Rómulo Calvo fue sentenciado a dos años de prisión por el 'caso wiphala'

“¡No me pueden detener!”, “¡Tengo una audiencia el lunes y tengo derecho a apelar!” exclamaba el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, cuando un grupo de Policías le impedía salir del edificio del Tribunal Departamental del Justicia. Poco antes, el juez Carlos Alberto Moreira, lo sentenció a dos años de cárcel por el supuesto ultraje a la wiphala en septiembre de 2021.

Al ser una sentencia de dos años, no debe cumplirla dentro de un centro penitenciario, según lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, en su acápite referido a la suspensión condicional de la pena. Sólo si le daban una pena de cinco años, podía ser trasladado a prisión. 

La audiencia de sentencia se inició poco después de las 16:00 de ayer. Calvo fue acusado por el delito de incitación al racismo y ultraje a símbolos nacionales.
La Ley 045 contra el racismo y la discriminación, establece en el artículo 281 que “la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación... o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cinco años”.

El juez definió la sentencia por dos años, lo que desencandenó un enfrentamiento entre abogados y cívicos que acompañaban a Calvo, con efectivos del grupo Delta de la Policía Boliviana.

Tras el veredicto emitido tras casi cuatro horas de audiencia, se registró un incidente en el piso 6 del Palacio de Justicia cuando agentes policiales que portaban equipos antimotines impedían la salida del excívico cruceño y luego intentaron detenerlo, lo que produjo la reacción del mismo Calvo, su equipo jurídico y de un grupo de ciudadanos.

“¡¿Por qué no puedo salir?!, ¡el juicio continúa el lunes, tengo derecho a apelar!, ¡no me pueden detener ahora!”, exclamó Calvo a un uniformado. En ese momento, cuando los reclamos se imponían en el lugar, los uniformados que estaban pertrechados hicieron uso del gas lacrimógeno en contra de los ciudadanos que integraban la comitiva cívica y medios de comunicación que realizaban la cobertura del hecho, dejándolos con dificultad para respirar por la inhalación del químico.

El vicepresidente cívico Stello Cochamanidis señaló indignado que la sentencia “denota el servilismo del juez Moreira. No se lo puede llamar juez porque lo último que hizo fue impartir justicia. Hasta el punto de intentar detenerlo cuando el doctor Calvo tenía todo el derecho de salir en libertad. Ellos intentaban retenernos de una manera violenta e ilegal del Palacio de Justicia. Este es un hecho nefasto, Moreira vive en Santa Cruz y va a tener que cargar con esta cruz por ir en contra de la ley”, manifestó.

Complementó que la sentencia es inadmisible. “Este es un precedente nefasto para la justicia del país. Calvo es sentenciado por un hecho y se demostró que ni siquiera estuvo ahí”, manifestó. E insistió, que más allá de que Calvo no deba ir a prisión, “vamos a apelar”.

Más tarde, Calvo recibió a periodistas en su domicilio y señaló que recibe la sentencia con serenidad, en paz, pero lamentando “la justicia que tenemos”. Luego, fustigó a la fiscal Margoth Vargas Jordán “una delincuente, copió una denuncia y no investigó. Si lo hubiera hecho hubiera confirmado que yo ni siquiera estuve en ese acto en 2021”, manifestó.

Este caso fue activado a denuncia de asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, quienes acusaron a Calvo de decir que la wiphala es un “trapo” que no lo representa, y solicitar que se quite del mástil de la plaza 24 de Septiembre durante los actos de la efeméride departamental en 2021.

En dicha ocasión, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho suspendió sorpresivamente el acto protocolar, minutos antes de que interviniera el vicepresidente David Choquehuanca, quien se desempeñaba como presidente interino.

Sin embargo, la declaración de Calvo en la que dijo que la bandera era “un trapo que no lo representa”, data del 12 de octubre de 2021, luego de que organizaciones afines al MAS realizaran una marcha por la “reivindicación de la wiphala y la defensa del gobierno de Luis Arce” y no del 24 de septiembre de dicho año.

Luego, explicó que en el Palacio de Justicia, “hubo un momento en que la justicia me quiso llevar con engaños. Se apostaron en la puerta y quisieron meterme a una camioneta, supuestamente para llevarme a mi casa”.
Comentó que lo consideró “un cuento, no me quise subir, y comenzaron a amedrentar a todas las personas que nos acompapañaban. Gasificaron a todos, como lo hicieron en los 36 días de paro”.