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Ecuador declaró el miércoles el estado de excepción para el sistema carcelario, en crisis por la sobrepoblación y la violencia entre bandas del narcotráfico, tras un amotinamiento del martes que deja 116 muertos, según el presidente Guillermo Lasso.

"Los saldos al momento nos dicen que hay 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son personas privadas de la libertad", expresó el mandatario en rueda de prensa en Guayaquil (suroeste), donde encabezó un comité de seguridad para controlar la emergencia.

El órgano gubernamental a cargo de las prisiones (SNAI) señaló previamente que "se confirman más de 100 #PPL (personas privadas de la libertad) fallecidas y 52 heridos".

Lasso, quien asumió el mayo último, tildó de "lamentable suceso" la revuelta del martes en uno de los reclusorios de este puerto, que pasó a ser la más sangrienta del año en el país, donde ya se registraban unos 120 presos fallecidos.

En febrero se produjeron amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles de tres ciudades, en los que murieron 79 reclusos.

El gobernante afirmó que "es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder" entre bandas criminales e indicó que coordina acciones que permitan al Estado "con absoluta firmeza recuperar el control de la penitenciaría del Litoral (escenario del amotinamiento) y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario".

Lasso también decretó el miércoles el estado de excepción para todo el sistema carcelario, con lo que el Ejecutivo está facultado a suspender derechos civiles y el uso de la fuerza pública para restablecer la normalidad.

En julio había declarado en "emergencia" al aparato penitenciario, distinto al estado de excepción, para poder movilizar recursos sin trámites burocráticos.

El SNAI anotó a su vez que la policía y la fiscalía "continúan levantado información" en la cárcel, que permanece acordonada por militares, apoyados por una tanqueta.

Debido a la crisis penitenciaria, alimentada también por la insuficiencia de guardias, y que ha llevado a declarar al sistema en emergencia a partir de 2019, los militares apoyan desde hace meses el control exterior de los reclusorios.

La fiscalía señaló que "la lucha por ostentar el poder al interior de la Penitenciaría del Litoral y la intención de parte de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país, habrían sido los detonantes de los enfrentamientos", que dejaron varios presidiarios decapitados.

Recortes y hacinamiento

Tenemos un Estado que ha reducido mucho la inversión en el tema carcelario y de seguridad. Ecuador ha pasado una pandemia que ha afectado muchísimo las arcas fiscales pero antes de esto teníamos un discurso de recorte de gastos”, asegura a RFI Carla Álvarez, especialista en seguridad, cárceles y control de armas y drogas.

 “Nos hemos quedado con unas cárceles que no tienen lo servicios adecuados, que no tienen inteligencia, ni equipamiento tecnológico para impedir la entrada de armas o drogas. Son cárceles desprovistas de todas las seguridades por falta de inversión y estas son las consecuencias”, subraya.

A esto se suma un estado absolutamente punitivo que resuelve la mayoría de los conflictos sociales a través de la cárcel. Entonces tenemos cárceles repletas de personas que cometieron delitos que podrían haber sido resueltos por otros medios, han sido encarcelados y ahora tenemos hacinamiento carcelarios, una sobrepoblación en la penitenciaría que no tienen las condiciones adecuadas”, agrega.

Tras el cruento amotinamiento carcelario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a condenar la violencia en las prisiones ecuatorianas.

"En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia", expresó por Twitter.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 se registraron 103 asesinatos en las penitenciarías del país, en las que la corrupción facilita el ingreso de armamento y municiones.

La revuelta agrava la crisis penitenciaria causada por los choques por el poder entre bandas con nexos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Dos de las organizaciones criminales de Ecuador tienen unos 20.000 miembros, según informes policiales.

En la nación, con 17,7 millones de habitantes, la violencia ha pasado a ser permanente en sus 65 cárceles, en las que están 39.000 personas sobre una capacidad para 30.000.

 

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