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Italia es el primer país europeo en el que estará prohibido entrar en cualquier lugar de trabajo públicos o privados sin la "Green Pass" (nombre de la tarjeta sanitaria en Italia) a partir del 15 de octubre. 

Con Anne Le Nir, corresponsal de RFI en Roma

La nueva medida no sólo afecta a los empleados de las administraciones públicas o las empresas privadas, sino también a las ayudas a domicilio. La tarjeta sanitaria ya era necesaria para el personal de los colegios y para acceder a diversos lugares, desde museos hasta residencias de ancianos y restaurantes.

Objetivo del 90% de los vacunados antes de noviembre

Para aquellos que no puedan justificar su ausencia en el trabajo, el decreto prevé la suspensión de su puesto y de su salario hasta que se pongan en regla. Pero también una multa de 600 a 1.500 euros. Los que estén exentos de la vacunación, y por tanto de pagar las pruebas, recibirán un pase.

Hasta la fecha, el 72% de la población ha recibido al menos una primera dosis de la vacuna. Pero las autoridades creen que, para evitar más confinamientos, hay que alcanzar una tasa del 90% antes de noviembre. De ahí la severidad del decreto.

Mario Draghi incluso se opuso a la gratuidad de las pruebas rápidas para los trabajadores, como pedían los sindicatos. En cambio, su precio se limitará a 8 euros para los menores y a 15 euros para los adultos.

Según la medida, adoptada por decreto en el Consejo de Ministros, el certificado puede obtenerse a partir de la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 o gracias a un certificado médico que acredite la curación durante 9 meses o, gracias a una prueba negativa. La validez de una prueba PCR durará 72 horas frente a las 48 horas de una prueba antigénica.


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