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El Gobierno, mediante el viceministro Israel Alanoca, presentó ayer una denuncia penal contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en 2017 dieron luz verde a la reelección indefinida a pedido del MAS.

La querella surge después de que algunos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmaron que la reelección indefinida no es reconocida como derecho humano, durante las audiencias realizadas por el caso en la Corte Interamericana.

Alanoca indicó que se denuncia a los exmagistrados por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. “Ellos, siendo los guardianes máximos de la Constitución Política del Estado, la han violado con la sentencia 084/2017, han violado el voto del pueblo boliviano”, dijo el viceministro de Gestión Gubernamental.

La autoridad indicó que el proceso se lo realiza ante la Fiscalía General puesto que los acusados ya no son magistrados. De seguir en el cargo, el juicio tendría que ser a través de la Asamblea.

Los seis exmagistrados que firmaron esa sentencia son: Oswaldo Valencia, Mirtha Camacho, Neldy Andrade, Rudy Flores, Zenón Bacarreza y Macario Cortez.

Los mismos decidieron dejar sin efecto los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de reelecciones a sólo una, a pedido del MAS. 

El argumento consistía en que la Convención Americana de Derechos Humanos no restringe el derecho ser elegido por motivo de reelección. La CIDH, recientemente, consideró que el sistema interamericano no reconoce a la relección indefinida como un derecho humano y, además, señaló que se justifica implementar restricciones en ese sentido. Erbol