Escucha esta nota aquí

La Fiscalía arremete y toma acciones en contra de los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, y prepara una lista de convocados con la tesis de que en Bolivia no hubo una sucesión constitucional cuando Jeanine Áñez asumió la Presidencia, sino un golpe de Estado.

Para ello, el Ministerio Público realizará tres acciones: emitirá la imputación por el caso gases lacrimógenos e intentará activar el sello rojo en contra de los exministros Arturo Murillo y Fernando López. Segundo, anunció que convocará al candidato a gobernador Luis Fernando Camacho, a su padre, José Luis Camacho, así como a los excomandantes de la Policía y las FFAA como parte acusada. Tercero, llamarán al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera, pero en calidad de “víctimas del golpe de Estado”.

La justicia boliviana emitió una resolución en la que anuló el caso de fraude electoral que el expresidente Carlos Mesa había iniciado en contra de Morales y sus principales colaboradores. Pero ahora, el proceso por supuesto golpe de Estado iniciado por la exasambleísta del MAS Lidia Patty se consolida. A fines de 2019, quienes serán citados como víctimas salieron del país o renunciaron a sus cargos, con lo que se dio paso a la sucesión constitucional avalada por el Tribunal Constitucional, así como por la Unión Europea (UE), la Iglesia católica y Naciones Unidas, que facilitaron el diálogo político que llevó a esa salida.

Por su lado, Luis Fernando Camacho, que tiene alerta migratoria; su padre, José Luis Camacho, y los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Sergio Orellana, y de la Policía Vladimir Calderón, deberán declarar entre el 27 y 28 de este mes ante la Fiscalía para explicar su grado de participación en los conflictos sociales de 2019, por causa de la denuncia de fraude electoral que provocaron las protestas sociales y la posterior renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Por su parte, Morales, García Linera y los expresidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda, prestarán sus declaraciones en las siguientes semanas en las ciudades donde se encuentran.

Procedimiento

El fiscal del departamento de La Paz, Marco Cossío, informó ayer que la Fiscalía emitirá hasta mañana la imputación formal en contra de los exministros López y Murillo, por las supuestas irregularidades en la compra de armamento no letal durante la anterior gestión de gobierno.

Complementó que un informe de Interpol del 24 de diciembre confirmó que ambas exautoridades se encuentran en Estados Unidos. “Así cumpliremos los requisitos para activar la notificación roja y podremos traerlos a Bolivia”, adelantó el investigador en conferencia de prensa.

Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que “el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de altas autoridades se inicia con una proposición acusatoria que debe salir de la Asamblea, pero hasta el momento no ha llegado”. Solo tienen el informe que la anterior Asamblea Legislativa, dominada por el MAS, hizo llegar con la recomendación de juicio. “En este caso no iniciamos nada de oficio”, complementó Lanchipa.

Comentarios