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Las empresas denunciadas por el gobierno mexicano por la violencia armada en el país  latinoamericano pidieron ante la justicia de Massachusetts que desestimara la demanda. Por otro lado, México pidió este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU cooperación internacional para combatir el tráfico y desvío de armas tanto en "el destino como en el origen".

Con Xavier Vilà, corresponsal de RFI en Washington

Analistas legales estadounidenses vaticinan que la corte federal de Massachusetts desechará la querella del gobierno de México contra 10 fabricantes de armas estadounidenses, acusados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de negligencia comercial que provoca un tráfico ilegal de armas, que terminan en criminales responsables de numerosos asesinatos en el país.

Los acusados pidieron desechar el caso al no considerarse responsables de la acusación y al asegurar que su actividad es legal según las leyes estadounidenses. Los armeros añaden no tener control sobre el uso fraudulento que traficantes o criminales hagan de los productos que fabrican, y recuerdan que la corte federal de Massachusetts no tiene jurisdicción sobre un comercio que afecta a todos los Estados Unidos.

La empresa Beretta U.S.A. Corp. sostuvo que no existen bases para que el tribunal ejerza jurisdicción sobre la compañía en el caso.

“El demandante es el gobierno de México. Beretta es una corporación de Maryland con sede corporativa, instalaciones y centro principal de negocios en Maryland. Y los daños por los que el demandante exige compensación ocurrieron todos en México”, argumentó Beretta en un documento presentado ante la corte.

También pidieron desestimar la demanda Smith & Wesson, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., y Sturm, Ruger & Co.

Más allá del resultado ante el tribunal, el canciller mexicano Marcelo Ebrard presumió de la querella ante el Consejo General de las Naciones Unidas, y pidió responsabilidad a los fabricantes de armas.

“Como una cuestión de principio y una obligación moral. Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de auto regulación a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen, así como asegurarse que las que fabrican bajo la ley no lleguen a manos criminales”, dijo.

Un juez federal analizará ahora la petición de exoneración elevada por los armeros demandados, que no descartan contrademandar al gobierno de México por daños y perjuicios.

La cancillería mexicana informó por la tarde que las armadoras ya estaban presentando sus argumentos, entre los cuales se señala que la querella "confirma hechos" que demuestran que los daños denunciados por México difícilmente pueden ser atribuidos a las armadoras.

Las armas del narco

El gobierno mexicano "prepara los argumentos y la evidencia para responder ante la corte", detalló un comunicado de la cancillería mexicana.

México debe responder a finales de enero y las armadoras en febrero, añade el boletín. Entonces, la justicia decidirá si da o no curso a la denuncia.

En el documento de 139 páginas presentado ante el tribunal, México pide poner fin al "ingente daño" que provocan esas empresas al "facilitar activamente el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga y a otros criminales" en el país.

Entre 70% y 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos, desde donde llegan anualmente más de medio millón de armas al país corroído por el narcotráfico, según la denuncia.


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