización de esos juicios de responsabilidades, algunos de ellos ya aprobados por esa entidad legislativa, son “nulas de pleno derecho”, pues no existe la base legal que las sostenga.

La Carta Magna que estuvo vigente hasta 2009 establecía el juicio de privilegio para el presidente y vicepresidente, así como para prefectos de departamento, ministros y otras altas autoridades del Estado. La actual legislación solo estipula este mecanismo para las dos primeras magistraturas.

De hecho, Alarcón recordó que la comisión, en informes al pleno de la Asamblea Legislativa, ya pidió la autorización para procesar a varias exautoridades departamentales, entre ellas opositores.

Arce informó que a la fecha ya se aprobaron seis informes para que sean considerados por el pleno del Legislativo. Entre ellos figuran una propuesta contra el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, acusado junto a la exasambleísta del MAS Leonilda Zurita por las muertes de enero de 2007, cuando perdieron la vida dos personas por efecto de una protesta contra la autoridad departamental de ese entonces. También figuran varios exministros que acompañaron a Gonzalo Sánchez de Lozada, entre 2002 y 2003, acusados por la llamada “guerra del gas”.

Alarcón recomendó que en los casos en los que no estén involucrados expresidentes, deberían retornar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que continúen por la vía ordinaria, aunque muchas de esas causas datan desde 2004, desde hace 17 años.

El presidente del Senado, Adrónico Rodríguez (MAS) señaló que la aprobación de estos procesos, 21 en total, “es imprescindible” para poder tratar las propuestas acusatorias contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada por una irregular adjudicación de un préstamo con el FMI y vulneraciones a los derechos humanos en 2020.

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