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La relación entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y el Gobierno no es de las mejores. Existe molestia en la entidad castrense por los juicios contra exjefes militares. Al menos son tres procesos en los que se involucra a miembros de las FFAA. En la Policía la situación va mejorando, a pesar de que existe una investigación interna por el desarrollo del motín policial del año pasado.

Un jefe militar, que pidió no publicar su identidad, reveló a este medio que la relación entre las FFAA y el Gobierno “no es de las mejores”, pero que existe la predisposición para “arreglar” la situación.

“Hay que ser sinceros para mejorar esta relación. Hay molestia por los juicios que se van instalando contra militares que solo cumplieron órdenes. (El Gobierno) tiene que mostrar predisposición para que esto pueda mejorar”, afirmó la fuente de las FFAA.

La relación con la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) venía de capa caída en los últimos días de Evo Morales como presidente. El exmandatario tenía problemas con oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y, según el exministro Carlos Romero, los militares obstaculizaban que el exjefe de Estado pueda viajar en aeronaves de la FAB.

A eso se suma el relato de Morales, quien contó que el general Gonzalo Terceros, excomandante de la FAB, intentó evitar en noviembre del año pasado que la aeronave mexicana que vino a recoger al expresidente pueda ingresar a territorio nacional. Además, Evo refirió que fue el exvicepresidente Álvaro García quien llamó a Terceros para pedirle que deje aterrizar el FAB 001 en el aeropuerto de Chimoré, en el trópico de Cochabamba.

Los conflictos tras la salida de Evo Morales pusieron en primer plano a las FFAA. La expresidenta Jeanine Áñez aprobó un decreto supremo que deslindaba de responsabilidad a los militares durante los conflictos.

El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano comentó que la exención de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas solo se aplicaba para casos de “legítima defensa o estado de necesidad”. “No significa que las FFAA tengan licencia para matar”, indicó.

Los conflictos más grandes sucedieron en Senkata, El Alto, y Sacaba. En esos lugares, militantes del MAS salieron a las calles y bloquearon las vías. En el caso de Senkata no se permitió que los carros cisternas puedan salir de la planta gasificadora.

En esos conflictos se lamentó muertes de simpatizantes del MAS. Es por eso que ahora se iniciaron investigaciones de los hechos del año pasado. Uno de ellos lo instaló la exdiputada Lidia Patty, quien demandó por terrorismo a Luis Fernando Camacho, a José Luis Camacho, al excomandante de las FFAA Williams Kaliman, al exjefe de Estado Mayor Flavio Castro Arce San Martín, al exjefe de operaciones de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana Centellas y al comandante de la Policía Yuri Calderón Mariscal.

Entrega de información

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró que las FFAA entregarán información para que los casos del año pasado sean resueltos. La autoridad afirmó que esos datos se presentarán a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investiga los sucesos del año pasado.

“El presidente (Luis Arce) ha comprometido y también las autoridades del Alto Mando Militar, que toda la información disponible y que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, se va a entregar en forma institucional”, dijo Novillo.

Por los hechos de Sacaba se encuentra con detención domiciliaria el comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar. El oficial fue vinculado a los violentos hechos que acabaron con diez muertos por impacto de bala. En su defensa, el jefe militar indicó que solo cumplía tareas administrativas y que era el quinto hombre en la cadena de mando.

El Alto Mando Militar se pronunció sobre este proceso y aclararó que solo siguen órdenes del Capitán General, que en ese entonces era la presidenta Jeanine Áñez. Los miembros de las FFAA se declararon “desconcertadas” por la detención del general Cuéllar, quien fue procesado por la vía ordinaria. En ese sentido, el Ministerio de Defensa recordó a los militares que en los casos como Senkata y Sacaba la justicia ordinaria está por encima de la militar.

“Cuando los conflictos son inminentes invocamos a Dios y llamamos al soldado, cuando el conflicto pasa olvidamos a Dios y juzgamos al soldado”, fue el mensaje del comandante de las FFAA, general Jaime Zabala, al cerrar la lectura del pronunciamiento militar por la detención de Cuéllar.

Al respecto, el abogado Omar Durán explicó que los efectivos militares investigados deberían ser juzgados en la justicia militar y no en la ordinaria, como argumentan autoridades nacionales. El jurista afirmó que lo más preocupante es que obliguen a las FFAA a entregar documentos reservados a la GIEI-Bolivia, que es un grupo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durán acotó que el presidente Arce “no tiene esa potestad” de instruir que entreguen información secreta. “Las FFAA no tienen por qué dar información secreta. Por eso, los documentos militares tienen en la parte superior denominativos de ultrasecreto, secreto y reservado y la persona que dé información estaría cayendo en el delito de revelación de secreto y eso está penado por el Código Penal”, aseguró Durán.

Mientras, la presidenta de la comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, Magaly Gómez, consideró que las FFAA y la Policía deben trabajar por el bien del pueblo y que las investigaciones deben seguir su curso por los hechos del año pasado que terminaron con la vida de 36 personas.

“La educación es la medicina más efectiva para que se depongan actitudes negativas. Hay que sancionar si es que existen personas que infrinjan la normativa. Y finalmente, en caso de que existieran acciones de daños, pues aplica la sanción”, afirmó Gómez.

El fiscal Wálter Lora informó que “se está investigando a los generales que en su momento fueron los encargados de los operativos”. Se conoció que son tres exjefes de las FFAA, que según el representante del Ministerio Público serán citados a declarar.

Situación policial

La situación al interior de la Policía tampoco es de las mejores. La investigación del motín policial de la pasada gestión provocó la molestia de los efectivos. El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, señaló que no se involucrará en la indagación, que por ahora está a cargo de la Fiscalía policial.

Sobre el tema, el viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, aseguró que las investigaciones que surgieron no tienen el fin de demandar a personas civiles, sino entre quienes conducían la Policía y las FFAA en ese entonces y algunos actores políticos, como los exministros Arturo Murillo y Fernando López.

“Hubo un sector de la Policía Boliviana que se levantó contra el orden constitucional, hubo unas Fuerzas Armadas que pidieron la renuncia al presidente (Morales), lejos de su obligación constitucional, hubo actores políticos que desconocieron el orden establecido e incitaron a la subversión, entonces, esos hechos deben ser investigados y esclarecerse”, remarcó Rodas.

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