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Hay una denuncia pendiente desde 2019 en contra del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el uso de bienes del Estado en campaña proselitista. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía un impedimento legal para no tratar el caso antes del 31 de diciembre de 2021 y ahora se prepara para debatirlo. 

Así lo anunció el presidente del Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel, luego de atender un par de consultas de EL DEBER. “A partir de la inauguración de las actividades electorales, el TSE va a comenzar a trabajar, pero no solo en este tema, sino en otros que están pendientes”, puntualizó.

Durante la campaña electoral de 2019, cuando Evo Morales intentó la reelección por un cuarto mandato, a pesar de los límites constitucionales, dos diputados de la oposición acusaron al MAS de usar bienes del Estado para respaldar actos proselitistas del entonces presidente del país.

Wilson Santamaría y Rafael Quispe, entonces legisladores de la hoy extinta alianza opositora Unidad Demócrata (UD), presentaron una querella electoral contra el oficialismo y autoridades nacionales de entonces por el uso del aeropuerto de Chimoré para el inicio de la campaña del MAS para esas elecciones de 2019. El evento también fue transmitido por el canal estatal Bolivia Tv. 

La querella aludió al artículo 235 de la Constitución Política del Estado, que establece que se debe “respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos con fines electorales u otros ajenos a la función pública”. Además, el artículo 126 de la Ley de Régimen Electoral prohíbe “utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral”. Si el TSE falla contra el MAS, según este apartado legal, debe remitir el caso a la Fiscalía y a la Contraloría para las pesquisa penal y administrativa.

Esta denuncia fue presentada en mayo de 2019, pero el TSE no la trató hasta los comicios nacionales de ese año que luego fueron anulados en medio de una profunda crisis política que fue marcada por la renuncia de Morales a la Presidencia. Otras dos querellas contra el MAS fueron desestimadas por las autoridades electorales de ese entonces.

Durante el gobierno transitorio, y por efecto de la ley 1315, el proceso planteado contra el MAS por uso de bienes del Estado quedó congelado hasta el 31 de diciembre. Esa norma fue la que fijó la convocatoria definitiva para las elecciones de 2020, ganadas por la dupla Luis Arce y David Choquehuanca (55,1%), quienes gobiernan el país desde hace 14 meses.

“Todas las organizaciones políticas deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2021. Una vez que se adecúen los estatutos se aplicarán las sanciones establecidas por el Artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas”, señaló una disposición adicional de la 1315.

Consultado sobre la metodología que empleará el TSE para deliberar sobre este caso, Hassenteufel anunció que la sala plena que se reunirá el 11 de enero trabajará sobre esa temática. “Eso es algo que no hemos discutido todavía. Lo analizaremos en la reunión de Sala Plena del martes”, subrayó.

En esa reunión, explicó la autoridad, se asumirán decisiones sobre aquellas fuerzas políticas que no lograron presentar sus estatutos actualizadas. Dijo que se trata de un incumplimiento que no derivará en la pérdida de su personería. 10 partidos nacionales presentaron sus documentos.


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