A 10 meses del triple asesinato en Porongo, juez oficializa que la Policía abandonó el caso

Rodrigo Vedia, juez de La Guardia, declaró abandonada la defensa de la asesoría legal del Comando de la Policía, en el proceso de investigación que se sigue adelante para el esclarecimiento del triple asesinato de policías, ocurrido el 21 de junio de 2022, en el camino a Porongo.

La decisión del juzgador surgió después de evidenciar que la principal defensa de los policías asesinados, que es la asesoría del Comando Departamental, faltó al menos a tres audiencias consecutivas, consideradas de importancia para el esclarecimiento de un hecho que conmovió a la ciudadanía.

El fallo judicial fue emitido luego de instalarse una audiencia para recibir las declaraciones de 14 testigos protegidos. El acto tenía el fin de acumular pruebas para el esclarecimiento total del asesinato de los policías Eustaquio Olano, Alfonso Chávez y del voluntario del Gacip David Candia.

La audiencia, de carácter presencial, fue instalada, pero el juzgador observó la ausencia de los asesores del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz.

Vedia consideró que al menos en tres oportunidades no se hicieron presentes los abogados de la institución verdeolivo, por lo que se declaró abandonada una defensa, considerada relevante.

Entre los 14 testigos principales en la lista para declarar, figuraba un teniente de la Policía de Porongo, que el día del hecho recibió el llamado de uno de sus camaradas, pidiendo refuerzos y alertando que estaban en serio peligro, sometidos por desconocidos que realizaban competencias en motos cuadratrack, y que eran del entorno de Misael Nallar.

Las diligencias elaboradas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía señalan que el teniente acudió en su motocicleta, pero unos 100 metros antes de llegar al escenario observó a varios sujetos armados, que tenían arrodillados a los policías.

Por temor, el teniente regresó de inmediato a su base, y luego los tres uniformados fueron asesinados a balazos.

La audiencia quedó suspendida, ya que además de la ausencia de los representantes legales del Comando, no se contactó el colombiano Esteban Beltrán Muñoz, que permanece detenido en la cárcel de El Abra, en Cochabamba. Tampoco se presentaron los abogados de los otros detenidos.

Asimismo, los familiares observaron que desde hace meses solo acude un fiscal a las audiencias. Los representantes del Ministerio Público que desde el inicio conformaron una comisión especial para llevar adelante el caso del triple asesinato, ya no se presentan. El único fiscal que asiste es Alejandro Justiniano, designado hace poco para llevar adelante las diligencias de este caso.

Llanto de familiares

Al juzgado de La Guardia acudió Liliana Sánchez Rojas, esposa del sargento Alfonso Chávez. De igual manera, asistieron Rocío Gonzales, viuda del policía Eustaquio Olano, y su hija Vania Olano Gonzales.

En la apertura de la audiencia, los familiares de las víctimas protestaron después de que el juez Rodrigo Vedia les negara el uso de la palabra.

Liliana Sánchez acudió con su abogado, Juan Pablo Ibáñez. Sin embargo, el juez no les concedió la palabra, teniendo en cuenta que ambos fueron sancionados con una multa por haber planteado una demanda de recusación, que fue rechazada.

Sánchez, pese a la prohibición, reclamó al juzgador por considerar que era injusto que como víctima le impidieran expresar lo que siente.

Aseguró que tiene a su cargo a cuatro hijos menores que quedaron en la orfandad después de que su padre fuera victimado.

La viuda dijo que no puede pagar la multa y tampoco quiere que se le designe defensa pública porque no goza de su confianza.

Luego de suspenderse el acto, Vania Olano, hija de Eustaquio Olano, sostuvo una fuerte discusión con uno de los abogados defensores del mayor Álvaro Julio Muñoz.

Vania Olano denunció que el abogado del mayor Muñoz la insultó tildándola de “muerta de hambre”.

Entre lágrimas, la hija del policía fallecido aseguró que el trato que reciben es denigrante, sin considerar que pese a la pobreza en la que se debaten en tiempos difíciles, siguen luchando en busca de justicia por el asesinato de los tres policías.

La abogada Jessica Echeverría, en representación del padre del voluntario del Gacip, José David Candia Orozco, lamentó la ausencia de asesor del Comando Departamental de la Policía, así como de los representantes del Ministerio de Justicia, para asistir a las víctimas, uniformados que murieron acribillados en el ejercicio de sus funciones, en pro de la seguridad de la sociedad.

El jurista Juan Pablo Ibáñez consideró  injusto el fallo judicial que aplica multa a su persona y a su defendida, viuda de uno de los policías.

Sin embargo, manifestó que seguirá acompañando la búsqueda de justicia de parte de los familiares de las víctimas.

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