Un equipo periodístico recorrió los municipios de Saipina, Comarapa, Mataral, Pampagrande,  Los Negros, Mairana y Samaipata y constató la irregularidad. Los empresarios están molestos

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8 de febrero de 2017, 5:00 AM
8 de febrero de 2017, 5:00 AM

Cientos de vehículos indocumentados o ‘chutos’ se pasean por las poblaciones de Saipina, Comarapa, Mataral, Pampagrande, Los Negros, Mairana y Samaipata sin que exista autoridad que pueda restringir su circulación.


Los rodados transitan frente a las narices de la Policía puesto que pasan por los retenes de cobro de peaje con pasajeros y carga, otros cargan combustible de manera normal o se pasean por la carretera troncal.


Así lo constató un equipo periodístico de EL DEBER en un recorrido efectuado por los valles orientales durante el fin de semana y en el que se observó la existencia de una masiva cantidad de vehículos indocumentados, principalmente autos, vagonetas y camionetas. 
Lo que destaca es que los motorizados de uso particular son utilizados como si fueran de uso público, inclusive están organizados en sindicatos de transportistas y otros realizan tareas relacionadas con las labores del campo.


En octubre de 2016, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, sostuvo reuniones con alcaldes de los valles orientales en las que se acordó una disminución de las ferias de venta de vehículos indocumentados en un plazo de un mes.


Sin embargo, han pasado más de tres meses y las cosas siguen prácticamente igual.
EL DEBER recorrió también la pasada semana  la zona fronteriza de Pisiga con Chile y se constató que el salar de Coipasa, además de una media docena de zonas rurales, son lugares por donde ingresa la mayor cantidad de vehículos indocumentados sin control.  
Los motorizados pasan por Oruro y se dirigen inclusive hasta Potosí y Cochabamba.

Aduana convocará a alcaldes
El gerente regional de la Aduana Santa Cruz, William Castillo, admitió la circulación de motorizados indocumentados en los valles e indicó que la presidenta de la ANB convocará nuevamente esta semana a los alcaldes de esos pueblos, incluyendo el de Vallegrande para analizar la situación. 


“Vamos a evaluar el tema, estamos recopilando los informes de Inteligencia. En función a los datos vamos a ver si los alcaldes asumieron sus compromisos”, afirmó.
A la observación del diario  EL DEBER de que los rodados ‘chutos’ siguen circulando por todos los valles, Castillo manifestó que los pobladores atemorizan a la Policía y a los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA). Pese a ello, anunció que realizarán algunos operativos, pero solamente en la carretera.
Admitió que es complicado hacer intervenciones en las capitales de cada municipio, pues no existen las garantías suficientes para ingresar en ellos con este fin.

Privados molestos
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, expresó su molestia con las autoridades nacionales por no hacer un trabajo efectivo en el tema de los autos ‘chutos’, pues el daño económico que sufre el país es millonario.


  “Estos vehículos entran por todos lados desde la frontera con Chile, sin un control eficiente, lo que denota una falta de decisión política que permita una verdadera lucha contra esta ilegalidad. Las mafias organizadas no sólo internan autos chutos sino todo tipo de mercaderías. Es inexplicable la falta de acción en la lucha contra esta ilegalidad y este delito.

Las voces que claman por una lucha frontal contra el contrabando son muchas y de diferentes sectores, respaldados con estudios claros y precisos que demuestran el daño que causan, pero hasta ahora no vemos acciones contundentes”, aseveró el líder empresarial.
  Agregó que las acciones de los encargados de fiscalizar tal situación son esporádicas y solo se realizan cuando el asunto se hace público. 


  Nostas enfatizó que existe complacencia de algunas autoridades ante este flagelo ilegal que afecta al Estado nacional, “de otra manera no se puede entender que no les dé la gana de hacer nada”. 


  Finalmente pidió al presidente Juan Evo Morales tomar acciones de una vez, pues él conoce el efecto negativo y destructivo que esta actividad ilegal causa al Estado.
Morales manifestó ayer en la localidad de Challapata (Oruro), que el contrabando hace mucho daño a la economía, de ahí que pidió la comprensión de los pobladores del lugar frente a las acciones que ejecuta el Gobierno