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"Con el tema puntual de la denuncia que nos hacen de Porvenir, dicen que se estaría extrayendo ilegalmente las maderas mara y tipa. El tema es que lo dicen por Facebook, yo siempre pido que nos presenten una nota donde indiquen el lugar del aprovechamiento ilegal, para que nuestro procedimiento administrativo permita que enviemos a funcionarios a verificar. Y si es cierto, por supuesto que es un aprovechamiento ilegal que debe sancionarse con el decomiso y con la sanción a los responsables. El tema es que las denuncias no llegan", dijo José Luis Terrazas, director jurídico nacional de la ABT.

Terrazas hizo la consulta a San Ignacio y Concepción para saber si el diputado Víctor Hugo Velasco, también denunciante, sentó algún reclamo, y dice que no fue así. "Es irresponsable asegurar que hay una ilegalidad sin venir a preguntar si hay o no permisos, o sin sentar una denuncia formal y dar la posibilidad a la autoridad de que vaya e investigue, que opere en ese lugar, eso es irresponsable y falto de ética", criticó.

Hace unos días, comunarios de Porvenir difundieron algunos videos donde reclaman la tala ilegal de madera en la zona.  Al respecto, Terrazas dice que la mara está dentro del Convenio Cites, sobre comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres

"La exportación de esta especie es limitada porque está en riesgo, pero si hubiera los estudios pertinentes, existe la posibilidad de que se exporte, sin embargo ahora la ABT no autoriza la exportación de ese producto forestal. Para el consumo interno no está limitada, sí es posible otorgar permisos para el aprovechamiento local", aclaró.

Planes de manejo y pugnas entre indígenas

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob Orgánica) también hizo conocer su disconformidad con la actual gestión de la ABT, sobre todo porque reconoce a organizaciones de la otra Cidob y no a ellos.

"Notamos ese mecanismo diseñado por el anterior Gobierno, hoy el director de la ABT se ha dejado doblegar con los masistas, a través de una señora de Guarayos que ha vendido terrenos y ha metido gente del occidente, ha invadido a la empresa que en su momento fue La Chonta y que ahora es territorio indígena guarayo, ese plan de manejo lo ha parcelado. Ahora el señor Víctor Hugo Añez se da el lujo de reconocer con quiénes van a coordinar", cuestionó Adolfo Chávez, del consejo de Gobierno de la Cidob Orgánica.

Roni Vargas, también de la Cidob Orgánica, mostró a EL DEBER cartas de solicitud de impugnación al reconocimiento que hizo la ABT a una directiva de la Central Indígena del Bajo Paraguá (Cibapa). 

Sobre ese punto, Terrazas dice que primero que debe aclararse que la Cibapa tiene tres comunidades principales, Florida, Piso Firme y Porvenir, "y que entre ellos hay pugnas desde hace tiempo para manejar los derechos forestales que tienen aprobados dentro de su TCO".

Terrazas indicó que los indígenas de la Cibapa tienen 90.000 hectáreas aprobadas para hacer manejo forestal, es decir que pueden sacar madera de forma legal, pero que la mayoría de esos manejos están con problemas porque internamente no pueden ponerse de acuerdo con su representación. 

"Han tenido juicios, problemas, han cambiado de autoridades muchas veces y en este momento, después de que hay el cambio de Gobierno, ellos también han vuelto a tener un conflicto interno, y entonces aparecen dos cabezas. Un lado nos dice “nosotros somos representantes de la Cibapa”, y al otro día vienen los otros y nos dicen lo mismo. Y entre los dos vienen y nos presionan, nos dicen vamos a tomar la institución, “reconózcannos”, porque parece que están acostumbrados a meter ese tipo de presión, amenazan con bloqueos, tomas de instituciones", arguyó.

Entre los reclamos de la Cidob Orgánica, también está que la denuncia de tala ilegal salió de Porvenir y que a pesar de eso la ABT fue a verificar a Florida, sede del otro grupo. 

A la queja, Terrazas respondió que se trata de una extensión bastante amplia, más allá de que no hay una denuncia presentada formalmente. "Son 90.000 hectáreas, es difícil que podamos definir en qué lugar es el aprovechamiento, pero sí estamos haciendo control y fiscalización", sostuvo, y adelantó que dentro de las actividades previstas como ABT figura hacer auditoría a las comunidades.

"Es algo que nunca se ha hecho, ni la ABT, ni la Superintendencia Forestal, nosotros en este momento estamos organizándonos para hacerlo, porque creemos que, en la medida en que demos transparencia al aprovechamiento, a los manejos, la gente ganará credibilidad en su institución. El control no solo es para los privados, para las empresas, también tiene que ser para los comunarios, la ley es pareja, estamos en esa tarea, no es fácil, hemos tenido muchas complicaciones con la pandemia".

Terrazas comprometió que ni bien termine la visita del director de la ABT, Víctor Hugo Áñez, a la reserva municipal de Copaibo, en Concepción, visitará Porvenir, la zona donde supuestamente se llevó a cabo la tala ilegal, para hacer una verificación.

La mayor molestia de uno de los lados indígenas es que actualmente solo se benefician económicamente con los planes de manejo las comunidades afines a la actual directiva reconocida por la ABT.

"El tema de la distribución de los recursos o ingresos ya es muy propio e interno de ellos, no podemos entrar a decirles qué porcentajes dar, es un tema de usos y costumbres. Tendrán que ponerse de acuerdo en qué términos se entienden, lo que hacemos es la otorgación, la fiscalización y el control de los derechos forestales que ellos adquieren como comunidad en su totalidad. No somos dirimidores de su representación", argumentó Terrazas.