Escucha esta nota aquí

Los diputados de Francia empezaron a examinar este lunes un proyecto de ley que desea transformar el actual pasaporte sanitario en un pasaporte de vacunación. Inesperadamente, la mayoría oficialista no consiguió los votos necesarios para prolongar el debate, aunque confía en retomar el calendario previsto.

El lunes por la tarde, los diputados franceses comenzaron a examinar el proyecto de ley para reforzar las herramientas de gestión de la crisis sanitaria del coronavirus a través de un procedimiento acelerado. 

Una de las principales disposiciones del texto es la transformación del certificado sanitario en una "pasaporte de vacunación", que debía entrar en vigor el 15 de enero.

Sin embargo, los tensos debates se interrumpieron justo después de la medianoche, después de que la mayoría de los diputados votaran a mano alzada la suspensión de la sesión, ya que los diputados de la oposición superaban a los de la mayoría presidencial en el recinto.

"Anoche asistimos a una forma de amistad irresponsable" para realizar un trámite, con una "clara voluntad de obstrucción" por parte de los diputados de Rassemblement National (RN, extrema derecha) y de La France Insoumise (LFI, extrema izquierda), a los que se sumaron los representantes electos de Los Republicanos (LR, conservadores), dijo el portavoz del Gobierno Gabriel Attal.

Pese a este revés, el Gobierno asegura que continuará con su agenda. "Vamos a intentar estar lo más cerca posible del calendario que estaba previsto", agregó.

La conferencia de presidentes de la Asamblea Nacional tiene previsto reunirse este martes para fijar el calendario de la continuación del examen de este texto.

Aumento de restricciones y multas

Poco antes, el ministro de Salud, Olivier Véran, defendió que el texto va en dirección de la "ciencia" y de la "responsabilidad", en un momento en el cual Francia encadena varios días con más de 200.000 nuevos casos.

El objetivo del gobierno es que esta ley sirva para presionar más a los cerca de cinco millones de franceses de más de 12 años que aún no están vacunados, sobre una población total de 67 millones.

Si esta medida se transforma en ley, estas personas no vacunadas no podrán ir, por ejemplo, a un restaurante, un museo, un gimnasio o al cine ni usar ciertos transportes. Porque ya no bastará, como hasta ahora, con presentar un test de diagnóstico negativo reciente, que sí seguirán siendo válidos a la hora de acceder a los servicios de salud.

Y para tener un pasaporte de vacunación válido los ciudadanos no podrán esperar, desde el 15 de febrero, más de cuatro meses entre la segunda y tercera dosis. El plazo máximo actual era de siete meses entre la segunda y tercera dosis.

El proyecto de ley prevé también que se endurezcan las sanciones. Por ejemplo, usar un pasaporte de vacunación falso será castigado con hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa (85.000 dólares) y mostrar el pasaporte de otra persona se castigará con una multa de 1.000 euros (1.136 dólares).

Comentarios