Gana terreno la propuesta de diferir el censo para el 2023, incluso desde el MAS

La semana comenzó con un intenso cabildeo sobre la fecha del próximo censo. El Gobierno proyecto, a través del Decreto 4760, llevar adelante la gran encuesta entre mayo y junio de 2024, pero ayer sumaron voces, incluso desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), para acortar los tiempos.

“Ese decreto no está escrito en piedra” afirmó ayer el diputado oficialista Anyelo Céspedes (MAS). “No es un momento de imposiciones, es tiempo de dialogar”, añadió el legislador, quien aseguró que el Gobierno tiene “la apertura” de escuchar las propuestas de las autoridades locales.

En esa línea, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, mandó un mensaje al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para dialogar, pero en el marco del Consejo Nacional de Autonomías (CNA). “El diálogo está abierto, pero no es con nosotros con quien tiene que discutir el tema es con los ocho gobernadores y alcaldes que no son nuestros empleados”, apuntó el viceministro.

Para el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, el Gobierno no priorizó el censo y tampoco mostró voluntad para realizarlo con miras a la redistribución de los recursos, porque eso implicaría más dinero y más escaños para el departamento. 

“Santa Cruz le da más del 30% de los ingresos al Estado, es decir, que de 100 pesos que le entran al país, 33 se los da Santa Cruz y nos devuelven solo un peso a la Gobernación para hacer obras. Es una lágrima ver todo lo que se necesita hacer y ver que el MAS arma movilizaciones para exigirte obras cuando son ellos los que no nos quieren dar nada”, cuestionó.

Eso sí, admitió que es imposible realizar la encuesta a finales de este año como estaba previsto, pero tampoco puede ser aplazado hasta 2024. “Hay que atrasarlo, lamentablemente ya nos fregaron, pero se tiene que hacer lo antes posible, no se puede esperar hasta 2024. Lo importante es que el censo se haga, pero que se haga bien”, apuntó la autoridad política. 

La asambleísta departamental Paola Aguirre (Creemos) consideró que la postura del Gobierno es autoritaria porque se aleja de la normativa vigente. “Ellos tienen que respetar la ley y escuchar a los ciudadanos. No hemos sido únicamente autoridades políticas las que hemos pedido información al Instituto Nacional de Estadística (INE), pero nunca transparentaron sus acciones y ahora Santa Cruz no va a permitir que el censo se postergue hasta el 2024. Corre plazo y el Gobierno tiene que dialogar con todos los actores”, dijo.

Por su lado, el presidente Luis Arce viajará hoy Potosí donde había previsto dialogar sobre el censo con los alcaldes de las ciudades capitales del país, además de El Alto. Estas autoridades son parte de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) y ayer le solicitaron al mandatario postergar la cita con el objetivo de trabajar en un consenso previo, precisamente, respecto al acortamiento del plazo que estableció el Decreto 4760.

“Hemos preferido postergar y, este tiempo adicional, compartir criterios para rechazar que el censo se vaya hasta 2024. Intentamos acordarlo hasta 2023. Hemos acordado tomarnos un tiempito, especialmente, para poder charlar más con Santa Cruz”, informó el alcalde de La Paz, Iván Arias. 

La autoridad local explicó que “como estaba yendo el censo, previsto inicialmente para noviembre de este año, no iba a llevar a ningún lado”. Por eso, subrayó, que “lo que está en discusión es un plazo que se pueda adelantarlo en función de una ruta crítica”. Arias consideró que la encuesta se puede realizar en junio de 2023. 

El presidente Arce firmó el 21 de julio de 2021 el decreto con el que declaró que la realización del censo “es una prioridad nacional”. Fijó para el 16 de noviembre de este año el empadronamiento masivo en todo el territorio nacional, pero este plazo resultó muy corto para que el Instituto Nacional de Estadística (INE) complete la actualización cartográfica en el país. 

