El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira llegó a sus primeros seis meses atrapado en una paradoja política: mientras promete transformar el Estado y reordenar la economía, enfrenta dificultades para sostener incluso sus propias decisiones.
La controversia por la Ley 1720 terminó convirtiéndose en el símbolo más visible de esas contradicciones. La norma, presentada como parte del paquete de reformas estructurales del Ejecutivo, fue promulgada en un acto junto al sector productivo cruceño y ahora el propio oficialismo discute su posible abrogación tras semanas de presión social, marchas y cuestionamientos.
El episodio dejó al descubierto un problema que empieza a repetirse en distintos frentes: un Gobierno con ambición reformista, pero con escasa ingeniería política para ejecutar sus cambios.
El sociólogo Renzo Abruzzese resumió el escenario con una frase contundente durante el programa EL DEBER Influyentes: “No puedes gobernar un país sin leyes”.
Reformas anunciadas, resultados pendientes
Durante la campaña y los primeros meses de gestión, Rodrigo Paz habló de una transformación estructural basada en nuevas leyes de inversiones, hidrocarburos y reorganización estatal. También impulsó medidas económicas orientadas a estabilizar la liquidez, recuperar confianza internacional y atraer inversión.
Entre los principales logros que reivindica el Ejecutivo aparecen la reciente colocación de bonos soberanos por $us 1.000 millones, la reducción de la inflación interanual respecto a 2025 y un mayor acercamiento con organismos internacionales.
Pero el balance político es más complejo.
Abruzzese sostiene que el principal problema del Gobierno es la falta de resultados visibles. “Hay muy buenas intenciones y una figura muy elaborada de lo que se pretendería hacer, pero faltan resultados”, afirmó.
La crítica no se limita a la gestión económica. También apunta a la construcción de poder. Rodrigo Paz gobierna sin una estructura partidaria consolidada, distanciado de la sigla que lo llevó al poder y sin una bancada sólida en la Asamblea Legislativa.
Ese vacío se vuelve especialmente delicado cuando el Ejecutivo intenta impulsar leyes sensibles en medio de conflictos sociales, protestas sindicales y presión corporativa.
La Ley 1720 y el error político
Para Abruzzese, el conflicto por la Ley 1720 no fue solo un problema técnico, sino un error estratégico.
“No puedes lanzar una ley de la naturaleza de la 17-20 sin consensuar”, afirmó el sociólogo, quien recordó que la norma toca aspectos históricos vinculados a la reforma agraria y al modelo de propiedad rural.
El analista considera que el Gobierno subestimó el peso simbólico y político de la medida, especialmente al promulgarla en un acto ligado al sector agroindustrial cruceño.
“Hay errores estratégicos, errores de movimientos políticos internos en la gestión del poder”, sostuvo.
La consecuencia fue inmediata: movilizaciones, amenazas de bloqueos y un retroceso político que ahora pone en duda el resto del paquete de reformas prometidas.
El riesgo: un gobierno que cede
La preocupación de los analistas es que el conflicto de la Ley 1720 termine marcando el tono del resto del mandato.
“Si cede de la forma en que está cediendo a las presiones sociales, el paquete de leyes estructurales no lo va a poder hacer”, advirtió Abruzzese.
El problema no es menor. El Gobierno enfrenta una economía todavía frágil, déficit fiscal elevado, presión cambiaria y sectores sociales movilizados. En ese contexto, cualquier reforma profunda requerirá acuerdos políticos que hoy parecen lejanos.
El propio Abruzzese fue más allá y planteó que el país atraviesa un momento histórico decisivo. “Lo que salga de aquí es para 20 años”, afirmó.
A seis meses de gestión, Rodrigo Paz todavía conserva margen político y respaldo ciudadano en sectores urbanos y productivos. Pero la crisis de la Ley 1720 dejó una advertencia clara: sin consensos, sin estructura política y sin resultados concretos, las reformas pueden convertirse rápidamente en un boomerang para el propio Gobierno.