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La captura del exministro Arturo Murillo fue recibida como un mensaje diplomático en La Paz. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, destacó la coordinación y el intercambio de información sobre una investigación de lavado de dinero desarrollada por agentes de la Seguridad Nacional de Estados Unidos y suscribió el reporte del canciller Rogelio Mayta cuando reveló que se supo del tema antes de la captura del exministro en el sur de Florida.

“Ya teníamos conocimiento (de la detención). Se ha estado brindando toda la información que se requiere, poniendo a disposición todas las gestiones que nosotros podamos hacer como Gobierno nacional para poder agilizar estos casos”, afirmó Prada, según un reporte de la agencia estatal ABI.

La ministra Prada destacó la actitud de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, y dejó abierta una puerta para reponer el diálogo político con Estados Unidos.

“Hemos reestablecido relaciones de confianza con Estados Unidos en el marco del respeto de nuestra soberanía desde que estábamos en campaña. No vamos a hacer que temas ideológicos perjudiquen las gestiones que son para el pueblo; no lo hemos hecho en el tema de la pandemia, por supuesto, no lo vamos a hacer en temas que tienen que ver con justicia para el pueblo boliviano”, remarcó, pero sin referirse a la posible reposición de embajadores. Desde septiembre de 2008 no existen esas designaciones en Washington ni en La Paz.

El canciller Rogelio Mayta se mostró más cauto, pues según dijo se trata de “construir confianzas”. En todo caso, valoró el tono “cordial y respetuoso” de las comunicaciones con Estados Unidos. “No nos correspondía dar la noticia, ni mucho menos especular ni nada por el estilo, y eso es lo que hemos hecho de manera respetuosa con la propia administración de justicia de Estados Unidos”, apuntó la autoridad.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzó a rastrear los movimientos y comunicaciones del exministro de Gobierno Arturo Murillo desde fines de 2019 hasta que cerró la investigación, en abril. El detalle de la pesquisa, así como la decisión de detener a Murillo, fueron reportados a la Cancillería boliviana unas tres semanas antes del 22 de mayo, el día que se produjo el arresto bajo cargos de lavado de dinero y conspiración para recibir un soborno de $us 600.000 que favoreció a una intermediaria que vendió un lote de gases lacrimógenos para la Policía boliviana por un costo de $us 5,6 millones.

Un día, antes el 21 de mayo, agentes de la Seguridad Nacional de Estados Unidos detuvieron a Sergio Rodrigo Méndez, quien fue su jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno mientras duró la era Murillo. También cayeron sus socios estadounidenses Philip Lichtenfeld, Luis Berkman y Bryan Berkman, aunque los últimos pagaron una fianza de $us 800.000.

Este giro en la diplomacia se dio en menos de tres semanas. A mediados de mayo, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, desahució cualquier acercamiento con ese país. “Nosotros siempre tenemos relaciones, pero con un país que agrede a tu soberanía y que agrede a tu cultura, no hay. Con esas personas no se puede relacionar”, afirmó la autoridad.

“¿Qué mensaje da Estados Unidos a Bolivia con la detención de Murillo y compañía? No entiendo todavía. ¿Qué hay detrás de la detención? ¿Es al Estado o es una detención con fines estrictamente políticos?,” se preguntó el expresidente Evo Morales en una entrevista con radio Kawsachun Coca desde el trópico de Cochabamba.

El exministro de Gobierno está en la sección de detenidos preventivos de la prisión federal de Miami. Allí espera la audiencia convocada por el juez Jhonathan Godman, quien el 7 de junio decidirá los siguientes pasos de un juicio planteado por delitos que tienen penas de hasta 20 años de cárcel a no ser que se declare culpable para aminorar el tiempo de la pena.

La investigación en Bolivia es mucho más amplia. El país pagó $us 5,6 millones a Bravo Tactical Solutions LLC, la intermediaria que adquirió material no legal a la empresa Cóndor, pero por $us 3,3 millones. Según la denuncia planteada en octubre de 2020, existe sobreprecio con daño económico al Estado que implica al exministro de Defensa, Luis Fernando López, quien está en Brasil.

Pero las pesquisas en el país no avanzaron. El fiscal Juan Lanchipa dijo que el trámite de extradición de Murillo se había iniciado hace unos cinco meses, mientras que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, junto a la Policía, desarrolló operativos para arrestar a las personas del entorno de su predecesor, quien pudo mover Bs 1,7 millones de sus cuentas a través de personas de su confianza.

En este escenario, una de las hermanas del exministro Arturo Murillo fue aprehendida el viernes en Cochabamba para ser incluida en un caso de legitimación de ganancias ilícitas, que es distinto al proceso por la compra irregular de gases lacrimógenos, pero que podría estar vinculado con los sobornos recibido. Así, también están procesados Daniel Aliss Paredes; el exedecán de Murillo, Carlos Bellot Ponce, y el capitán Ivar Gómez Apaza.

El caso de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos fue activado el 8 de junio de 2020, hace casi un año. En ese tiempo, media docena de legisladores del MAS presentaron una denuncia a la Fiscalía contra Murillo, López Julio, Sergio Zamora Bascopé y Brayan Samuel Berkman.

El Legislativo, a través de una comisión mixta, investigó el caso y se hallaron irregularidades administrativas y penales, incluida la decisión del Ministerio de Defensa de recoger el material no letal, comprado a través del intermediario, en el aeropuerto de Río de Janeiro y no en Bolivia.

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