A esto se suma la ausencia de consensos mínimos en la boleta censal y cuyo plazo de presentación venció el pasado 30 de junio, además de las quejas de las entidades autonómicas por “la falta de transparencia” del INE respecto a los avances del proceso.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, expresó su predisposición de conversar con el jefe de Estado. “Más allá de buscar confrontación, hay que buscar soluciones. Tengo voluntad democrática”, aseguró la autoridad edil durante una rueda de prensa.

El portavoz presidencial, Jorge Richter, anticipó el fin de semana la convocatoria de Arce a la AMB. “Imagínese que no esté en esa reunión el alcalde de Santa Cruz”, puntualizó la autoridad, cuando rechazó el “ultimátum” de las organizaciones de Santa Cruz que otorgaron hasta el 25 de julio para que Arce derogue el decreto 4760.

“El alcalde va a estar en todos los escenarios que se lo invite, porque así debe ser; la democracia es eso. Si hemos sido elegidos tenemos la obligación de discutir y estar presentes en todos los escenarios”, subrayó Fernández.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, informó a EL DEBER que también solicitó una reunión con el presidente y anticipó un criterio de respaldo para que el plazo de 2024 se achique. “Estamos de acuerdo con cualquier tipo de diálogo, porque nosotros no tenemos ninguna postura política partidaria”, dijo.

“En nuestro criterio era suficiente postergar el censo para diciembre del próximo año. Estoy seguro que en la medida que exista voluntad política de parte del Gobierno podemos encontrar un punto de equilibrio para que este censo no necesariamente se postergue hasta el 2024”, afirmó.

Las organizaciones que son aliadas del MAS también apoyaron la posibilidad de que la gran encuesta no se realice, necesariamente, en 2024. Darwin Choquerive, presidente del MAS en Santa Cruz de la Sierra, anunció que hay debate y que, en el curso de las próximas horas, presentarán una decisión. Eso sí, el dirigente rechazó la amenaza de paro cívico que salió tras la cumbre de instituciones del pasado viernes. 

“Esta es una opción interesante, que el censo no se postergue dos años; quizá un año o algunos meses, para que no se haga una postergación como está ahora”, añadió. 

“Cualquier iniciativa o propuesta que uno tenga se lo hace mediante el diálogo y esa es la forma. Ya lo dijo el vocero Richter que en el Gobierno están prestos a escuchar todas las propuestas. No queremos confrontación”, apuntó. 

El exalcalde de Warnes Mario Cronenbold, una de las figuras del MAS más próximas a Evo Morales, tampoco cree que sea conveniente para la región posponer por dos años el censo, especialmente porque esto supondrá que lleguen menos recursos de la coparticipación a los municipios cruceños.

“El censo es necesario para todo el país, pero especialmente para Santa Cruz, que recibe a todos los hermanos de todos los departamentos. Es urgente. Queremos un censo que sea correcto y bien hecho; no queremos un censo por capricho. Hasta el 2024 tampoco lo veo correcto. Para tener un censo con cartografía bien hecha máximo debería postergarse un año. El censo no tenemos dejar que el censo lo hagan los políticos”, sostuvo la exautoridad.

Pero el alcalde de Sucre, Enrique Leaño (MAS), quien además es parte de la Federación de Autoridades Municipales (MAS), señaló que existe una estrategia política que busca confrontar a la región con las regiones. “Si nosotros hubiésemos ratificado la fecha del 16 de noviembre para el censo, ellos hubieran dicho que habrá un fraude y ahora que se ha postergado para tener un buen censo, amenazan con un paro cívico”, aseguró la autoridad. 

Leaño señaló que la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) “avaló la postergación hasta 2024”, aunque esa organización prepara para esta semana un congreso para poder acordar una postura definitiva sobre el desarrollo de la gran encuesta.

También en contacto con esta redacción, el alcalde de Potosí, Jhonny Llally, reveló que en las últimas horas surgió un nuevo tema que genera preocupación y anunció que este martes estará en Santa Cruz para reunirse con el ministro de Salud, Jeyson Auza, para analizar los riesgos de la quinta ola de la pandemia.