La ALP sólo aprueba créditos y amenaza con ya no hacerlo por la acción de un ministro

En los casi 10 meses de la gestión 2022–2023, la mayoría de las leyes que aprobaron en la Asamblea Legislativa fueron créditos internacionales –1.700 millones de dólares en Diputados - que el Órgano Ejecutivo envió, pero después de la acción judicial impulsada por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro que prohíbe la interpelación, los parlamentarios molestos anuncian que ya no aprobarán más esos créditos para el gobierno de Luis Arce.

Los propios asambleístas reconocen que el trabajo del Órgano Legislativo “no es el adecuado” y argumentan una serie de factores que van desde las peleas internas, que se dan en las tres bancadas políticas, sobre todo la del oficialismo, hasta la burocracia del sistema estatal.

Pero dos exparlamentarios no los excusan, dicen que no están cumpliendo su rol fundamental que es el de fiscalizar, y que si aprueban alguna ley es para declarar “patrimonio” a alguna región, danza, edificio o santo. Muestra de ello, son dos temas estancados: la elección del Contralor General del Estado y las elecciones judiciales. Con esto, dicen que la Asamblea Legislativa “no tiene razón de ser”.

Advertencia

La Acción de Amparo Constitucional presentada por Montenegro y que congela las interpelaciones para ocho ministros, causó un remezón en las tres fuerzas del Legislativo en rechazo al veto que impuso el Órgano Judicial.

La senadora Simona Quispe del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que si el ministro Montenegro no quiere ser interpelado y junto a él otros siete ministros del gabinete de Luis Arce, ya no tiene sentido aprobar más créditos para el Gobierno.

“Como ha salido (la Acción) del Ministro de Economía y Finanzas y ocho ministros no quieren ser fiscalizados, no quieren ser interpelados, entonces nosotros para qué vamos a aprobar más créditos. Ya hemos aprobado muchos préstamos”, dijo la legisladora paceña.

En esa línea, el diputado evista Dani Daniel Rojas (MAS), apuntó al presidente Luis Arce y le dijo que no acuda a “chicanas jurídicas” para atentar los derechos constitucionales de la Asamblea Legislativa y que mejor, de una vez que la cierre.

“Al no cumplir nuestro rol constitucional de fiscalizar, ¿para qué estamos? Los ministros ya no pueden ser interpelados, desde hoy en adelante la vamos a pensar, estamos en reuniones para analizar ya no vamos a aprobar ningún proyecto de ley ya que ellos (los ministros) no quieren ser fiscalizados”, afirmó Rojas.

Créditos

Según el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, la mayor parte de los proyectos de ley que se tratan en sesión y en comisiones es del ámbito económico y dentro de ese sector, el 80% son los préstamos de entidades financieras internacionales que gestiona el Ejecutivo para que el Legislativo apruebe y que pueda ejecutar obras.

“Lo paradójico es que el ministro Montenegro debe ser el que más ha acudido a la Asamblea Legislativa para pedir que le aprobemos cualquier cantidad de créditos y ahora resulta que es el que promueve una Acción Constitucional para evitar que la Asamblea cumpla con su rol de fiscalización”, dijo el diputado Urquidi a EL DEBER.

El legislador opositor añadió que en los casi tres años de Gobierno de Luis Arce, la Asamblea Legislativa aprobó créditos “por un valor de cuatro mil millones de dólares” que consiguió de entidades como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros.

De su lado, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ingvar Ellefsen de CC, dijo a EL DEBER que no se aprobó “casi ninguna” ley de relevancia nacional, con dos excepciones que destacó: la Ley del Censo que se aprobó al comienzo de la gestión entre el 26 y 29 de noviembre, en ambas cámaras. La aprobación de la norma “ayudó a la pacificación de Santa Cruz”

La otra ley que se viabilizó fue la “Ley de Diferimiento Parcial del Periodo Prenatal al Posnatal”, norma que fue tratada en el Legislativo en junio de este año y promulgada por Arce el 10 de julio.

“Son de las pocas leyes que se han tratado de interés público y el resto de las leyes no han pasado de ser transferencias y endeudamiento irresponsable del país, y la Ley del Oro”, afirmó Ellefsen. Dicha norma fue aprobada el 23 de abril en Diputados, sancionada el 5 de mayo en el Senado y promulgada el 8 de mayo por el presidente Luis Arce.

“Las leyes de interés ciudadano y las leyes que propone la oposición son bloqueadas por los presidentes de las comisiones en las cuales se encuentra la gente del MAS, o sea no llegan al plenario”, dijo Ellefsen, las bloquean a través de las presidencias”, agregó el legislador opositor.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, dijo que en su gestión dicha instancia legislativa aprobó 37 leyes de las cuales 14 son relacionadas a temas económicos y créditos internacionales que ascienden a 1.700 millones de dólares.

“Desde el inicio del año legislativo 2022–2023 hemos aprobado cerca de $us 1.700 millones de créditos para contribuir a la reconstrucción de la economía nacional, a dar liquidez al sistema financiero y, por supuesto, a programas de desarrollo productivo”, decía Mercado días atrás.

Exparlamentarios

El exdiputado opositor Amilcar Barral dijo a EL DEBER que a estas alturas, la Asamblea Legislativa “no tiene razón de ser” y a excepción de algunos legisladores, el trabajo de la oposición “ha sido totalmente nulo” a pesar de que “tienen muchas más ventajas” que en gestiones pasadas. La agenda parlamentaria es impuesta por las peleas internas del MAS.

“En este momento, la Asamblea Legislativa no tiene razón de ser tomando en cuenta que el presidente (Luis Arce) ha faltado a la Constitución porque tras la censura al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, lo vuelve a designar”, recordó Barral.

A eso añadió la última arremetida de los órganos Judicial y Ejecutivo que tras una acción judicial suspendieron las interpelaciones a ocho ministros de Estado.

El exsenador del MAS, Omar Aguilar, dijo que en el Legislativo impera la agenda política y confrontación en todas las bancadas y a ello se suma que ahora está con las manos atadas puesto que, por una acción judicial, no puede fiscalizar al Órgano Judicial, mientras tanto, el Ejecutivo puede hacer “dibujo libre”.

“Se ocupan más de temas políticos, quién es más leal a Arce, a Evo Morales y les quita tiempo en su rol de fiscalización, su trabajo de legislar y de gestionar proyectos. Si no es el cien por ciento, la mayoría se ha olvidado de cumplir su tarea”, dijo Aguilar.