Juzgado amplía la detención de Jeanine Áñez por otros tres meses
Es por el caso de terrorismo, sedición y conspiración. Los acusadores solicitaron otros cuatro meses de detención, el juzgado concedió tres meses. Jeanine cumplirá el decimocuarto día en huelga de hambre
El Juzgado Décimo de Instrucción Penal de La Paz amplió por otros tres meses la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de terrorismo, sedición y conspiración, conocido como caso golpe de estado I. La resolución fue dictada en medio de la presión para que la exautoridad salga de prisión y pueda asumir su defensa en libertad.
En la acusación se mencionó que faltaban por concluir varias acciones investigativas y se requirieron otros cuatro meses de prisión. El juez amplió por tres el periodo de reclusión.
Los abogados denunciantes arguyeron que no se logró la comparecencia de implicados, como los exministros de Defensa Fernando López, de Gobierno Arturo Murillo, los excomandantes de la Policía Yuri Calderón y de las FFAA Williams Kaliman, que están fuera del país. También tomó en cuenta el argumento del Ministerio de Gobierno de que hasta el momento no se han terminado de ejecutar las órdenes de requisado de los teléfonos celulares de los implicados, entre los que también mencionaron al exministro de la Presidencia Yerko Núñez.
Pese a que transcurrió casi un año, tampoco se realizaron las requisas a las instalaciones de los tribunales electorales departamentales, ni a las del comando en jefe de las FFAA, en La Paz.
Los acusadores recalcaron que faltan por recibir las declaraciones de expresidente del Comité pro Santa Cruz, hoy gobernador Luis Fernando Camacho y de su padre, el empresario José Luis Camacho.
La Procuraduría dio por hecho que cuando Camacho llegó a La Paz, días antes de la renuncia y posterior salida de Evo Morales del país, en noviembre de 2019, recibió protección militar y policial, y sustentó con ello que estaba en marcha un golpe de estado en el que Áñez aceptó participar.
Para la defensa, más allá de la falta de acciones investigativas, los acusadores no han podido sustentar que se cometieron los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Señalaron que en noviembre de 2019 hubo una sucesión constitucional que, posteriormente, fue avalada por la comunidad internacional, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional y el propio MAS, que aceptó prorrogar a sus legisladores y a todas las autoridades subnacionales. Como ocurrió en más de 20 oportunidades, el fallo salió en contra de Áñez.
Mientras tanto, la presión para que la exmandataria sea trasladada a un hospital por su delicado estado de salud crece. Su abogado Jorge Valda señaló que espera que eso ocurra para “salvarle la vida y salvaguardar su integridad”.
Todos los líderes políticos de la oposición responsabilizaron al gobierno de Luis Arce si es que se produce un desenlace fatal.
Añez ingresó hoy a su decimocuarto día en huelga de hambre. Su hija Carolina Ribera tuvo una reunión el sábado con el relator para la independencia de jueces de la ONU, Diego García-Sayán.
“Está muy interesado en el caso, hizo varias preguntas y se dio cuenta de que hay injerencia en Bolivia, que la situación es grave. Esperemos que la injusticia cese, que se detenga la injusticia con mi madre”, aseveró Ribera ante consulta de los medios.
Otra instancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH a través de la red social Twitter expresó su preocupación por el caso e hizo responsable al Estado boliviano por la vida y la salud de la exmandataria. “La Misión resalta que, en caso de un traslado urgente de una persona privada de libertad a un centro médico por instrucción de un juez, el Estado es responsable de preservar el orden público para garantizar la seguridad de esa persona y hacer cumplir la disposición judicial”, señala el tercer mensaje de esta oficina.
