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El sistema judicial del país está en una crisis terminal, según la percepción de profesionales como Juan Del Granado. Aun así, esta institución del Estado fue golpeada por dos escándalos en los últimos cuatro meses.

En enero se descubrió una red de jueces y otros funcionarios que liberaban a feminicidas y violadores sentenciados a cambio de dinero. Este mes, el desfalco del Fondo Indígena reflotó con la muerte de Marco Antonio Aramayo, quien fue uno de los tres directores que tuvo la institución cuando se desveló el desvío de recursos públicos a cuentas de dirigentes cercanos al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

El portavoz presidencial, Jorge Richter, reconoce la necesidad de una reforma integral y no sólo con los actores vinculados a ese poder del Estado.

“Si nosotros revisamos el estado de los procesos penales y de cómo se lo tramita en las instancias judiciales, seguramente vamos a encontrar otros casos desgarradores de gente que encuentra al infierno mismo en la justicia boliviana”, dijo el funcionario en una entrevista con EL DEBER-Radio, en la que se refirió a la muerte de Aramayo.

Señaló que si bien en la reforma judicial será precisamente esa entidad del Estado la que sea protagonista, el Gobierno coordinó acciones de manera “integral”.

Richter plantea incluso la necesidad de reformar a Régimen Penitenciario y todo el sistema “conectado” con el ámbito penal.

De los 1.098 jueces que trabajan en los juzgados del país, hay quienes atienden hasta más de 1.500 casos en un solo año. A eso se suma la falta de independencia y la corrupción, que en este momento tiene a 18 magistrados sentados en el banquillo de los acusados, muchos de ellos favorecieron a feminicidas con sentencia.

La cobertura del Órgano Judicial sigue limitada principalmente al área urbana. El informe de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2020 señalaba que había 1.095 jueces que atendían un promedio de 530 causas por juez. 

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, reconoce las limitaciones, pero señala que se requiere del 3% del presupuesto del Estado para optimizar los servicios que recibe el ciudadano. El presupuesto de 2022 es de más de Bs 304.000 millones y menos del 1% es para el Órgano Judicial.

Respecto a la muerte de Aramayo, la Fiscalía y Régimen Penitenciario están en la mira por denuncias de tortura. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclama una investigación imparcial e independiente, mientras que organismos como Human Right Watch cuestionan la falta de la independencia judicial.

“Existe una discusión política, hay profesionales que de manera independiente están discutiendo la crisis judicial, la COB y organizaciones, también. Ahora estamos en una fase de reproche y cuestionamientos que se debe superar. Las propuestas tienen que llegar a un escenario llamado cumbre o encuentro en un escenario pactado y consensuando entre todos los bolivianos”, manifestó Torres en una entrevista con EL DEBER.

Por su lado, el Consejo de la Magistratura ordenó la intervención a 21 juzgados de todo el país debido a irregularidades.

Régimen Penitenciario
En octubre de 2021, se descubrió en Chonchocoro un bus de la tortura en la un reo fue golpeado antes de morir.

Feminicidas
El Gobierno asegura que existía una red criminan para liberar a criminales. El juez Rafael Alcón fue detenido en esa causa.

La Fiscalía
En los últimos siete años, el Ministerio Público investigó el desfalcó del Fondo Indígena y se ensañó con Aramayo.

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