La Paz amaneció sitiada, otra vez. Filas interminables por combustible, mercados golpeados por la escasez, transporte paralizado y ciudadanos enfrentándose entre sí en medio de bloqueos y contrabloqueos. En ese escenario de creciente tensión social, el expresidente Jorge Tuto Quiroga asegura que Bolivia atraviesa una de las coyunturas más delicadas de los últimos años.
En entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER, el exmandatario sostuvo que el Gobierno perdió capacidad de convocatoria, cuestionó el manejo político de la crisis y alertó sobre un vacío de autoridad que, a su juicio, está siendo aprovechado por Evo Morales para intentar “reventar la democracia”.
Quiroga también pidió que la Conferencia Episcopal Boliviana asuma un rol de mediación, recordó experiencias críticas vividas durante su etapa en el poder y aseguró que el país necesita liderazgo político antes de que la confrontación social termine escalando.
“La situación hoy es dramática”
—¿Cuál es su diagnóstico sobre la crisis que vive el país?
—La situación hoy es dramática. Hay angustia y zozobra profunda. Muchísima gente no puede abrir sus puestos de venta y, cuando logra hacerlo, ya casi no aparecen compradores. Los precios del pollo, de la carne y de los productos básicos están por las nubes. En La Paz estamos viviendo una situación límite.
Además, ya ni siquiera estamos hablando solamente de las colas por combustible. Directamente no hay gasolina. La gente se organiza buscando amigos o conocidos que todavía tengan medio tanque para poder movilizarse. Hemos pasado de las colas interminables a una gasolina cara y de mala calidad, y ahora simplemente ya no existe.
Lo más preocupante es que incluso los transportistas, cansados de esperar durante horas, empezaron a bloquear. Hoy tenemos bloqueos contra los bloqueos. La Paz está atrapada en una dinámica de enorme tensión social y económica.
“El Gobierno perdió capacidad de convocatoria”
—¿Qué debería hacer el Gobierno frente a este escenario?
—Lo primero es reconocer la realidad. El Gobierno ha perdido poder de convocatoria. Eso quedó claro cuando intentó dos operativos de desbloqueo que terminararon fracasando. Se habló de corredores, de banderas y de distintas estrategias, pero nada funcionó.
Por eso creo que debe actuar con humildad y pedir formalmente la mediación de la Conferencia Episcopal Boliviana. La Iglesia ha jugado un papel decisivo en momentos críticos de nuestra historia reciente. En 2019 ayudó a encauzar una salida democrática en medio de una crisis muy profunda.
Hoy se necesita nuevamente una instancia creíble que convoque a dialogar. Porque el riesgo es que los enfrentamientos ya no sean entre movilizados y policías, sino entre ciudadanos desesperados. Y eso sería gravísimo.
“En La Paz hay una bronca acumulada”
—Usted mencionó que parte de la tensión actual también tiene raíces políticas en La Paz. ¿Qué tan importante es ese factor?
—Es muy importante y el Gobierno lo subestimó completamente. Aquí hay una bronca acumulada en amplios sectores paceños y aymaras por cómo se manejó la elección de la Gobernación. Muchísima gente sintió que se le arrebató el derecho a decidir plenamente quién debía gobernar el departamento.
Yo lo dije en su momento: fue un error gravísimo impedir una segunda vuelta cuando en otras regiones sí existió esa posibilidad. En La Paz quedó la percepción de que hubo una imposición política con un respaldo electoral muy reducido. Y eso dejó heridas abiertas.
Cuando uno conversa con sectores de provincias o con organizaciones aymaras encuentra un sentimiento de frustración y desconfianza que no desapareció. Al contrario, se fue acumulando silenciosamente.
Y si a eso se le suma la falta de combustible, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la sensación de abandono estatal, se genera un caldo de cultivo extremadamente peligroso. Las crisis nunca explotan por una sola razón. Siempre hay malestares acumulados que terminan detonando al mismo tiempo.
“Hay reivindicaciones legítimas, pero también oportunistas”
—Usted habló de sectores que buscan aprovechar el conflicto. ¿A quiénes se refiere?
—Hay demandas legítimas. La indignación por el combustible existe. También hay malestar salarial en sectores como salud y educación. Pero sobre esas reivindicaciones también cabalgan oportunistas.
