En torno a 850.000 personas de la minoría rohinyá huyeron al país vecino donde fueron enviados a campamentos, unos 600.000 están viviendo en el estado birmano de Rakhine

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21 de marzo de 2022, 14:12 PM
21 de marzo de 2022, 14:12 PM

El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, hará oficial la denuncia durante una visita este lunes al Museo del Holocausto de Washington, donde actualmente hay una exposición sobre esta violencia titulada “El camino de Birmania hacia el genocidio”. Cientos de miles de musulmanes rohinyás huyeron de Birmania desde 2017.

Hay más de un millón de refugiados en Tailandia, Malasia e India, pero sobre todo en Bangladesh. En torno a 850.000 personas de la minoría rohinyá huyeron al país vecino donde fueron enviados a campamentos, unos 600.000 están viviendo en el estado birmano de Rakhine, en el suroeste. “Se trata de la comunidad apátrida más grande en el mundo”, denuncia la ONU.

Desde el 25 de agosto de 2017, fecha en la que un grupo insurgente rohinyá lanzó una serie de ataques contra puestos de policías, las fuerzas armadas de Birmania y milicias budistas nacionalistas llevan a cabo una campaña militar perpetrando masacres contra esta comunidad, de confesión musulmana. Según Naciones Unidas hay miles de muertos, algunas ONGs hablan de 25.000 asesinatos.

“El ejército birmano lanzó una campaña sangrienta con bombardeos e incendios criminales que se parecen a una limpieza étnica”, ha denunciado por su parte la organización de DDHH Human Rights Watch.

En la definición de genocidio de las Naciones Unidas se incluye “cualquier tipo de acto cometido con la intención de destruir en parte o totalmente un grupo étnico, religioso o racial. 

"En el caso de Myanmar, desde 2017, el castigo, la discriminación y la persecución de los rohinyás en el estado de Rakhine por parte de la junta militar ha sido continuo... estamos hablando de acciones contra una minoría específica que ha hecho que una parte de la población muy significante haya sido asesinada o se haya tenido que refugiar en el vecino Bangladesh”, explica a RFI Rubén Campos, experto en temas asiáticos del Club de Madrid.

Detrás de esta persecución se encuentra la junta militar, pero no son los únicos responsables, según Campos. "Hay que tener en cuenta otros elementos, incluida Aung San Suu kyi y su gobierno civil quien ha sido corresponsable de estas acciones porque ni pública ni privadamente ha criticado la actividad de la junta militar en la región donde vivían los rohinyás. 

La élite birmana considera a los rohyinyás emigrantes bengaliés, cuando generaciones enteras han estado viviendo ahí. Aunque la responsabilidad directa es de la junta militar, elementos claves de la élite birmana han apoyado la idea de que este grupo no forma parte de la sociedad", precisa el experto del Club de Madrid. 

¿Qué supone el reconocimiento del genocidio?

Estados Unidos ya había aplicado amplias sanciones contra el gobierno de Birmania desde que comenzó la represión contra esta minoría musulmana. En diciembre pasado, durante una visita a Malasia, Blinken ya anunció que estaban analizando si el trato a los rohinyás podía “constituir un genocidio”.

El reconocimiento del genocidio no supone la aplicación de nuevas medidas pero sí tal vez mayor presión internacional en el proceso en La Haya. Para Campos es "altamente simbólico", pero no tiene por qué tener una influencia en la Corte. 

La Corte Internacional de Justicia abrió una investigación en el año 2019, pero el caso se complicó por el golpe militar de febrero del año pasado, un golpe que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, lo que provocó una ola de protestas y una represión sangrienta. La exmandataria ha sido condenada a seis años de cárcel y aún tiene pendientes una decena de procesos judiciales. 

"Lo que más complica una posible evolución positiva del proceso en la Corte de estos crímenes, es el hecho de que la junta militar haya tomado de nuevo el poder en Myanmar, con sus políticas de represión no sólo contra los rohinyás, sino también contra la población en general... esto complica el respeto de los DDHH en general y para los rohinyás supone un problema adicional”, concluye Rubén Campos.