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Siete meses después de que se hiciera efectiva la extradición a Brasil de Pedro Montenegro Paz, el hombre sindicado de narcotraficante que causó un terremoto político, judicial y policial en el país, aún está pendiente una decisión de la justicia en torno a una de las implicadas en este caso, la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Joyce Lizeth Choquerive Sossa.

Ella, la postulante por Santa Cruz al TSJ que obtuvo la segunda votación más alta en las elecciones judiciales de 2017, fue imputada el 4 de marzo de 2020 por la Fiscalía de Sustancias Controladas, que continúan indagando el caso Montenegro, por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación

Sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado adelante la audiencia de medidas cautelares en contra de Choquerive, la jurista que podría ocupar el cargo del magistrado Olvis Égüez, recientemente posesionado como titular del TSJ, si es que éste renuncia o muere.

La comisión de fiscales que lleva adelante estas pesquisas, señala, en el documento de imputación, que Choquerive es acusada por los mismos delitos de Gonzalo Medina (exjefe de la Felcc), Fernando Moreira (exagente de la Felcc), Robin Justiniano (abogado cercano a Medina), entre otros, a quienes el Ministerio Público los sindica de haber protegido a Pedro Montenegro para que opere y trabaje sin inconvenientes en el país, pese a que en su contra existía una orden de captura internacional por su implicación en un caso de narcotráfico en Brasil.

Pero los fiscales no solo se quedaron en la primera sindicación, ya que en la argumentación para pedir que Choquerive sea formalmente imputada en este caso, los miembros del Ministerio Público indican que ella y su esposo Darwin Vargas Vargas, actual vocal del Tribunal Departamental de Justicia, viajaron junto a Montenegro desde Sucre hasta la capital cruceña el 26 de junio de 2018, con pasajes que fueron pagados por la esposa del extraditado, Jennifer Rodríguez.

De acuerdo con las pesquisas de los investigadores, que obtuvieron informes del TSJ y de los policías encargados de la seguridad del Tribunal Constitucional Plurinacional, un día antes de viajar a Santa Cruz se reunieron Montenegro y los esposos Choquerive-Vargas con el magistrado constitucional Miguel Gonzalo Hurtado Zamorano, presumiblemente para gestionar fallos en favor del hombre que era perseguido por la justicia brasileña.

Incluso las indagaciones lograron obtener elementos indiciarios de parte de la agencia de viajes, a través de los que se puede asegurar que la esposa de Montenegro compró los pasajes para el vuelo de retorno de la capital del país hasta Santa Cruz y que Choquerive y su esposo conocían sobre la identidad falsa que usaba el extraditado, ya que para la documentación de ingreso al Tribunal Constitucional y para comprar los pasajes de avión, el hombre se identificó como Pedro Hoffman Sainz, identidad (falsa) que usaba el sindicado por delitos de narcotráfico en Brasil y en nuestro país.

Con esto los acusadores aseveran que Choquerive conocía la doble identidad de Montenegro y, pese a ello, no hizo nada para llamar a las autoridades y hacer que se ejecute el pedido de detención con fines de extradición que pesaba sobre él desde 2015.

Pero además de estos hechos, la imputación reitera que Choquerive era una persona muy allegada a la familia de Montenegro, tanto que ella se fotografió y filmó en el inmueble del extraditado como parte de la elaboración de algunos spots publicitarios con los que llevó adelante su campaña para ser elegida como magistrada por Santa Cruz.

La argumentación en la imputación recuerda que Vargas, exmiembro del Tribunal Supremo de Justicia, fue el encargado de elaborar el Auto Supremo 75/2015, emitido el 21 de julio de 2015, donde se solicitaba la aprehensión con fines de extradición de Pedro Montenegro Paz, por lo que aseguran que ni él ni su esposa, la magistrada suplente Choquerive, desconocían los antecedentes del hombre que está en suelo brasileño desde finales del año pasado.

Las respuestas

Ante estos señalamientos el vocal Vargas, quien tiene medidas sustitutivas a la detención preventiva y que forma parte del Tribunal Departamental de Justicia en la Sala Civil Segundo, negó en su momento estas sindicaciones, dijo que no era culpable de nada y que conoció a Montenegro de forma casual.

Por su parte la esposa de Vargas, la magistrada suplente Yoyce Choquerive, en contacto telefónico con EL DEBER dijo que respecto a este caso prefiere mantener el silencio. Cuando se le consultó sobre la imputación que hizo la Fiscalía de Sustancias Controladas en marzo de 2020, indicó estar sorprendida al señalar que desconocía esta situación. Al momento de dar esta respuesta, la voz de la magistrada suplente se entrecortó y sollozó por algunos segundos.

