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El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) reveló ayer que Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena (Fondioc), “fue obligado a viajar con Covid” a diferentes partes del país para que asista a los juzgados donde se han desarrollado decenas audiencias por los juicios que se iniciaron en su contra.

La directora de esta organización, Emma Bolshia Bravo, dijo a EL DEBER que ese dato y otros “abusos y torturas” que documentó el ITEI serán publicadas próximamente. Precisó que su entidad comenzó a trabajar en este caso desde 2017, cuando brindó apoyo psicológico al exdirector del Fondioc que denunció un desfalco de más de Bs 700 millones por parte de dirigentes afines al MAS. 

Pero el ITEI ayer adelantó parte del reporte y señaló, en un comunicado, que los órganos Ejecutivo y Judicial además de la Policía fueron identificados como los responsables de haber puesto en peligro la vida del fallecido exfuncionario.

Ese monstruo de tres cabezas conformado por ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Policía han puesto en peligro la vida del señor Aramayo en más de una ocasión”, señala una parte del pronunciamiento del ITEI.

Esta entidad que ya documentó denuncias de las víctimas de Sacaba y Senkata en el contexto de la crisis política de 2019, consideró que el Órgano Judicial tiene la mayor responsabilidad. “Ha hecho caso omiso del derecho a la presunción de inocencia”, señala el documento divulgado ayer.

El documento señala que hace un par de semanas, “el aparato judicial, que incluye a la Fiscalía”, activó nuevos procesos y le aplicaron cautelares, pese a que ya estaba detenido hace siete años

Sobre el Ejecutivo, señala que desde el momento en que Aramayo denunció las irregularidades del Fondo Indígena en 2015, fue estigmatizado socialmente por las autoridades en los medios.

Respecto a la Policía, esta organización señala “muchos de los escoltas designados para los viajes lo torturaron”, además “le privaron de alimentos, agua y medicamentos durante horas”.

El abogado Héctor Castellón defendió a Marco Aramayo desde que estalló el escándalo. Señaló que él acudía a denuncias en casi todo el país y que en hubo jornadas en las que enfrentó más de 10 audiencias en un solo día y en distintas regiones del país. Por eso es que, en muchas ocasiones, tenía que quedarse en alguna carceleta antes de volver a La Paz. En total, el exdirector del Fondioc estuvo encerrado en 57 recintos.

Adolfo Chávez, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), recomendó a la familia elevar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) porque los abusos apuntaron a “escarmentar” a todos los originarios que se atrevan a denunciar a autoridades.

El Consejo de la Magistratura, por su lado, intervino ayer 21 juzgados disciplinarios de los tribunales departamentales de justicia del país, debido a irregularidades. El presidente la Magistratura, Marvin Molina, dijo que existen denuncias contra decenas de jueces en todo el país.

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