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La presión de nueve sectores sociales afines al MAS provocaron que el Gobierno suspenda la vigencia de los decretos supremos 4640 y 4641 que obligaban a la presentación del carnet de vacunación o una prueba PCR negativa para realizar trámites o ingresar a espacios públicos.

En este caso, fueron sectores sociales de La Paz y El Alto que le ganaron la pulseada a la administración de Luis Arce. La oposición ve debilidad en el oficialismo.

La Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz estableció el plazo de 24 horas, que vencía ayer, para suspender la medida y señalaron estar de acuerdo con la vacunación, pero no con que el Poder Ejecutivo se las imponga.

Los cocaleros de Yungas se manifestaron en contra de la vacunación de forma más explícita. “Nos quieren poner eso en el cuerpo, están haciendo un experimento con nosotros y están atentando contra la vida de los bolivianos, de aquí a un tiempo. Tenemos el derecho a definir si es que nos vacunamos o no. Le damos 24 a 48 horas para que abrogue”, dijo un dirigente mientras se movilizaba junto a un grupo de sus compañeros a media cuadra de su sede, en la zona paceña de Villa Fátima.

Las juventudes del MAS pidieron una pausa a las normas para aplicarlas en el área rural. Por su lado, el Comité Cívico de El Alto solicitó al presidente Luis Arce, a través de un comunicado, modificar la norma y que se consensue con los sectores para tomar esas decisiones.

“No estamos pidiendo la abrogación para no tener problemas. El Gobierno nos debe tomar en cuenta para evitar problemas posteriores en nuestro país porque este decreto no ha sido consensuado”, señala el texto.

Las federaciones de campesinos Tupac Katari, bartolinas, Interculturales, Conamaq y Cofecay señalaron que no acatarían los decretos, se declararon en estado de emergencia y no descartaron movilizaciones para anular ambas normas.
“No estamos en contra de nuestro Gobierno, estamos en contra de este ministro de Salud y sus viceministros porque ellos han manejado este decreto. Si no se abroga, si no se toma en cuenta a las organizaciones sociales, nos veremos obligados a movilizarnos, eso significa la última parte cuando declara estado de emergencia”, dijo el secretario general de la federación paceña de campesinos, José Luis Chura. A ellos se sumaron organizaciones cristianas, que defienden la libertad de elección y que por convicción religiosa prefieren no vacunarse.

El lunes, en La Paz, representantes de estas organizaciones presentaron acciones en contra de los dos decretos; mientras que en Santa Cruz el Colegio de Abogados presentó otras en contra las dos normas, demandando a las principales autoridades del Órgano Ejecutivo. 

En total fueron dos acciones populares, dos amparos, y llegarán al TCP, porque un concejal suplente cruceño presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió los decretos antes de que fueran suspendidos. “El artículo 35 de la Constitución Política del Estado habla del derecho a la salud y plantea que el Estado en todos sus niveles debe proteger la salud promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo, remarco esa palabra, y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”, dijo.

Como otro sustento, apuntó que en Bolivia se había aprobado el pacto de derechos económicos, sociales y culturales a través de la ley de 2119, que en su artículo 12 establece que el Estado tiene la obligación de emitir medidas para la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas y de otra índole para la lucha contra ellas. 

En entrevista con Red UNO, Lima dijo que los mensajes de la OMS y OPS son claves. “Lo importante es que el planeta tenga un 70% de vacunados para ir acabando la pandemia”. En el país la primera dosis está llegando al 70%, y con el esquema completo ya estamos cerca al 60%, aseveró. “Ya estamos muy cerca de cumplir las metas de la OMS y este esfuerzo está garantizado en la gratuidad. Son 22 millones de dosis compradas, adquiridas para que los bolivianos tengamos acceso a estas vacunas”, recalcó.

El ministro dijo que el concepto del decreto se sustentaba en el hecho de que los bolivianos presenten su carnet donde haya aglomeración, para que no se presente un foco que lleve al contagio del Covid-19. 

“El derecho mío a no vacunarme termina cuando comienza el derecho tuyo a una salud, a que tu familia esté protegida. Nosotros hemos planteado carnet de vacunación, si no lo tienes, lleva tu prueba PCR vigente”, decía.
Insistió en que no había “obligación de vacunarse. Será un supermercado un lugar de aglomeración, pero habrá horas en las que puedas acudir”.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, cuestionó la decisión del Gobierno central de postergar la exigencia del carnet de vacunación hasta el 26 de enero.

“Es una decisión del Gobierno, yo no la creo acertada, les diré, porque  bastante gente ha venido a pedir la vacunación. Nos faltaba un poco de organización con el Sedes, pero nosotros hemos coordinado directamente con el Ministerio de Salud para la dotación de las vacunas”, afirmó Copa.

La alcaldesa lamentó que tras el anuncio del Gobierno, las filas se hayan reducido en algunos puntos de vacunación. Señaló que es “bajar la guardia”.

La senadora de Creemos Centa Rek consideró que el Gobierno muestra “incoherencia, improvisación y debilidad. No tienen una política que la puedan sostener en el tiempo. Por ello, ante determinadas situaciones de reacción de sectores del MAS optan por retroceder. En Santa Cruz, en El Alto, otra vez baja la afluencia en los centros de vacunación”, dijo.

El diputado de CC Marcelo Pedraza calificó la decisión como un desacierto, porque debió ser una ley y no un simple decreto.

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