Y aquí hay que hablar con claridad: Evo Morales está intentando generar un colapso institucional. Ayer volvió a mencionar el artículo 169 de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que está planteando la renuncia del presidente, del vicepresidente y de los presidentes de las cámaras para forzar una sucesión que desemboque en elecciones anticipadas.
No es casual. Lo hace porque tiene mandamientos de aprehensión y porque busca escapar de la justicia. Está tratando de crear un foco de conflicto político para distraer de los problemas judiciales que lo rodean a él y a sus aliados internacionales.
“No se puede gobernar escondido”
—¿Qué lectura hace del silencio del Gobierno después de los hechos violentos registrados en los desbloqueos?
—Es un error gravísimo. En momentos de crisis los gobernantes no pueden esconderse. Tienen que dar la cara. No entiendo cómo pasan horas y horas sin que aparezcan ministros, voceros o el propio Presidente explicándole algo al país.
Cuando el Gobierno deja vacíos de información, esos vacíos los llenan el miedo, la incertidumbre y los rumores. La gente necesita conducción, necesita orientación.
Yo aprendí algo en el ejercicio del poder: en crisis hay que hablar, aunque sea para transmitir serenidad. Pero hoy lo que vemos es silencio. Y ese silencio termina siendo muy dañino políticamente.
“La Iglesia debe mediar antes de que esto escale”
—¿Con quién debería dialogar la Iglesia?
—Con todos los sectores movilizados y con el Gobierno. La Conferencia Episcopal ya ha cumplido ese papel antes. En momentos difíciles vimos a dirigentes sindicales y autoridades sentados dialogando gracias a esa intermediación.
El Palacio hoy no tiene capacidad de convocatoria. Esa es la realidad. Por eso se necesita una institución que todavía conserve legitimidad y credibilidad ante distintos actores.
Y además creo que las principales autoridades del país deberían dar una señal conjunta de defensa del orden constitucional. Más allá de diferencias políticas, éste no es momento para infantilismos ni cálculos pequeños.
“Un estado de excepción no garantiza autoridad”
—Usted vivió desde el poder una experiencia crítica en el año 2000, cuando se declaró un estado de sitio que terminó fracasando. ¿Qué le dejó esa experiencia?
—Me dejó una lección muy clara: un decreto no resuelve una crisis si el Estado no tiene cohesión real. En abril del año 2000 se declaró estado de sitio en medio de un conflicto muy grave y aquello terminó fracasando porque la Policía se amotinó. No existían condiciones institucionales para sostener una medida de esa magnitud.
Recuerdo perfectamente el ambiente de tensión de esos días. Había malestar salarial, desgaste político y errores en el manejo interno. Cuando las fuerzas encargadas de ejecutar las decisiones no están alineadas, cualquier medida extraordinaria puede terminar agravando todavía más el conflicto.
Por eso hoy soy muy cuidadoso cuando escucho hablar de estado de excepción como si fuera una solución automática. No basta con firmar un decreto y anunciarlo por televisión.
La verdadera pregunta es si hoy existe cohesión en la Policía, respaldo pleno de las Fuerzas Armadas, logística, abastecimiento y capacidad operativa para sostener una medida así en medio de una crisis nacional.
Ésas son las preguntas de fondo. Porque cuando un gobierno pierde autoridad política y capacidad de conducción, las medidas excepcionales pueden transformarse en señales de debilidad y no de fortaleza.
Bolivia necesita hoy algo más difícil que decretos: liderazgo, coordinación institucional y capacidad real de conducción política.
“No vengo a echar gasolina al fuego”
—Como opositor y expresidente, ¿qué papel cree que debe asumir en esta coyuntura?
—La defensa total y abierta de la democracia y del orden constitucional. Yo soy opositor a este Gobierno y podría pasarme horas hablando de sus errores económicos, del manejo de la deuda o de las malas decisiones políticas que han tomado.
Pero no vengo a echar gasolina al fuego. En una situación así, lo responsable es ayudar a evitar que el país colapse institucionalmente.
Por eso valoro que desde el Congreso se haya dado una señal de respaldo al orden constitucional y a la necesidad de preservar la estabilidad democrática. Hay diferencias políticas, claro que sí, pero hay límites que no se pueden cruzar.
No podemos entrar a reventar la democracia cuando hay sectores que claramente están intentando empujar al país hacia el colapso. Bolivia necesita diálogo, liderazgo y responsabilidad política antes de que esta crisis termine desbordándose por completo.