Las regiones desconfían de decreto del censo y analizan vías de apoyo a Santa Cruz
Beni, Tarija y Chuquisaca insisten en censo 2023. Piden ley que asegure la entrega de resultados censales. Potosí mantiene paro de 48 horas en apoyo a los cruceños. El Conade levanta su huelga. Se declara vigilante de las promesas del Gobierno
Los comités cívicos, plataformas ciudadanas, alcaldías, gobernaciones y universidades convocaron a reuniones extraordinarias para analizar si asumirán o no medidas de presión para apoyar a Santa Cruz en la lucha por el censo 2023. De forma preliminar, la mayoría coincide en que el Decreto Supremo 4824, que define el censo para el 23 de marzo del 2024, sea elevado a rango de ley ya que temen que el Gobierno incumpla su compromiso de aplicar los resultados censales ese mismo año.
“Estamos convocando a la Asamblea de la Tarijeñidad donde vamos a analizar las medidas sobre esta lucha del censo 2023. No tenemos ninguna garantía ni confianza en el Gobierno porque es especialista en mentir y hacerse la burla, no respeta la Constitución y menos va a respetar un decreto. Hay que seguir peleando por el 2023 en el Legislativo”, sostuvo el cívico Adrián Ávila, en respuesta al pedido de los cruceños de sumarse a la demanda de manera formal en un plazo de 72 horas.
Los cívicos de Beni también persisten en que el empadronamiento nacional se realice en octubre del próximo año, por tanto, convocaron a una reunión de emergencia para hoy, martes, a las 15:00 para tomar determinaciones “ante la grave situación”.
“Santa Cruz está luchando solo y los otros departamentos estamos cruzados de brazos y no podemos esperar hasta el 2024”, dijo la presidenta del Comité Femenino de Beni, Malena Drew.
Desde Chuquisaca, expresaron que temen ir a las elecciones de 2025 con un padrón electoral “inflado”, por lo que piden fijar la fecha de aplicación de resultados.
“Es un decreto amañado, fraudulento y el presidente habló del censo para el 23 de marzo de 2024, pero no dio una fecha de entrega de los resultados y documentos. Han definido esa fecha para que vayamos a una elección con el mismo padrón electoral inflado y eso no quiere el país. Queremos un censo el 2023 y con un nuevo padrón electoral”, manifestó el cívico Roger Amador.
Potosí mantiene un paro de 48 horas para exigir censo 2023, aprobación de la ley de litio y preservación del Cerro Rico de Potosí. La medida se asumió en solidaridad con Santa Cruz, pero ratificaron que el mayor impulso es la defensa de los recursos de la reserva de litio y sus minerales.
Disidentes
Desde Cochabamba, el cívico Apolinar Rivera descartó que ese departamento asuma alguna medida porque confían en que los resultados se aplicarán en 2024. Asimismo, calificó de “exabrupto” el plazo de 72 horas dado por los cívicos cruceños.
En concordancia, el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que la región oriental “no tiene que exigir ni pedir nada a La Paz porque fuimos el primer municipio que ha planteado el censo en 2023. Hemos estado en todos los foros”, argumentó.
Por su lado, la Asamblea de la Alteñidad manifestó su desacuerdo con las “posiciones políticas intransigentes” desde el oriente y ratificaron su apoyo a la realización del censo en el primer trimestre de 2024.
Las huelgas instaladas en La Paz, una por el Conade y otra por los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), cesaron. El activista Manuel Morales anunció que se constituirán en “control social” para que el gobierno garantice mediante un decreto o ley que el censo sea “limpio, fiable y que los resultados se apliquen en diciembre de 2024”.
CC presentó un nuevo proyecto de ley con fecha del censo en octubre de 2023 y aplicación de resultados “definitivos” hasta 2024, ya que el DS 4824 no resuelve la distribución de escaños.
