Ven a la Justicia como un tren antiguo, con vagones de primera y tercera clase

Así como los vagones de un antiguo tren, la justicia en Bolivia recorre un camino sombrío y califica a las personas con determinadas categorías. Están los de primera, entre los afines al Gobierno que reciben tratamiento preferencial en los juzgados, y los otros, los de tercera, generalmente opositores, que enfrentan implacables procesos judiciales. 

El senador Henry Montero, de la alianza opositora Creemos, planteó este escenario. Dijo que en el país hay una justicia para los afines al MAS y hay otra, “ágil y dura” para quienes se le oponen.

El oficialismo respondió a través del senador Félix Ajpi. Afirmó que, antes de la llegada del MAS, los partidos tradicionales “se loteaban” las designaciones de jueces. “Es verdad que ahora el mal es la corrupción. Nuestros jueces deben ser cientistas del derecho, y tenemos a artesanos, fácilmente corruptibles”, reflexionó Ajpi.

En la reunión con el relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, los líderes de la oposición hicieron notar esta preocupación por la justicia. El gobernador cruceño y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, lamentó que el gobernante MAS hubiese construido un sistema judicial para perseguir a todo aquel que piensa distinto. 

“Este es un sistema que actúa políticamente, robándole el derecho a la legítima defensa y al debido proceso a aquellos que no comulgan con el partido de gobierno y dándole privilegios e impunidad a los que están dispuestos a pasarse a filas azules”, señaló.

Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), complementó que si el informe de Diego García-Sayán recoge la realidad, “no podrá decir otra cosa que no hay independencia judicial en Bolivia”.

En el vagón de la tercera clase se encuentra la expresidenta Jeanine Áñez, los activistas Mario Antonio ‘Tonchy’ Bascopé, de la Resistencia Juvenil Cochala, y el exdirigente cívico de Riberalta Katriel Müller Justiniano, quienes están encarcelados, en huelga de hambre y olvidados. Todos con el denominador común de haber participado en un supuesto golpe de Estado, tras la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

‘Tonchy’ Bascopé, recluido por su participación en la protesta de los 21 días tras el “fraude” de las elecciones del 20 de octubre de 2019, denunció el amedrentamiento que vive y se declaró en huelga de hambre “hasta las últimas consecuencias”. Müller, detenido desde noviembre por promover movilizaciones en contra del Gobierno sufre una condición similar.

Del otro lado está Maximiliano Dávila, el último jefe antidrogas del gobierno de Evo Morales que es requerido por la justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. En Bolivia es investigado por un caso de lavado de dinero y la DEA ofreció una recompensa de $us 5 millones para quien facilite información para que sea condenado por tráfico de drogas.

Por otro lado, autoridades han iniciado investigación en contra del actual gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, acusado por la compra irregular de 41 ambulancias. Sectores afines al MAS aseguran que el gobernador cuenta con la protección de Evo Morales, que impuso su candidatura para las subnacionales del año pasado.

Las dos caras

En una misma semana dos episodios desnudan las “preferencias” en la justicia. El miércoles por la tarde, Maximiliano Dávila sufrió una descompensación por hipertensión arterial. Un juez autorizó su traslado de la cárcel de San Pedro al Hospital del Tórax. Los médicos manifestaron a este medio que el recluso había sido estabilizado en el penal, así que más tardó en llegar a la sala de emergencias que en salir caminando de allí.

El viernes dos jueces emitieron una orden para que la expresidenta Áñez sea trasladada al hospital de Clínicas. Ella tuvo, desde su detención, el 15 de marzo de 2021, al menos cinco crisis hipertensivas y nunca se organizó un operativo para llevarla a un hospital, como pasó en el caso del coronel Dávila.

El 20 de marzo de 2020, un juez había declarado procedente una acción de libertad para que la expresidenta sea trasladada de la cárcel de Obrajes, donde estaba recluida entonces, a la Clínica del Sur. Más tarde, la decisión fue cambiada, y el destino no fue un nosocomio, sino el penal de Miraflores, donde está hoy recluida.

El viernes, tras una huelga de hambre de 10 días y de cuatro descompensaciones, otro juzgado admitió la acción de libertad y ordenó su traslado. La ambulancia la esperó por horas en la puerta, hasta que llegó un grupo afín al MAS que protestó e impidió la salida. Eso fue suficiente para que el mismo juzgado retroceda y diera la orden de atención médica en las instalaciones del penal.

El 20 de enero, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, admitió que hubo irregularidades en la adquisición de 41 ambulancias para la lucha contra el covid. Lo atribuyó a “malos funcionarios”. Solicitó una investigación. El fiscal general Juan Lanchipa dijo que no se actuará de oficio. El Ministerio de Justicia se querelló.

En el mismo departamento, el 10 de diciembre, un operativo policial, fuera de horario, interceptó el vehículo en que el exlíder cívico Marco Pumari se dirigía a su domicilio. Fue enmanillado y hoy está detenido en Cantumarca.
El operativo fue masivo. Rompió la tranquilidad y fue manejado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el comandante de la Policía desde la torre de control del aeropuerto.

Acusaron a Pumari por la quema del Tribunal Electoral Departamental tras las elecciones de 2019. Ni la familia del exlíder cívico supo dónde se encontraba. Dos días después, el juez primero de instrucción en lo penal de la localidad de Llallagua, Raúl Barriga, determinó la prisión preventiva en la poblacion de Uncía, a 230 kilómetros de la capital potosina. 

El 21 de diciembre, la justicia ordenó su trasladado al penal de Cantumarca, en Potosí, y redujo el plazo de su detención preventiva de seis a cuatro meses. Sin embargo, Pumari se quedó dos meses más en Uncía, y su traslado a la capital se produjo el 15 de febrero.

Mientras, en el vagón de primera clase viaja el gobernador potosino. Cuando se conoció el caso de la supuesta compra irregular de 41 ‘ambulancias fantasmas’, admitió que hubo corrupción. 

Días después, dijo que el caso era una “arremetida de la derecha” y que le importaba “un carajo” lo que digan los medios de comunicación. El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que es un caso de corrupción muy grave. Sin embargo, hasta ahora no hay una sola persona detenida, porque se sigue “el debido proceso”. El gobernador continúa en su despacho y ninguno de los más de 20 implicados fue citado a declarar.

La empresa Estefals Logistics se adjudicó la venta de los bienes públicos por un monto de Bs 20,5 millones a través de la minuta de contrato 215/2021, firmada el 26 de noviembre de 2021. La compañía se comprometió a entregar los vehículos en Potosí el 6 de enero, tras cumplirse un plazo “de 40 días calendario”, pero no cumplió.

La Gobernación de Potosí pagó por las ambulancias que nunca llegaron. La operación se ejecutó el 31 de diciembre, a través de cuatro cheques a favor de la empresa Estefals Logistics. Ese día, el Ministerio de Economía bloqueó el desembolso. La Cámara Automotor de Bolivia denunció que este caso desnuda a una red que desde 2011 ha encontrado un negociado en la nacionalización de vehículos. Pero el caso está en el vagón de primera clase y los plazos son mucho más lentos.