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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción y la militarización de una zona del sur del país convertida en escenario de ataques, incendios y violentos enfrentamientos con indígenas mapuches que reivindican tierras ancestrales.

"Hemos decidido decretar estado de excepción" en cuatro provincias de las regiones sureñas de Biobío y La Araucanía, que "contempla la designación de jefes de la defensa nacional" para controlar una situación de "grave alteración del orden público", anunció Piñera.

Son "de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados" en esas provincias, donde han muerto "personas inocentes" y policías, dijo Piñera.

El mandatario hizo el anuncio el día en que, en medio de polémicas, América Latina conmemora la llegada del navegante Cristóbal Colón en 1492, hecho que dio pie a la conquista europea del continente.

La medida regirá inicialmente por 15 días, prorrogables, en las provincias de Biobío y Arauco, en la región de Biobío, y Malleco y Cautín, en la Araucanía, indicó el mandatario conservador.

“Es una decisión muy preocupante de parte de un Ejecutivo no solo conservador, sino que también está en la etapa final de su mandato”, dice a RFI José Alwyn, codirector del Observatorio Ciudadano. 

“Está fuertemente cuestionado por hechos de corrupción, incluyendo el presidente de la República, que insiste en que la relación con los pueblos indígenas es una relación de fuerza. Eso implicaría que podría [extender la medida más allá de 15 días y le da autorización al presidente para incorporar las fuerzas militares que se sumarían a los carabineros, que ya es una policía altamente militarizada. Sin entender que los procesos de conflictos étnicos como el que se vive en La Araucanía, en el territorio que los mapuches llaman Wallmapu, es esencialmente un conflicto político y que requiere de procesos de diálogo profundos, que el gobierno, luego de cuatro años y prácticamente al término de su período, no ha sido capaz de impulsar”.

Ausencia de diálogo

Los líderes mapuches, la mayor etnia chilena con más de 1,7 millones entre los 19 millones de habitantes, demandan la restitución de tierras ancestrales, que están en manos de empresas forestales y hacendados.

La falta de diálogo y solución a sus reclamos ha provocado una escalada de violencia en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. También salió a luz la presencia de redes de narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas.

El domingo, los choques entre la policía y manifestantes durante una marcha en Santiago en favor del pueblo mapuche causaron la muerte de la estudiante de Derecho Denisse Cortés, de 43 años, inicialmente identificada por autoridades como abogada.

Una mayoría de los mapuches viven en la pobreza y han visto reducidas sus tierras ancestrales ante la expansión de la próspera industria maderera, responsable del 8% de las exportaciones.

Las regiones de Biobío y La Araucanía, situadas a unos 600 km al sur de Santiago, son una fértil área de más de 55.000 km2 con cultivos agrícolas, extensos bosques y volcanes nevados, donde viven 2,7 millones de personas.

Con el estado de excepción, las Fuerzas Armadas prestan apoyo logístico y también contribuyen con patrullaje y transporte a los procedimientos policiales. Piñera aseguró que esta medida "en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o un grupo de ciudadanos".

El presidente puede prorrogar por otros 15 días el estado de excepción, pero para prolongarlo más de un mes requiere el aval del Congreso.  

"Posible escalamiento"  

Para la analista política Lucía Dammert la militarización puede causar un "escalamiento" en el conflicto mapuche.

"El gobierno ha sido incapaz de generar una política eficaz y justa para resolver los problemas que hay en La Araucanía y este estado de emergencia se ve como una respuesta de militarización que podría ser parte de un escalamiento de la violencia", expresó a la AFP la académica de la Universidad de Santiago.

En tanto, el gobernador de la Araucanía, el oficialista Luciano Rivas, respaldó la militarización, afirmando que en su región hay "una crisis de seguridad muy profunda".

"Estamos viviendo hoy día una situación muy compleja donde las policías se ven sobrepasadas por grupos con armas de grueso calibre", declaró Rivas al canal CNN Chile.

Resistencia a conquistadores 

Las reivindicaciones mapuches comenzaron a ser escuchadas luego del fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, pero han cobrado fuerza tras el estallido social de octubre de 2019.

En la Convención Constitucional -instalada hace 100 días- 17 de sus 155 miembros son representantes de 10 pueblos originarios, siete de ellos mapuches.

Sin embargo, algunos líderes indígenas dudan que la nueva carta magna pueda satisfacer sus demandas de tierras y autodeterminación.

En el siglo XVI los mapuches resistieron la expansión de los incas y luego a los conquistadores españoles, que jamás los sometieron. Pero hacia 1870, las comunidades indígenas de la Araucanía fueron sometidas por el Ejército chileno, con lo que comenzó el proceso de asentamiento de colonos foráneos y el cambio de propiedad de las tierras ancestrales.

Entrevista realizada por Marcos Herrera. Con AFP.

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