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La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Santa Cruz (Acocruz) carga contra el Gobierno y, al igual que la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), exige al Estado el  pago por las obras ejecutadas con financiamiento del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) y de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

La presidenta y concejala del municipio de San José de Chiquitos, Susana Vaca Peña, respaldada por las alcaldesas y concejalas municipales del departamento cruceño, manifestó que Acocruz se declara en estado de emergencia y que, de no cumplirse el desembolso y acuerdos firmados hasta el 9 de octubre, tomarán medidas de hecho.

"El incumplimiento del Gobierno ha provocado que se paralicen las obras en los diferentes municipios y la reacción que ocasiona es la revuelta en comunidades beneficiarias. Exigimos y demandamos trabajar en una respuesta oportuna e inmediata a las necesidades de los gobierno municipales de Santa Cruz y las empresas que se adjudicaron las obras", expresó Vaca.

Consideran que no se puede hablar de reactivación económica si es que no se cumple con los pagos que se adeudan a las empresas que contribuyeron al desarrollo de las regiones con la construcción de obras.

Amdecruz ya había anunciado  medidas de presión y que sus dirigentes se trasladarían a La Paz. "Este pedido no tiene nada que ver con asuntos políticos o partidarios", aclaró el presidente de la Asociación, Moisés Salces.

Según las empresas constructoras afectadas, se les debe Bs 309 millones por obras ejecutadas en los 55 municipios de Santa Cruz.