Las víctimas de octubre se quejan a CIDH por juicios iniciados por el Gobierno

Hay indignación y descontento. Las víctimas de las masacres de Senkata, Huayllani, Pedregal y Betanzos alzaron la voz en contra del Gobierno y acusaron a las autoridades de impulsar un “juicio político” que no favorece a las investigaciones para determinar quiénes detuvieron, hirieron, torturaron y mataron en noviembre de 2019. Incluso, denunciaron el uso político de la imagen y nombres de los afectados. 

Los reclamos fueron expuestos a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes llegaron hasta la iglesia San Francisco de Asís en Senkata, El Alto.

“Todos pedimos justicia y les digo a todas las organizaciones que están aquí: No nos dejemos utilizar por el Gobierno, quieren dividirnos y dejar en la impunidad. Si estamos al servicio del Gobierno nunca vamos a encontrar justicia. En el caso golpe de Estado las cuatro víctimas son Evo Morales, Álvaro García Linera, Víctor Borda y Adriana Salvatierra. Ninguno de nuestros nombres está, no estamos incluidos en ese proceso”, reclamó uno de los heridos en Senkata, Jesús Callo Cusi.

También acusó al director nacional del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, de generar divisiones entre los dirigentes y familiares de las víctimas.

A estos reclamos se sumó, la voz del dirigente de Huayllani, Roberto Jukumari, quien expresó su preocupación por que los nombres de los afectados no figuren en los juicios que se le sigue a la expresidenta transitoria Jeanine Añez.

Para la representante de los detenidos de Senkata, Marcela Calle, a las víctimas les interesa encontrar a los responsables de las masacres y no si hubo “golpe o fraude” hace más de dos años. Más bien, pidió dar cumplimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) ya que de las 36 recomendaciones, solo se avanzaron en dos.

En el caso de los detenidos, pidieron la colaboración de los miembros de la CIDH para liberarlos de sus procesos, ya que algunos están en puertas a juicios orales y pese al compromiso del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para desestimar esa persecución, a la fecha no existen resultados.

Las víctimas también expresaron su dolor y molestia ante el uso político de su imagen y de los nombres de todos los afectados en las masacres. Aseguraron que los utilizan como banderas en todas las actividades del Gobierno.

Sobre estas observaciones y denuncias de falta de cumplimiento a las recomendaciones que dejó el grupo de expertos, el comisionado relator de la CIDH para Bolivia, Joel Hernández, dijo que son testimonios y datos que recoge la Comisión como parte del “clamor y exigencia” que tienen las víctimas. Aseguró que su trabajo será “tender un puente de comunicación” entre las autoridades y las personas que sufrieron las masacres.

Hernández adelantó que ante las peticiones de reuniones con diferentes dirigentes de los afectados habilitarán una agenda vía virtual para atender a todos. Sin embargo, se conoce que durante dos años visitarán el país al menos seis veces.

El martes, el Gobierno y la CIDH firmaron el plan de trabajo de la Mesa de Seguimiento a la Aplicación del Informe del GIEI, que las víctimas también exigieron conocer porque no fueron convocadas al acto.