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La fiscal de Distrito de Tarija, Sandra Gutiérrez, descartó este martes que sea una persecución política por la imputación contra el gobernador Óscar Montes, el alcalde Johnny Torres y el presidente del Comité Pro Intereses, Adrián Oliva.

Gutiérrez aclaró que se abre una investigación de seis meses, tal como establece el procedimiento del Código Penal, para determinar si hay indicios o no de que sean autores por los delitos de separatismo e instigación pública a delinquir, ya que existe una denuncia de por medio.

El Ministerio Público imputó a las dos autoridades electas, al titular cívico y al secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Autotransporte, Gabriel Pérez, por apoyar el paro en noviembre de 2021 para exigir la abrogación de la Ley 1386 y otras leyes.

"No es una persecución política y lo que se está haciendo es ante una denuncia, es simplemente investigar en este caso o en cualquier otro. Si arrojan indicios se procede a la acusación o caso contrario se rechaza", declaró la fiscal Gutiérrez.

Los imputados deberán comparecer este viernes 28 de enero en una audiencia de indagación para conocer la versión de cada uno.

El alcalde Johnny Torres calificó como “una locura absoluta” a la imputación fiscal después que él invocó a la no violencia y promovió el diálogo en el paro cívico en noviembre del pasado año.

Por su parte, el gobernador Óscar Montes se pronunciará este miércoles sobre el caso en el que está involucrado junto al alcalde y dos dirigentes.

El 11 de noviembre de 2021 el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Comunidades Campesinas de Tarija (FSCCT), Rubén Aldo Velásquez, presentó la denuncia contra las autoridades ante la Fiscalía Departamental.

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