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Los ocho alcaldes de la Región Metropolitana La Gran Santa Cruz se declaran en Estado de Emergencia por el recorte del Gobierno nacional al techo presupuestario de las alcaldías.

Angélica Sosa, de Santa Cruz de la Sierra; Jorge Morales, de La Guardia; Wilfredo Áñez, de Cotoca; Gerardo Paniagua, de El Torno; Juana Jesús, de Warnes; Sandra Muñoz, de Colpa Bélgica; Julio César Carrillo, de Porongo y Miguel Ángel Hurtado, de Montero se reunieron esta tarde en la capital cruceña y manifestaron su disconformidad con la decisión del Gobierno, que pretende reducir el presupuesto por coparticipación tributaria, por patentes forestales y por la nivelación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

No es correcto que los Gobiernos locales, a cargo de la infraestructura y el equipamiento de centros de salud y hospitales, que venimos cumpliendo una inversión anual, que demuestra el significativo destino de los recursos municipales a aumentar y mejorar los servicios a los vecinos, nos veamos perjudicados por el incumplimiento, año tras año, del Gobierno central”, expresó Angélica Sosa.

Desde el comienzo de la pandemia pusimos toda nuestra infraestructura y logística a las órdenes de la estrategia nacional y departamental de emergencia contra la pandemia, pero estamos solos, día a día, en las calles y en los hogares de los cruceños con las brigadas médicas contratadas con nuestros recursos, porque no tenemos respuesta del Gobierno central”, añadió la alcaldesa cruceña.

Según las cifras que maneja la Alcaldía, el Gobierno pretende reducir el presupuesto asignado a Santa Cruz en Bs 329 millones, por coparticipación tributaria; en Bs 51 millones, por patentes forestales; y en Bs 8 millones, por la nivelación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

De lo que ingresa por coparticipación tributaria, el 15,5% es destinado a salud. Este año llegó a Bs 185 millones, para 2021 sólo se asignará Bs 134 millones; esto significa un recorte de Bs 51 millones, equivalente al 28% menos.

La alcaldesa indicó que con la noticia de la disminución de los ingresos del IDH para el presupuesto de 2021, se estará recortando una suma similar a la que se utiliza para pagar los más de 1.300 contratos de salud, que anualmente eroga el municipio para el personal del primer y segundo nivel.

“Se trata del presente difícil del sector de la salud y de la atención a otras medidas, como el alcantarillado sanitario, la terminación de obras de drenaje, la conclusión de varios centros de salud y la adquisición de los insumos, que se requieren para paliar el Covid-19”, indicó Sosa.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, se comunicó con la autoridad y solicitó una reunión virtual para este martes, con el fin de escuchar a los alcaldes y tratar de resolver el tema.

Lo ideal es que los ministros cruceños bajen a su tierra camba. Pero vamos a volver demostrar nuestra voluntad y vamos a deliberar si viajaremos en respuesta de la necesidad de la gente”, aclaró la alcaldesa.

Sosa recordó que la disminución del techo presupuestario de Santa Cruz de la Sierra es de cerca de 500 millones de bolivianos. “De Bs 3.500 millones del POA municipal del año pasado hoy tenemos que cerrar con 2.200 millones, es decir, 1.300 millones menos. Y en la misma proporción estamos todos los municipios”, informó.

Por su parte, el alcalde La Guardia, Jorge ‘Chichino’ Morales, aclaró que, aunque la reunión es de los ochos alcaldes de La Gran Santa Cruz, el problema de fondo es de los 55 municipios del departamento.

“Tenemos competencias que nos han trasferido sin recursos, en medio de una pandemia feroz. Encima de todo, como dicen, sobre mojado, llovido, nos cae una lluvia que nos dejan todas las calles y accesos anegados, incluyendo la doble vía Santa Cruz - La Guardia. Y eso es con plata. No podemos solucionar los problemas de la gente así, no podemos hacer milagros, nos sentimos disminuidos económicamente”, expresó Morales. 

El alcalde señaló que el Gobierno está asumiendo competencias municipales al hacer obras en los municipios, cuando esos recursos deberían cubrir el déficit que han sufrido, con respecto a los recursos por IDH y coparticipación tributaria.