Juana Quispe, concejala de Ancoraimes (La Paz), fue asesinada el 12 de marzo de 2012, a sus 42 años. Antes de su muerte denunció hostigamiento y amenazas para renunciar al cargo; incluso penalmente.
Trece años después, recién hubo una sentencia sobre el caso, pero nadie en la cárcel. Paradójicamente, las estadísticas de violencia y acoso político a mujeres van en ascenso, según la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol).
Si en 2021 se reportaron 79 casos atendidos, en 2024 ya iban por 118, sin contar los hechos no denunciados.
En Santa Cruz, la situación no dista mucho. Tanto en 2024 como en lo que va del año, dos concejalas de la capital cruceña, una de Porongo y una diputada suplente, aseguran que reciben amenazas de distintas maneras, agresiones que fueron de conocimiento público, pero también trabas a su labor fiscalizadora.
Lola Terrazas y Silvana Mucarzel, la primera de Comunidad Autonómica (C-A) y la segunda de UCS, han sido noticia en el último tiempo por este tema.
En el caso de Terrazas, hace unos días fue agredida físicamente por un grupo de personas, durante la inspección en los terrenos municipales de la UV285.
Por su parte, Silvana Mucarzel, presidenta del Concejo cruceño, en tres oportunidades dio a conocer la presión y hostigamiento de parte de su propio partido, que según Mucarzel quiere su curul en el Concejo, y también el espacio de Israel Alcócer; ambos se desmarcaron de los lineamientos del alcalde Jhonny Fernández, líder nacional de UCS.
A diferencia de Lola Terrazas, la presidenta del Concejo ya sentó la denuncia en el Ministerio Público por violencia y acoso político, la misma que al comienzo fue desestimada, hasta que finalmente, luego de subsanar observaciones, fue admitida.
Otro caso es el de Isabel Zambrana, concejala de Porongo, quien en una respuesta muy breve aceptó que un juez de La Guardia obstaculizó su labor fiscalizadora en un avasallamiento, que más bien derivó en proceso contra los denunciantes.
En al ámbito nacional, la diputada Laura Rojas, catalogada por sus detractores como disidente de la alianza Creemos, dijo que también está en proceso de interponer un recurso jurídico para detener el hostigamiento que sufre hace tiempo, pero que recién decidió denunciar formalmente, ante la afectación a su salud.
Trasfondo
Lola Terrazas dijo que no era la primera vez que la atacaban, y puso como ejemplo el caso del litigio por los predios del Mercado Mutualista: “Me mandaron decir que era madre soltera, y que con dos días de detención, al tercer día me asustaba y no tocaba más el tema”.
Según ella, los casos más complejos de hostigamiento tuvieron que ver con avasallamientos, y confesó que no ha vuelto a denunciar en instancias judiciales porque cuando hizo público el caso “petardo”, el ex secretario de Finanzas, Mario Centellas, la mandó seguir con “su gorila”, y a pesar de encontrarlo en flagrancia y ponerlo ante el juez y la fiscal Yovana Castro, estos lo minimizaron.
“El juez Primo Flores, en la cautelar, dijo que como personas públicas debíamos acostumbrarnos. Fue decepcionante y dije que nunca más perdería mi tiempo”, cuestionó.
Mucarzel enumeró los casos que están tras la presión contra ella, pero resumió todo en la búsqueda de quitarle su curul.
Según ella, a UCS le molesta la fiscalización asumida; también mencionó el rechazo al incremento de tarifas del transporte urbano; el “desfalco de más de Bs 270 millones con manipulación informática a la ex Secretaría de Administración Tributaria (SAT)"; los avasallamientos al Cordón Ecológico, Jardín Botánico, Barrio Faremafu, además del caso Mutualista; la paralización del Proyecto de Ley de Regularización Predial propuesto por UCS, “para regularizar asentamientos, avasallamientos, ocupación indebida de propiedad municipal, de los últimos tres años”.
La diputada Laura Rojas afirmó que no le perdonan haberse desmarcado de Creemos; dijo que la presión llega al punto que no le dan condiciones para operar como presidenta de la Brigada Parlamentaria, para la que hasta ahora no aprueban presupuesto, “tuvimos que hacer minga porque estaba llena de chulupis y ratones, encima debemos dos años de facturas de luz”, admitió.
La vulnerabilidad se agrava, indicó, en su calidad de suplente, ya que le niegan apoyo con personal hasta para gestionar sus peticiones de informe escrito. Como ella, remarcó, se encuentran otros suplentes, incluso de otros partidos, y nombró a Fabiola Guachalla, Jennifer Torrico, María José Salazar, pero también a un varón, Henry Gutiérrez, todos suplentes.
Por otro lado está la señora Sandra Paz (diputada), no se puede decir nada contra Jhonny Fernández porque ella ataca, a mí me estuvo amedrentando en diferentes grupos porque le di mi apoyo a Mucarzel, porque quieren hacerle lo mismo que a mí en el Concejo. Los camachistas tienen extorsionado al presidente de la Cámara de Diputados, que si me dan presupuesto no le van a aprobar créditos. Para muestra un botón, los camachistas aprobaron un crédito, pero fue bloqueado por los evistas, aludió.
Sicariato judicial
Sobre las denuncias, la diputada suplente de Comunidad Ciudadana, María José Salazar, dijo que existe un sicariato judicial en Bolivia, donde las víctimas son revictimizadas sistemáticamente y aplastadas, pero que además las autoridades llamadas por ley a fiscalizar, son denunciadas por hacer su trabajo y exigir justicia.
Casualmente, el acoso político recae mayormente en autoridades mujeres, pero a pesar de eso vemos que existe valentía y una férrea voluntad de seguir los procesos hasta el final. En este sentido, la denuncia pública con la prensa, que hemos visto también sufre agresiones y hostigamiento, se ha convertido en nuestro mejor aliado para reencauzar nuevamente los procesos, dijo.
Asimismo, recalcó que no se debe permitir que esto siga ocurriendo, como la normalización de la corrupción dentro del sistema judicial, donde lamentablemente existen consorcios consolidados, con jueces, fiscales, policías y abogados coludidos para entorpecer los procesos y recibir coima. Además de la denuncia pública tenemos que recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar la corrupción en el sistema judicial y sentar precedentes, de esta manera ir limpiando el sistema de jueces y fiscales corruptos, arremetió.
PARA SABER
ACOSO
Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre acoso político establece una serie de recomendaciones a las instancias pertinentes, para hacer un seguimiento constante a estas denuncias.
LAS FORMAS DE PRESIONAR
El reporte de 2024 de Acobol muestra que Santa Cruz ocupa el tercer lugar nacional en violencia y acoso político, y que esto tiene que ver con gestión compartida, limitación de funciones y retención económica.