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El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Santa Cruz, David Acebey, contradice a la Gobernación cruceña e insiste en el cobro de Bs. 40 millones. El monto corresponde a la contraparte que debe asumir Santa Cruz con la empresa que construye la carretera El Espino-Charagua-Boyuibe y que ha paralizado las obras.

Las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz deben apegarse a la verdad, pues adeudan e incumplen el pago de contraparte (a la empresa constructora) desde hace un año y tres meses de manera irresponsable”, explicó Acebey.

Desde la ABC señalan que el contrato se retrae al pasado año. Por su parte, el secretario de Obras Públicas de la Gobernación, Hugo Sosa, apela a que los antecedentes de los contratos se remontan al año 2015, cuando el actual presidente ocupaba la cartera de economía y con quien suscribieron un préstamo para hacer frente al pago de las obras.

Acebey considera que la Gobernación debe garantizar el cumplimiento del contrato que en su cláusula “Décima Primera” se refiere al débito automático. En concreto, el artículo mencionado expone que “la Gobernación garantiza el fiel cumplimiento del presente convenio en todas sus partes, por lo cual los desembolsos (de contraparte) se harán efectivos en un plazo de 20 días calendario desde el requerimiento de desembolso efectuado por la ABC. En ese sentido, si transcurrido dicho plazo, la Gobernación no da cumplimiento al desembolso solicitado, procederá el trámite de Débito automático según normativa”.

La postura de la ABC señala que está autorizada para gestionar el cobro. Además, califica como “irresponsables y temerarias” las afirmaciones emitidas por Sosa ante los medios de comunicación que plantean confiscación de recursos económicos asignados a esa administración departamental.

El Secretario de Obras Públicas de la Gobernación insiste en que la ABC debería revisar los antecedentes para emitir una opinión. Según Sosa, el 2015 se tramitó un fideicomiso con el respaldo del Ministerio de Economía y es de esa cuanta desde donde se debitan los pagos. Fue una gestión que permitió a la Gobernación afrontar ésta y otras obras.

Mientras continúa el desencuentro entre ambas instituciones, la obra permanece paralizada y 1.100 obreros están sin trabajo.


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