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El director general del bufete Alliance Abogados, Pablo Menacho (exprocurador general del Estado), oficina contratada por un monto de Bs 2,5 millones de prestación de servicios por la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), confirmó ayer que tras la designación como embajador de otro de sus socios, el exministro Héctor Arce Zaconeta, los otros tres socios le otorgaron una “licencia indefinida”, así que ya no podrá intervenir en ningún caso.

“Le vamos a dar una licencia indefinida, y con la misma, de acuerdo a la escritura de constitución, él no puede ver nada del estudio jurídico. Ya hemos aprobado la licencia”.

El bufete no concluyó un trámite para obtener el Registro Público de Abogados (RPA), y Valda, que también es asesor legal del Comité pro Santa Cruz, dijo que en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) está como una asociación sin fines de lucro y, pese a eso, accedió y firmó el millonario convenio.

Según el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el objeto de la contratación consiste en brindar servicios jurídicos para defensa en el proceso arbitral ESM-Jindal Steel. La adjudicada fue Alliance Abogados Asociados S.C., por un monto de Bs 2.505.600. La modalidad de contratación es “por excepción”.

El representante legal de Alliance y exprocurador, Pablo Menacho, envió una carta a la dirección de EL DEBER, en el que aseveró que “esta afirmación carece de fundamento, seriedad, y merece ser aclarada, toda vez que Alliance es una sociedad civil inscrita en el RUPE como ‘Asociación Civil sin fines de lucro’, como hacen todos los estudios jurídicos del país que son sociedades civiles, siendo además la única opción que brinda el sistema para este tipo de sociedades”.

El documento señala también que “toda vez que Alliance es una persona jurídica, con tipología de sociedad civil, a diferencia de una ONG, está sujeta al pago de impuestos y esto era de conocimiento de su periodista, Marcelo Tedesqui, al que envié una nota digital del NIT de Alliance”.

Desde el 26 de enero de 2021, Alliance está registrada en el régimen general de impuestos internos con NIT 400814026 (Servicios – 691000 Actividades jurídicas), y le corresponde tributar los siguientes impuestos: Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a la Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto al Valor Agregado y su régimen complementario (IVA y RC-IVA).

Finalmente, garantiza que es un estudio jurídico que se encuentra comprometido con la defensa de los intereses del Estado y las empresas públicas, consecuentemente, de ninguna manera podría aparecer ahora en defensa de intereses de empresas extranjeras.

Adjunta una lista de la guía pública de proveedores del Estado, en la que menciona a una serie de estudios de abogados que están inscritos en el RUPE como asociaciones civiles sin fines de lucro.

El abogado Valda, por su parte, mostró que hay una dualidad porque en el RUPE este bufete también fue inscrito como una asociación civil, pero sin fines de lucro, lo que le impediría, bajo toda circunstancia, adjudicarse un contrato millonario.

Esto hace que la situación se torne más confusa aún. El RUPE es administrado por el Ministerio de Economía, que al momento de aprobarse la ley estaba bajo la conducción del ahora presidente Luis Arce. Las entidades públicas que recurran a empresas deben exigirles este certificado para contrataciones mayores a Bs 20.000. En este caso son Bs 2,5 millones.

“Al verificar en la página del Sicoes. Alliance Abogados figura como proveedor de asociación civil sin fines de lucro. Es decir, que no puede suscribir contratos para meterse dinero en el bolsillo. Esa no es la finalidad, de una fundación, de un organismo no gubernamental (ONG)”, dijo Valda.

Menacho, en una anterior conversación con este medio, dijo que no se inscribieron en Fundempresa, porque no son sociedad comercial.

Tampoco son asociación civil, porque no están inscritos en la Gobernación ni en el Ministerio de Justicia, donde el trámite para serlo está en proceso y no fue completado desde marzo. Para constituirse como tal requerían el RPA, pero no lo tenían.

El formulario RUPE permite meter los datos como si fueran una ONG. Estas instancias no son asociaciones, ni fundaciones, ni sociedades comerciales.

Otro trámite

La firma tiene el RPA en trámite. El viernes, la Empresa Siderúrgica Mutún emitió un comunicado en el que señala que “es preciso aclarar que los Términos de Referencia (TDR) del proceso de contratación son claros y contundentes, en cuanto a la determinación de los requisitos que cada uno de los proponentes debe cumplir. La convocatoria al ser pública, pretendió fomentar la participación de las empresas nacionales e internacionales, por lo que el RPA de las empresas o sociedades civiles no fue incorporado como requisito”, señala el texto del comunicado.

Además, el RPA emitió un tuit que señala, “según Ley 387 de 9 de julio de 2013 y su Decreto Supremo Reglamentario 1760 de 09 de octubre del mismo año, el registro público y matriculación otorgada por el RPA a las y los abogados, es requisito para que puedan ejercer la abogacía en territorio nacional”.

La semana pasada, el viceministro de Justicia, César Siles, había señalado que si Alliance no tenía este trámite concluido, era una falta grave.

La nota de Pablo Menacho Diedrich, expresa que todos los abogados del estudio jurídico están matriculados en el Registro Público de Abogados (RPA), lo que los habilita a ejercer la profesión como lo establecen las normas. En este punto pueden existir dos interpretaciones. La primera, que el requisito consiste en estar registrado como abogado. La otra, como Sociedad Civil.

Los abogados del bufete, representados por el exprocurador Menacho, aseguran que están registrados y matriculados individualmente, por lo tanto, la sociedad civil no hace falta que esté registrada. Esto debería resolver un tribunal ético que está en la ley, pero no se conformó.

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