Desde la modificación al Código Civil (1975) hasta cambios en el Código Penal (Ley 1768 de 1997), además de ajustes urgentes al presupuesto del Órgano Judicial, se contemplan entre los siete proyectos de ley que ya fueron enviados a la Asamblea Legislativa y que buscan activar una reforma integral al sistema judicial de Bolivia.
Seis de estos proyectos de ley son propuestos por instancias del Órgano Judicial como son el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura, que entre marzo y abril presentaron sus proyectos en la Asamblea Legislativa en la ciudad de La Paz. En tanto que el séptimo proyecto surge de la misma Comisión de Justicia Plural, informó a EL DEBER el presidente de esta instancia legislativa, Manolo Rojas (PDC).
“Estamos en una reingeniería de la justicia”, resumió Rojas tras una sucinta explicación de las propuestas que empezará a tratar la Comisión a su cargo, pero antes de agendar los proyectos en las sesiones de dicha Comisión, instancia que se reunirá con los magistrados del Órgano Judicial y también con el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
“Nos vamos a reunir en la Asamblea para intercambiar criterios, para debatir varios aspectos que talvez puedan no estar claros, para que máximo en dos semanas más tengamos la primera sesión dentro de la Comisión para avanzar con este paquete de leyes”, indicó Rojas.
Entre los proyectos que presentó el TSJ está la implementación del Sistema Informático de Gestión de Causas (SIGC), para consolidar el expediente digital en todo el país y la modificación al Código Civil que data desde hace 50 años.
“Hay muchos vacíos legales, muchas cosas que rayan en lo irregular dentro este Código, que tienen que ser modificados”, dijo Rojas.
Con otro proyecto de ley el TSJ plantea generar sus recursos propios con la administración de justicia. “Muchos recursos judiciales, como las fianzas que ingresan mediante los procesos, no son administrados por ellos. Solo los custodian, no generan interés, no generan absolutamente nada. Con una buena fiscalización pueden ser usados para autosustentarse”, explicó.
El Consejo de la Magistratura, presentó dos proyectos de ley, uno de ellos plantea modificar la Ley 025 del Órgano Judicial para optimizar la administración de justicia, reducir la carga procesal y fortalecer los mecanismos disciplinarios. “Se está gestionando para tener más jueces y no le va a costar nada al Estado, vamos a tener aproximadamente 300 jueces nuevos con su personal de apoyo judicial”, dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer.
La propuesta es que los martilleros, que son las personas que están a cargo de los remates de bienes, sean parte del Órgano Judicial ya que a la fecha están a cargo de privados. La meta es que todo el dinero que se genera por este trabajo en los remates vaya al Órgano Judicial.