Alcalde de San Ignacio recurrirá a la vía legal ante ocupación ilegal de tierras en el aeropuerto
Cientos de familias invadieron los terrenos del antiguo aeropuerto. Junto a Aasana, el municipio emprenderá las acciones pertinentes
Corresponsal en San Ignacio de Velasco/ Carlos Quinquiví
Fiscalía y comuna ignaciana inspeccionarán este 30 de junio la terminal aérea ocupada por cientos de familias que se asentaron desde enero de este año invadiendo los terrenos del antiguo aeropuerto, Juan Cochamanidis, que está en el centro de la ciudad.
El alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, manifestó en un mensaje vehemente que hará respetar la ley ante 'avasallamientos' de loteadores que han ocupado y repartido los predios de la antigua pista de aterrizaje de tierra. El compromiso fue asumido durante una reunión con el Comité Cívico y vecinos del municipio.
El Gobierno municipal se unirá a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) para emprender las acciones contra los ocupantes ilegales del aeropuerto. "Se hará lo que se tiene que hacer para que se cumpla el imperio de la ley", dijo la autoridad municipal.
“Para nadie es desconocido que en terrenos del aeropuerto hay casas, construcciones de gente que tiene plata y los que van a perder son los ricos. La gente humilde que está asentada alzará su carpa para irse a otro lado. Nuestra posición como gobierno municipal es que nunca estaremos de acuerdo con las irregularidades", sentenció Dorado.
A su vez, el presidente del Comité Cívico de San Ignacio, Dino Franco, celebró la actitud del alcalde para corregir la toma de estos predios. Franco aseguró que esa área se transformará en un espacio de equipamiento municipal.
La zona está diseñada para convertirse en un parque urbano que sea el pulmón de San Ignacio, un "paicódromo".
“El alcalde Dorado tendrá el respaldo de la población para que reubique en otros lados a la gente humilde y sencilla que está asentada en predios del aeropuerto y que demanda un pedazo de terreno para construir sus viviendas ante el déficit habitacional que tiene San Ignacio de Velasco”, corroboró el cívico.
Los vecinos asentados en terrenos del aeropuerto Juan Cochamanidis pidieron a las autoridades que les ayuden a encontrar un terreno estable donde asentarse.
Vuelos suspendidos
Desde finales de abril, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) suspendió los vuelos a San Ignacio de Velasco por el peligro que suponen las construcciones hechas por los ocupantes ilegales a ambos lados del eje central del aeropuerto. Los primeros asentamientos se realizaron en enero de este año y dichas familias ya se han instalado con construcciones.
En tanto que el nuevo aeropuerto internacional todavía no ha sido habilitado para los vuelos nacionales e internacionales. La inactividad en la terminal aérea retrasa el traslado de enfermos o heridos a la capital del departamento para garantizar una mejor atención sanitaria.
Siguen las ocupaciones ilegales
La preocupación por la toma indiscriminada de tierras continúa en la región chiquitana. Dorado denunció que se arrancaron las alambradas en el área verde, el Cañón El Riabé, que pretendía ser loteado. En otra comunidad, la 16 de Agosto, también han invadido terrenos. Los loteadores llegaron con cuatro maquinarias por lo que se sospecha que es gente con gran poder económico.
Según indicó el ganadero y expresidente cívico, Mario Hugo Castedo, en la zona de Santa Ana de Velasco, los ocupantes ilegales ingresaron con una maquinaria que fue secuestrada por los campesinos chiquitanos en defensa de sus tierras.
Mientras que el ex concejal Rony Roca denunció la ocupación de tierras fronterizas con Brasil por parte de empresarios de ese país. “No podemos permitir que los extranjeros se ubiquen dentro de los 50 kilómetros que separa el límite fronterizo entre Bolivia y Brasil porque está prohibido por ley, pero nadie hace nada”, dijo Roca.
El alcalde garantizó el respaldo de siete abogados para defender a la gente campesina y al pueblo ignaciano.
Dorado aseguró que se han planteado las denuncias correspondientes ante la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que tomen acciones de acuerdo a ley. Los ignacianos también están a la espera de la posición que asuma la Gobernación cruceña para subsanar estos problemas.
