Escucha esta nota aquí

A un año de las muertes ocurridas en Senkata, en la ciudad de El Alto, el oficialismo participó de actos recordatorios exigiendo justicia. El mismo tono tienen los acontecimientos en Sacaba y ahora el MAS se abre a que se investiguen los otros hechos que sucedieron la pasada gestión, como las muertes de dos opositores en Montero o las quemas de las casas de Waldo Albarracín (ex rector de la UMSA) y de Casimira Lema (periodista), así como de buses públicos en la sede de Gobierno. 

En el Legislativo suenan voces que piden reanudar el debate sobre un posible juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Fernando López.

Senkata vivió el jueves una jornada triste. Los vecinos recordaron la muerte de diez personas durante los conflictos del año pasado que fueron provocados por las irregularidades en las elecciones anuladas. En los actos participaron los ministros de Defensa, Edmundo Novillo; de Gobierno, Eduardo del Castillo; delegados de Naciones Unidas; y la defensora del pueblo, Nadia Cruz. 

Esta última cuestionó el trabajo de la Fiscalía porque no avanzó en las investigaciones no solo de Senkata y Sacaba, sino también de Montero, en Santa Cruz; Huayculi, en Cochabamba; Vila Vila y Challapata, en Oruro; y otros episodios de violencia en la sede de Gobierno.

“A un año de las masacres de Senkata y Sacaba, de las muertes registradas en la zona sur de La Paz, en Betanzos, en Montero y en el norte integrado cruceño, estos hechos se mantienen impunes porque el Ministerio Público hasta la fecha no ha hecho nada porque las investigaciones avancen”, reprochó Cruz.

Una marcha y una misa dio el inicio a los actos recordatorios por las muertes en Senkata. Los familiares piden justicia y lo hicieron en frente de los ministros Novillo y Del Castillo. “No hubo ningún tipo de avance en las investigaciones y hasta ahora no hay culpables. Los mataron con armas de fuego, con bala, y ahora no hay nada”, reclamó un familiar.

Diez fallecidos fue el saldo fatal de un operativo militar y policial ordenado por la administración de Jeanine Áñez. La expresidenta firmó un decreto supremo que libraba de responsabilidad a miembros de las Fuerzas Armadas (FFFA) durante los conflictos.

En la Cámara de Senadores se aprobó el jueves una resolución que establece un homenaje a las víctimas de los hechos del conflicto poselectoral de noviembre de 2019. Estos acontecimientos se dieron en los primeros días de gestión de Jeanine Áñez. La instancia legislativa los declaró “defensores de la democracia del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Otros hechos

El ministro Del Castillo adelantó que la siguiente semana se firmará un protocolo con los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue los hechos violentos que en 2019 causaron la muerte de 36 personas en Senkata, Sacaba, Montero y El Pedregal, a raíz de las protestas por las irregularidades electorales.

Sin embargo, en el caso de Montero no hubo contactos con los familiares de las víctimas que fallecieron por un enfrentamiento entre militantes del MAS y quienes defendían el paro cívico.

Marcelo Terrazas, hijo del fallecido Marcelo Terrazas Seleme, que murió en los enfrentamientos suscitados en Montero a fines de octubre de 2019, contó a EL DEBER que, hasta el momento, nadie de la CIDH se comunicó con su familia para que cuenten lo que aconteció ese día.
“Siempre estuve dispuesto para todo. No hay problema (en hacerlo)”, dijo Terrazas.

En La Paz, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín sufrió la quema de su casa. El hijo de la exautoridad universitaria, Franco Albarracín, afirmó que no hubo contactos con la familia para investigar los hechos en su domicilio. “Era necesaria una investigación técnica, imparcial, sin ignorar los hechos que en algunos casos son igualmente graves, como los asesinatos en Montero y otros tristes hechos”, cuestionó.

Mientras, el diputado Daniel Rojas Montes (MAS) adelantó que las comisiones reanudará el debate para instalar un juicio de responsabilidades contra Áñez. “De donde yo vengo, Yapacaní, hay un muerto por un proyectil FN FAL 7.62. Le han dejado hueco el ojo, no creo que la población civil maneje ese tipo de armamento”, dijo.