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El tribunal correccional de Paris ha declarado al expresidente francés culpable de financiación ilegal de su campaña electoral de 2012. La pena de un año de prisión incondicional se convertirá en un arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica, según ha indicado la corte.

Segunda condena a un año de prisión incondicional para Nicolas Sarkozy, en esta ocasión por el llamado caso Bygmalion, del nombre de la empresa de comunicación creada por personas cercanas al partido UMP que dirigía Sarkozy.

Esta empresa, con su doble contabilidad llevada a cabo en colaboración con el UMP, permitió que el gasto de la campaña del entonces presidente pudiera superar el límite fijado por ley en 38 millones de euros.

Este exceso de gastos se habría ocultado a continuación en un montaje financiero entre el partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP) --actualmente Los Republicanos-- y la empresa que organizó los eventos, Bygmalion.

El exjefe de Estado entre 2007 y 2012, que no acudió a la lectura del fallo, "continuó con la organización de mítines", pese a haber sido advertido "por escrito del riesgo de superar" el límite legal de gasto, reza el veredicto. "No era su primera campaña. Ya tenía experiencia como candidato", agregó la presidenta del tribunal Caroline Viguier, que le impuso la pena máxima posible, que Sarkozy va a recurrir.

A Sarkozy se le condena solo por haber superado ese límite legal de gasto, no por haber participado en el fraude de la doble contabilidad de Bygmalion, por el que había otros 13 acusados en el juicio, a los que se les impuso penas de 2 a 3 años y medio de prisión.

Sarkozy se convirtió en marzo en el primer expresidente francés en recibir una pena de prisión incondicional por el llamado caso de las escuchas telefónicas. Una condena que también recurrió.

El exmandatario tiene otra media docena de investigaciones en curso, con cargos que van de corrupción pasiva a asociación de malhechores, en el llamado caso de la financiación libia de su campaña de 2007, y tráfico de influencias y blanqueo de delitos en relación con sus actividades de asesoramiento en Rusia.

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