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A siete kilómetros de donde estaba el mojón colocado por Moisés Salces, anterior alcalde de San Ignacio, que delimitaba el área protegida Bajo Paraguá, y que fue quitado por los colonos interculturales, actualmente hay un hectárea desmontada.

La zona afectada está sobre el camino a Piso Firme, tiene una precaria construcción y, según conocedores del tema forestal, será la base de operaciones de un campamento para la maquinaria pesada y los operadores, que a partir de ese punto iniciarán los desmontes no autorizados.

"Ya estamos informados, conocemos la forma en que operan y nuestros cálculos se basan en eso, ya hemos elaborado cinco mapas con su memoria explicativa. También lo hemos hablado con asambleístas y sabemos que los avasallamientos se están reactivando, quieren meter gente, estamos trabajando en eso", explicó Daniel Velásquez, presidente interino del Consejo Forestal de Concepción, que hizo una evaluación de la zona, con su respectivo informe.

Según Velásquez, que también es ingeniero forestal, a partir de esa hectárea desmontada para campamento, lo que normalmente hacen los colonos es abrir una brecha, poner su mojón, que es un punto de partida. "Y esas brechas tienen entre 11 y 12 km de profundidad. A partir de ella, desmontan dos km en el brazo derecho y dos km en el brazo izquierdo, entonces ocupan esos 12 km de largo por los cuatro de ancho, estamos hablando de cerca de 4.000 hectáreas, solo partiendo de una brecha", aseveró.

Hace unos meses, EL DEBER constató que ya había una decena de sendas abiertas, además de una brecha de ocho kilómetros, con letreros que lucían los nombres de las comunidades futuras a asentarse.

Además de retirar el mojón que delimitaba el área protegida, los colonos retiraron los letreros con las prohibiciones de asentamiento, al no ser incluidos por Salces en el acta de creación, tras un bloqueo. Salces mandó una carta a Ciriaco Umaña, dirigente de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) en la comunidad San Martín, explicando que primero aguardarían una respuesta del INRA. Umaña acompañó el bloqueo de los colonos, que presionaban para ser parte del área protegida.

Según el INRA, no ha entregado resoluciones en la zona de protección. Sobre Bajo Paraguá, la ABT dijo "·que si es área protegida, la consulta debe ser dirigida al Sernap y que las competencias de la ABT no tienen que ver con avasallamientos, porque la ABT no otorga permisos de asentamientos, menos en áreas protegidas". Sin embargo, el Sernap solo se encarga de áreas protegidas nacionales, no municipales, como es el caso de Bajo Paraguá.

Según Dino Franco, presidente cívico de San Ignacio, se está planificando una nueva inspección a la zona. El dirigente cívico dijo que en la Asamblea de la Ignacianidad, por la defensa de la tierra, el nuevo alcalde, Ruddy Dorado, dijo que estaba contra los avasallamientos, especialmente los del antiguo aeropuerto, que también está sufriendo el problema.

EL DEBER llamó a Dorado, pero no respondió.

Imagen: El punto del desmonte, una comparación entre abril y mayo

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