El Gobierno no avala a los ‘ronderos’ de Evo y alerta que la coca está en alza

La existencia de una fuerza coercitiva o de “control migratorio” que esté al margen de la Policía o de las Fuerzas Armadas no será avalada por la administración del presidente Luis Arce. La postura fue fijada ayer por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a propósito del anuncio de Evo Morales de crear grupos civiles de autodefensa, parecidos a los ‘ronderos’ que existen en Perú. 

Además, Del Castillo alertó que el precio de la coca del trópico de Cochabamba está al alza y vinculó el anuncio de Morales con esta tendencia. “Estamos viendo que cuando las exautoridades ya no viajan a la República del Perú, el precio de la hoja de coca viene subiendo día a día en nuestro país”, dijo la autoridad a los periodistas.

De hecho, Del Castillo precisó que la libra de coca, llamada chapareña, pasó de Bs 7 a Bs 20 en los últimos meses. También indicó que el taque de coca (50 libras) cuesta ahora Bs 2.000 y no Bs 700, como valía anteriormente. De todos modos, el precio es inferior a la hoja cultivada en Yungas, cuyo precio, por ese mismo taque, sobrepasa los Bs 3.000 durante gran parte del año debido a la demanda del mercado legal.

Desde 2017, según la Ley 906, el cultivo autorizado de coca no debería pasar las 22.000 hectáreas —14.300 en el trópico de Cochabamba y 7.700 en Yungas— pero el cultivo de esta hoja llegó a las 30.500 hectáreas, según el último informe de monitoreo que presentó en noviembre de 2022 la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc).

Morales dijo el domingo que hizo varios reclamos a las autoridades del Gobierno ante la presunta presencia de extranjeros en el trópico de Cochabamba. Allí están los sindicatos cocaleros que forman parte de la base política del expresidente y jefe del MAS. 

“Hace un año pedimos que intervenga Migración para controlar la presencia de extranjeros. No responden hasta ahora. Si no hay presencia del ministro de Gobierno, nos vamos a organizar en ‘ronderos’ como nuestros hermanos campesinos en Perú”, advirtió Morales en su programa semanal que se emite a través de la radio Kawsachun Coca desde Lauca Ñ.

La propuesta, que se dio en medio de la pugna de liderazgo del MAS, generó una ola de críticas desde la oposición que cuestionó la ausencia del Estado en esa zona del país. “Eso habla de una delimitación de territorio que Morales hace pública y es una advertencia de que a su casa el Gobierno no entra”, dijo la senadora Centa Rek de la alianza opositora Creemos. 

“La Constitución Política del Estado establece que existen dos tipos de fuerza, las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía en todo el territorio nacional y, por lo tanto, no podemos reconocer ningún otro tipo de organismo de seguridad dentro de nuestro país”, subrayó el ministro Del Castillo respecto a los ‘ronderos’ de Evo.
La autoridad apuntó que “la insinuación” le parecía extraña y no anticipó ninguna medida legal.

Los ronderos de Perú nacieron en la década de los años 70 y formaron parte de organizaciones sociales para evitar el robo de ganado en las comunidades de Cajamarca. Con el tiempo, su actividad se reguló a través de la ley peruana 27908 del año 2002. Una parte de estos campesinos también participó de las entidades de autodefensa que se crearon en los años 80 durante el conflicto armado contra Sendero Luminoso.

Los ronderos del Perú han sido objeto de varios reportajes y estudios. La Universidad de Duke, por ejemplo, publicó en 1999 la investigación “Mirada nocturna” del antropólogo Orin Starn. El trabajo estuvo vinculado con el estudio de los movimientos sociales de protesta en la década de los años 90, cuando la influencia de estas organizaciones decayó.

Con Pedro Castillo, el destituido presidente de Perú, las rondas campesinas volvieron al escenario. Eso sí, pobladores de varias regiones de la nación vecina denunciaron excesos de estos grupos que también participaron en las multitudinarias movilizaciones de protesta de diciembre y enero que exigieron la renuncia de la mandataria Dina Boluarte.

Por efecto de esas crisis políticas, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú prohibió el ingreso de Morales y a ocho de sus operadores políticos, entre ellos el excanciller Fernando Huanacuni. Las autoridades del vecino país acusaron al expresidente de avivar la confrontación tras la destitución de Castillo, en diciembre de 2022, cuando decidió disolver el Congreso para llamar a una Asamblea Constituyente, una prerrogativa calificada de ilegal. 

Huanacuni dijo hace algunos días que él está a cargo de organizar la agenda de Evo Morales en La Paz y reveló que viajó a la ciudad peruana de Puno a mediados de noviembre de 2022, cuando la Universidad del Altiplano le otorgó a Morales el Honoris Causa. Fue el último de los cinco viajes que Morales hizo al vecino país desde 2021, cuando Castillo llegó al poder. Además, según Migraciones de Perú, ocho personas de su confianza pasaron la frontera 27 veces, precisamente, durante los 17 meses que duró el mandato del exmandatario que está detenido bajo cargos de corrupción. 

Huanacuni habló de ese viaje cuando aclaró que el líder del MAS no usó un vehículo robado, tal como denunció la oposición, cuando intentó sin éxito llegar hasta el municipio de La Asunta, donde está el límite de la producción ancestral de la hoja de coca.

El senador Leonardo Loza (MAS), uno de los políticos más cercanos a Morales, afirmó ayer que la propuesta del exjefe de Estado no está vinculada con grupos armados o de autodefensa sino que se da frente a “un abandono” de las autoridades del Estado para cuidar las áreas protegidas próximas al trópico de Cochabamba.

“Como no hay presencia de nuestro Estado y no aparecen cuando denunciamos, nos vemos obligados a hacer el autocontrol; debemos respetar la Constitución, la Ley general de la Hoja de Coca y, en ese sentido, denunciamos que no se puede permitir la plantación de hojas de coca en territorios y parques no autorizados. Ojalá, con estas denuncias, nuestro gobierno pueda incursionar y hacer desaparecer esa coca excedentaria que, lamentablemente, nos acusan al trópico de Cochabamba, y nos relacionan con el narcotráfico”, señaló Loza.

El senador precisó que el control social sobre la coca y el narcotráfico “no es reciente”, pues se mantiene el cato de coca (1.600 metros cuadrados) por familia, pero subrayó que los cocaleros no se harán cargo del incremento de plantaciones ilegales que están en reservas y áreas protegidas.

“Si no hay respuesta, estaremos obligados a autocontrolarnos y darle respuesta a nuestra población que está preocupada. Esto es para proteger y dar seguridad, pero para que no estén armados ni paralelos a la Policía Boliviana. Ojalá se pueda entender y no malinterpretar”, puntualizó Loza.

Desde 2021, Morales propició al menos dos reuniones con el ministro Del Castillo para hablar del contrabando de coca de Perú. 

Según el más reciente informe mundial de la Unodc, “la mayor parte de las áreas de cultivo de arbusto de coca en Perú continuaron encontrándose en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem)”, una zona aledaña a la amazonia boliviana. En esa zona opera una célula del extinto grupo terrorista Sendero Luminoso.