A un año del paro de 36 días y tras la imputación a líderes cruceños, Defensor presenta su informe
El reporte defensorial relata los sucesos de los 36 días de paro por el Censo 2022. Entre sus conclusiones señala que el Estado no cumplió adecuadamente su deber de garantizar el derecho a la protesta, ni protegió el trabajo de los periodistas que fueron violentamente agredidos
“Cuando dos elefantes se pelean, quien más sufre es la hierba que pisan”, así, con ese proverbio africano la Defensoría del Pueblo presentó este lunes su “Informe defensorial sobre el conflicto del Censo de Población y Vivienda”.
El reporte defensorial por el paro de 36 días en Santa Cruz se presentó después de prácticamente un año de la movilización y también, después de la imputación formal contra cinco líderes cruceños identificados como “promotores” de la protesta que paralizó Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022.
La Defensoría señala al “Comité Cívico pro Santa Cruz, la Gobernación de Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)”, que conformaron una comisión, como los líderes de las demandas por el Censo 2022.
Entre otros puntos identificó que la primera movilización por el Censo 2022 fue un paro cívico el 25 de julio, en medio del rechazo de organizaciones como los gremiales, Amdecruz, organizaciones con las que se registraron los primeros enfrentamientos, según la Defensoría.
A partir de ese momento hubo otras expresiones de protesta y se articuló una movilización a nivel departamental con los comités cívicos regionales.
Ya en agosto de 2022 comienza la “polarización entre Comité y sociedad que rechaza el paro cívico”, dice el informe de la Defensoría.
“En Cochabamba, el 15 de agosto, dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declararon en emergencia, rechazando las medidas de presión asumidas por el movimiento cívico cruceño”, dice el informe y anota que en ese momento desde el Chapare “amenazaron con detener cualquier intento golpista y divisionista”.
Las semanas posteriores, crecieron las expresiones de apoyo o rechazo al paro, en medio de reuniones técnicas que convocaba el Gobierno para evitar el paro
El 22 de octubre inició el paro resuelto por el cabildo de septiembre. Se instalaron al menos 58 puntos de bloqueo a lo largo de la capital departamental, así como en las carreteras que conectan Montero, Warnes, Portachuelo, Guarayos y Pailón. Se limitó el tránsito, tanto interdepartamental, como internacional, refiere el informe.
El informe detalla los enfrentamientos en Puerto Quijarro donde murió Julio Taborga, los violentos enfrentamientos con la Policía, además de los ataques a los periodistas que realizaban la cobertura.
“El mismo 22 de octubre, en la ciudad de Santa Cruz, un grupo de manifestantes contrarios al paro intentó agredir físicamente al equipo de prensa del diario El Deber que llegó al sitio para cubrir el intento de desbloqueo. Los periodistas G.A. y J.C.T. fueron increpados por ese grupo, buscando evitar que los graben y les exigían, no solo la presentación de sus credenciales, incluso intentaron arrebatarles sus equipos de trabajo”, se lee en el reporte.
El informe cuenta también que otros equipos de prensa como el de Unitel fueron agredidos con violencia y en ese punto concluye que el Estado “incumplió su obligación de adoptar medidas de protección a favor de los periodistas y trabajadores de la prensa”.
La Defensoría, en su informe hace un recuento de los hechos de cada uno de los días de paro en Santa Cruz.
Otra de las conclusiones es que el Estado no cumplió adecuadamente su deber de garantizar el derecho a la protesta; no aplicó la suficiente diligencia debida para adoptar medidas de protección de la vida e integridad física frente a agresiones de otros manifestantes y terceros.
“No se promovió desde el Estado en todos sus niveles, un diálogo efectivo orientado a la búsqueda de consensos”, dijo el defensor Pedro Callisaya.
“El derecho a la protesta es fundamental en la construcción del Estado y es importante que las partes que ejercen ese derecho deban ser respetuosas de los derechos de los demás porque no podemos fundar el ejercicio de nuestro propio derecho en la violación del derecho del otro, y esto lo hemos vivido durante este conflicto y otros”, expresó Callisaya durante la presentación del mencionado informe en la ciudad de Santa Cruz.
El documento defensorial contiene determinaciones en cuatro categorías: nueve recomendaciones, cuatro recordatorios, una sugerencia y una exhortación, dirigida a instituciones como al Órgano Ejecutivo, Asamblea Legislativa Plurinacional, Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo de Justicia, Comando General de la Policía Boliviana, Gobernación Departamental de Santa Cruz, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, SEPDAVI y la UAGRM.
Lea también
