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El largo debate en el Senado chileno este martes concluyó con una votación en la que los diputados decidieron no destituir al presidente del país, Sebastián Piñera. El juicio político, que ya había pasado por la Cámara Baja, no alcanzó la mayoría de dos tercios con la que el mandatario podría haber sido depuesto del cargo. El presidente fue acusado de cometer irregularidades en la venta de una empresa minera.

Por Manuela Cano

Final del juicio político al presidente chileno, Sebastián Piñera. La votación en el Senado no alcanzó los dos tercios que se necesitaban para destituirlo, ya que la oposición solo consiguió 24 de los 29 votos necesarios,  Por lo que el presidente seguirá en el poder.  

La determinación llegó después de un largo debate en el que los senadores defendieron y atacaron al mandatario.

Piñera había sido acusado por supuestas irregularidades en la venta del proyecto minero Dominga, dedicado a la explotación de cobre y de hierro, en 2010. Un escándalo que surgió de la investigación periodística 'Papeles de Pandora', que reveló transacciones en el extranjero y en compañías 'offshore' por parte de figuras políticas de todo el mundo.

Durante la sesión, el vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, sentenció que la acusación era "completamente infundada, falsa, mentirosa".

Sin embargo, la semana pasada dichas acusaciones llevaron a que la Cámara Baja del país aprobara el proceso de juicio político con 78 votos a favor frente a 67 en contra. 

Ahora, con el rechazo de su destitución por parte del Senado, el presidente podrá acabar su periodo de mandato, que finaliza en marzo de 2022. 

La decisión se da cinco días antes de las elecciones del país, en la cuales los chilenos decidirán quién será el sucesor de Piñera, que no puede postularse a la reelección para dos mandatos consecutivos.

¿Por qué se inició un segundo juicio político en contra del presidente chileno? 

Sebastián Piñera ya se había enfrentado a una posible destitución por su presunta responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos durante las multitudinarias manifestaciones que se llevaron a cabo en el país en 2019. Proceso que, como el de este martes, no prosperó. 

Sin embargo, el nuevo juicio político era el que más había avanzado en la historia del país. La oposición denunciaba que el presidente había comprometido "el honor de la nación" por la venta de la empresa minera Dominga que, según los 'Papeles de Pandora', se llevó a cabo en un paraíso fiscal. 

La investigación periodística reveló que uno de los hijos del presidente realizó la venta en las Islas Vírgenes Británicas, haciendo uso de compañías 'offshore', empresas abiertas en territorios donde los propietarios no tienen ninguna actividad económica. 

Además, el trato se había dado en tres cuotas. La última estipulaba que la zona donde se encontraba el proyecto minero no fuera declarada bajo protección ambiental. Un decreto que nunca llegó en la primera administración del presidente en el periodo entre 2010 y 2014. 

La filtración de los documentos llevó a la oposición a decir que el presidente había incurrido en un "conflicto de intereses". Una denuncia que Piñera negó recalcando que un tribunal lo había declarado inocente en 2017.

Ahora, a pesar de que el Senado consideró que el mandatario no debía ser destituido por dichas acusaciones, la Fiscalía lo continúa investigando por los mismos cargos. 

La negativa de destitución, a días de unas elecciones inciertas 

El fallido proceso de destitución se suma a un panorama complejo en el que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales del país el 21 de noviembre.

Unos comicios que determinarán el sucesor de Piñera, quien acaba un mandato marcado por las luchas sociales de gran parte de la sociedad, su manejo de la pandemia del Covid-19 y su reciente anuncio de la militarización de varias zonas del sur de chile en territorios reclamados ancestralmente por las comunidades mapuches.

Escenario al que se le suma la redacción de la nueva Constitución del país por parte de la Convención Constituyente, que dotará a Chile de una Carta Magna que reemplace la que ha permanecido desde la dictadura de Augusto Pinochet.

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