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Carlos Quinquiví, corresponsal


Pasan 60 días desde la primera denuncia hecha ante el INRA y ABT por el nuevo alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, sobre asentamientos humanos ilegales en la reserva forestal Bajo Paraguá, ubicada en dicho municipio; sin embargo, hasta la fecha las dos reparticiones estatales no activan el desalojo de campesinos afines al MAS, que han desmontado y chaqueado, con afectación a la flora y fauna en la región.

El alcalde ignaciano, Ruddy Dorado, dijo que hace 60 días hizo la denuncia correspondiente por escrito ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sobre los asentamientos ilegales en las áreas protegidas del Bajo Paraguá.

El director nacional del INRA, Eulogio Núñez Aramayo, en respuesta a la autoridad edil, indica que no se ha autorizado ningún asentamiento en esta área ubicada al norte de San Ignacio y que la ABT debe proceder al desalojo de quienes se hayan asentado ilegalmente.

“Con esta respuesta del INRA, una vez más estamos reiterando nuestro pedido mediante cartas a estas dos reparticiones que forman parte del actual gobierno, como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), para que realice el desalojo inmediato de las personas que están asentadas en esos predios", indicó el alcalde Dorado.

La autoridad indicó que a pocos días de asumir el cargo (el 3 de mayo) una comisión de técnicos de la municipalidad inspeccionó el área protegida Bajo Paraguá, declarada zona de reserva mediante ley municipal, y comprobaron que hay grandes cantidades de desmonte, brechas y precarias chozas construidas en un área de vocación forestal.

Por su lado, el Comité Cívico, al mando de Dino Franco, y toda la institucionalidad ignaciana se han declarado en emergencia por los permanentes avasallamientos en diferentes zonas del municipio, por campesinos interculturales afines al MAS.

La semana pasada hubo un enfrentamiento entre campesinos chiquitanos e interculturales, con el saldo de dos heridos con machete y físicamente, por sobre posición en las tierras de la comunidad Jerusalén III, ocupadas por nativos de la comunidad 16 de agosto. Campesinos del interior del país que ingresaron con el visto bueno del INRA fueron desalojados y se secuestró una maquinaria por parte de originarios chiquitanos en defensa de sus tierras que hacen más de 20 años han ocupado.


Fotos: Asentamientos en la reserva forestal Bajo Paraguá/Fotos: Carlos Quinquiví


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