Luego un poco más calmada y tras recuperar el aire, Choquerive se limitó a señalar que el caso Montenegro es un tema que le afectó de sobremanera socialmente, pero inmediatamente aseveró que el caso caerá sólo porque no tiene pies ni cabeza.

“Tengo imágenes con muchas personas y una foto con una persona (en este caso Pedro Montenegro) no tiene pies ni cabeza para justificar un proceso. Este es un caso armado, es un monstruo con patas de lodo. Como cristiana puedo asegurar que Dios tiene el control de todas las cosas”, dijo Choquerive.

Respecto a las presuntas presiones que podría estar recibiendo la jueza que ahora tiene su imputación, para no convocar a la audiencia cautelar desde el 5 de marzo de 2020, fecha en la que el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal recibió esta acusación, Choquerive reiteró que ella estaba sorprendida por la información que EL DEBER le había dado sobre este caso y que no conoce la imputación ni a la jueza, “peor puedo ejercer algún tipo de presión”, apuntó la magistrada suplente.

La solicitud de medidas cautelares que hace el Ministerio Público en torno a la acusada, considerando que tiene un bebé lactante, es que se presente cada 15 días ante la Fiscalía de Sustancias Controladas, que no tenga comunicación con los procesados o testigos del caso que se investiga y que sea arraigada para no salir del país.

La pandemia frenó actos investigativos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas, ejecutarán en los próximos días allanamientos y citaciones a más involucrados en el caso de la acusación por narcotráfico en contra de Pedro Montenegro Paz y otras personas involucradas. Las diligencias se activarán luego de ser postergadas por razones de la cuarentena y la emergencia nacional sanitaria por la pandemia por el Covid-19.

El caso de Pedro Montenegro fue descubierto el 17 de abril del año pasado por la Felcn. Hasta la fecha hay 36 personas investigadas y cuatro detenidos, entre ellos el exdirector de la Felcc, Gonzalo Medina, el excapitán Fernando Moreira, el mayor Kurt Brun Ríos y el arquitecto Mauricio Higa.

Según los informes de la Felcn, las acciones que se activarán son para dar por esclarecida una trama que se habría ejecutado en el Tribunal Supremo de Justicia, para supuestamente ocultar durante cuatro años la resolución suprema de extradición de Pedro Montenegro a Brasil, donde es sindicado por el delito de tráfico internacional de drogas y que de acuerdo con las indagaciones de las autoridades brasileñas, era el encargado de proveer cocaína para las organizaciones criminales de Brasil.

EL DEBER gestionó hasta el mediodía del martes una versión del presidente del TSJ, Olvis Égüez, pero el encargo de comunicación de esta entidad nos indicó que no podía atendernos porque estaba ocupado en reuniones internas.

Entre las diligencias la Felcn se registra que en la computadora del auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, Julio César Jiménez Limpias, se encontró la resolución suprema emitida en 2015. La Felcn y una comisión de fiscales antidrogas recibió la declaración de este funcionario judicial, que aseguró que dependía del entonces letrado del Tribunal Supremo, Darwin Vargas, actualmente vocal del Tribunal Departamental de Justicia.

En sus declaraciones a la Felcn, el investigado confirmó que Darwin Vargas y su esposa, Joyce Choquerive, viajaron a Sucre supuestamente con pasajes pagados por la esposa de Montenegro.

Por su parte el vocal Vargas señala que jamás tuvo nada que ver con Montenegro, a quien aseguró haber conocido en una feria de ropa americana en Montero. Además, afirmó que en Sucre vio al extraditado a Brasil pero en un instituto, durante un seminario de derecho. Sin embargo, los agentes de la Felcn descubrieron que no existía el instituto al que hacía referencia la autoridad judicial.

Pedidos de libertad

En el transcurso de la cuarentena por la emergencia sanitaria nacional, se han realizado más de 15 audiencias de pedidos de libertad solicitados por el excoronel Gonzalo Medina (preso en el penal de Choncocoro de La Paz), el excapitán Fernando Moreira y el mayor Kurt Brun Ríos, encarcelados en el penal de Palmasola; y el abogado Robin Justiniano, quien el 2 de julio obtuvo su libertad.


Abogados que postularon para ser magistrados del TSJ